El gobernador Pedro Pierluisi tuvo la intención de activar a la Guardia Nacional de Puerto Rico para que se ocupara de descargar los productos que se encuentran paralizados en los muelles -a causa del tranque que hay entre la unión de trabajadores International Longshoremen’s Association (ILA local 1470) y la empresa Luis Ayala Colón, Sucrs Inc.- en cambio, el ayudante general José Reyes le indicó que este cuerpo militar no tiene personal adiestrado para manejar las maquinarias y contenedores.

“Me han pedido que active a la Guardia Nacional para que se ocupe de descargar los barcos y eso también lo evalué, pero ellos no tiene personal adiestrado para ocuparse de descargar esos barcos. Eso tampoco es una solución viable”, sostuvo el Primer Ejecutivo

El domingo el gobernador le solicitó por escrito al presidente de Estados Unidos Joe Biden que invoque las disposiciones de la Ley Taft-Hartley -la cual reconoce el derecho de los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente con su patrono sobre asuntos relativos al empleo- y evalúe la posibilidad de intervenir y solicitar un interdicto judicial. Se cursaron cartas también al Federal Mediation and Conciliation Service y al National Labor Relations Board.

La gestión del gobernador surge luego que el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera santiago, intentara lograr una tregua -al menos de 30 días- entre las partes en conflicto, lo que no ocurrió.

“Estoy impedido de ordenar el cese y veo que se está afectando la economía. El único con ese poder es el presidente de Estados Unidos que puede nombrar una junta de asesores y pedirle al Secretario de Justicia de Estados Unidos solicitar un interdicto para que cese el paro”, indicó Pierluisi.

El gobernador catalogó de “repudiable” el tranque entre las partes, al tiempo que exhortó a sus líderes a “pensar en Puerto Rico”.

“Es una intransigencia total que le causa un grave daño a Puerto Rico. Nuestra economía está sufriendo un grave daño como resultado del paro... esto ya comienza a afectar a la industria farmacéutica y las necesidades básicas del pueblo, tanto como la sal, el azúcar y la manteca, por mencionar tres”, dijo Pierluisi.

“Ambas partes, patrón y unión, son responsables de este paro porque hay una negociación y lo que tiene que acordar, mínimo, es que haya una tregua, pero ni eso llegan a acordar. Es realmente repudiable porque le están haciendo un daño a nuestro pueblo”, resintió.

Precisamente, hoy la Autoridad de Puertos radicó una demanda contra la ILA y contra la empresa Luis Ayala Colón por la paralización de vagones en los muelles, lo que ha afectado la cadena de distribución.

En la demanda se pretende reclamar las pérdidas que ha tenido el gobierno por dejar de cobrar los impuestos por la entrada de la mercancía a los muelles. Trascendió que el reclamo es de unos $400,000 de ingresos por medio del cobro de tarifas estatutarias y reglamentarias.

“Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que esto se resuelva. Pero vuelvo y digo, los que piensan que esto es tan sencillo como que el gobernador ordene a las partes que tienen que acordar algo ya, no conocen la ley”, manifestó Pierluisi.

Según El Nuevo Día, la Unión ha reiterado que el paro no responde a asuntos económicos, sino que se decretó para evitar que el patrono asigne tareas clericales a los supervisores, cuando esas funciones le corresponden a los unionados.

La controversia comenzó con la implementación de un sistema tecnológico que requiere que los operadores de montacargas entren unos datos en unas laptops, a lo que ellos se han negado, pues entienden que esa labor le corresponde a los “checkers”, quienes antes hacían esa labor, pero de manera manual. Ante la negativa, el patrono asignó la tarea a los supervisores, lo que la Unión también objetó.