A ocho años de haber incumplido con la revisión las guías de pensiones alimentarias, el Departamento de la Familia (DF) aseguró que completará el trámite antes de que termine el 2022.

Las fallas salieron a relucir ayer en una vista pública ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, en la que se indicó que no se han revisado las guías de pensiones alimentarias desde el 2014, a pesar de que se supone que lleve a cabo ese proceso cada cuatro años.

La administradora de la Administración para el Sustento de Menores (Asume), Terilyn Sastre Fuente, aseguró a Primera Hora que esa revisión ya está en curso y se completará este año.

La vista fue parte del proceso legislativo en torno al Proyecto de la Cámara 1153, que busca enmendar la ley conocida como Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores (Asume), para establecer que la pensión alimentaria que se imponga no sea mayor del 40% del ingreso neto del alimentante.

En su ponencia, el Departamento de la Familia achacó el incumplimiento en la revisión de las guías de pensiones a “los efectos adversos que hemos sufrido tras el paso del huracán María, los terremotos y la pandemia del COVID-19″, eventos que tuvieron lugar en 2017 y 2020 y la falla se arrastra desde el 2014. El primer término vencido corresponde a la administración del exgobernador Alejandro García Padilla; mientras que para el 2018 la responsabilidad cayó bajo el mandato de Ricardo Rosselló.

Sastre, en entrevista con este medio, explicó que llegó a la posición el 2 de junio de 2021 y encontró un borrador de revisión de las guías de pensiones “que no estaba aprobado”, y que no se ajustaba a la realidad económica, con todos los cambios que ha dejado la pandemia del COVID-19.

“Ese borrador ya tenía varios años. Desconozco la razón por la cual no se había aprobado. Se supone que las guías de pensión se revisen cada cuatro años, y desde el 2014 no se revisaban. Se hizo ese estudio, pero el borrador de las guías nuevas no lo habían firmado, no lo habían aprobado”, comentó, agregando que “lo que pasó antes no es responsabilidad de la secretaria (de Familia, Carmen Ana González Magaz) o esta servidora”.

¿Qué pasó con las guías?

La administradora de Asume explicó que existe, por mandato de ley, un comité permanente para revisión de las guías mandatorias, que está compuesto por el administrador de Asume, el director de la Oficina de Administración de los Tribunales, el administrador auxiliar encargado del área de procuradores auxiliares de Asume, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas o su representante, un juez de relaciones de Familia, un juez administrativo de Asume, un examinador de pensiones alimentarias, un especialista de pensiones alimentarias de Asume, una persona custodia de la comunidad, una persona no custodia de la comunidad y un procurador de relaciones de familia del Departamento de Justicia.

Agregó que esa revisión, además, conlleva un estudio de campo para el que se contrata a una compañía debidamente cualificada.

“Yo llego en junio de 2021, durante la pandemia, y la realidad socioeconómica de antes de la pandemia a después o durante la pandemia, es una totalmente diferente. Por lo tanto, le hablé a mi equipo de trabajo y le dije que me gustaría reunir el comité (que revisa las guías). Y decidimos que lo mejor era realizar nuevamente el estudio de campo”, afirmó, agregando que para el estudio de campo se contrató a la compañía Estudios Técnicos.

“La verdad es que ese documento no contemplaba la realidad económica de Puerto Rico. Yo no había sido miembro de ese comité. Mi posición, responsablemente, era que no iba a firmar ese documento así. Había que volverlo a revisar. Eso es una realidad. La pandemia nos trastocó económicamente y emocionalmente a todos”, aseveró.

Así las cosas, convocaron el comité, y a mediados de septiembre pasado contrataron a la compañía Estudios Técnicos para el estudio de campo, que se está llevando a cabo actualmente, e incluye “encuestas; censos; entrevistas; evaluaciones de expedientes tanto de casos en el tribunal como casos en Asume; consultas con grupos de interés; análisis de contexto económico y social; análisis de fuentes secundarias; encuestas para de determinar relación entre ingresos, costo de crianza y habilidad de pago; análisis de necesidades básicas de subsistencia; recomendaciones finales; entre otros asuntos, con una muestra de 1,000 hogares o más”.

Agregó que para todo ese proceso del estudio de campo hay unas fechas definidas, pero “la pandemia no nos ha ayudado” y ha provocado algunos atrasos.

Detalló que el 16 de noviembre pasado, ya Estudios Técnicos presentó la primera fase del estudio de campo, que es la realidad socioeconómica del país. Añadió que actualmente, según indicaron en una reciente reunión, “se encuentran entrevistando a los especialistas de pensiones alimentarias que trabajan con Asume”. Se espera que entreguen la segunda fase para junio próximo, aunque Sastre indicó que “no puedo dar una fecha exacta, porque hemos tenido unas dificultades en el proceso. Ellos (Estudios Técnicos) nos expusieron que están un poco atrasados por el hecho de que con (la variante) Ómicron agudizó la falta de empleados. Y aquí se encuesta a más de 1,000 personas”.

Acotó, sin embargo, que la compañía Estudios Técnicos, como le ha ocurrido a muchas otras empresas, ha tenido dificultades para contratar empleados, tales como los encuestadores.

“Nosotros estamos trabajando con este asunto desde que entramos, pues tenemos conocimiento que las guías son un documento bien importante, la columna vertebral de nuestra agencia”, afirmó Sastre, agregando que “estoy casi segura que para este año ya tendremos las nuevas guías”.

En cuanto al proyecto cameral, Sastre comentó “sí se expuso nuestra ponencia, pero no nos invitaron a la vista pública. La verdad que esa vista fue hoy, pero no nos invitaron”.

“Nosotros en el Departamento de la Familia y la Administración para el Sustento de Menores, que es Asume, estamos dispuestos a trabajar para buscar soluciones. Es la realidad, la ciudadanía tiene muchos problemas. Por eso estamos trabajando con la revisión de las guías, pero para que sea algo real, unas guías que se puedan cumplir”, afirmó.

Comentó que, aunque pueda tener un propósito noble, “el proyecto del legislador no está fundamentado en un estudio económico y actuarial que demuestre las diferentes escalas de ingresos en Puerto Rico; no toma en consideración la capacidad económica, o sea que hay padres alimentantes que pueden aceptar la capacidad económica y no tienen que ir a descubrimiento de prueba sobre su capacidad económica”.

Aclaró que, según las guías actuales se le protege al progenitor alimentante una reserva de $615 mensuales. El proyecto de ley cambiaría para establecer que la pensión que se imponga al alimentante “no sea mayor al 40% del ingreso neto del alimentante”, según lee una comunicación emitida por el representante Orlando Aponte, presidente de la Comisión de lo Jurídico en la Cámara.

Sastre agregó que el proyecto de ley tampoco establece si ese máximo de 40% del ingreso neto “es por uno o por dos menores, o por cuántos menores”, y resaltó que cada caso debería verse de manera individual, con sus particularidades, estilo de vida, propiedades, capacidad de generar ingresos, para poder establecer la capacidad de pago y necesidades de la persona, padre o madre, no custodia.

La administradora de Asume expresó que preferirían que la medida legislativa al menos esperara a que se completara el estudio de campo comisionado a Estudios Técnicos, para poder tener un panorama más claro de cuáles serían los cambios recomendados a las guías de pensiones.

“Y hay que tener en cuenta siempre que nuestra misión es para el beneficio de los menores”, insistió Sastre. “Que sean padres y madres responsables de las necesidades de sus hijos. Ese es nuestro norte”.

En la vista…

Mientras, según trascendió en la vista pública, la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, a través de su directora ejecutiva, la licenciada Hadassa Santini Colberg, expresó objeciones a que se limite la pensión alimentaria a un máximo de 40% del ingreso del alimentante, “sin tomar en consideración elementos que el Tribunal Supremo ha expresado que son fundamentales, como lo son el estilo de vida que lleva el alimentante, su capacidad para generar ingresos, la naturaleza y cantidad de propiedades con que cuenta, la naturaleza de su empleo o profesión y otras fuentes de ingreso”.

De igual forma, la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, licenciada Daisy Calcaño López, sostuvo que el porciento de la pensión alimentaria “no puede ser establecido de forma fija para que no exceda el 40%, pues no considera que en algunas circunstancias dicho porcentaje puede exceder la reserva de los $615 como por ejemplo sucedería para un jefe de familia que gana el mínimo”. Agregó que el proyecto debería tener un lenguaje “más preciso para promover un balance adecuado que atienda el interés óptimo del menor sin menoscabar los derechos constitucionales del progenitor alimentante”.

Por otro lado, el Movimiento Creando Conciencias subrayó que las tablas no se revisan desde el 2014, y presentó 28 sugerencias a la Comisión de lo Jurídico para que fueran evaluadas.

Asimismo, el ciudadano Marvin Mateo Martínez, padre alimentante de dos menores, defendió la medida, alegando que “sería un alivio para los padres que estamos pagando una pensión máxima de acuerdo a los ingresos, por lo que, luego de cumplir, apenas nos da para cubrir los gastos básicos para vivir”.

Mientras, el representante Aponte criticó “la ineficiencia” del DF y Asume al no cumplir con sus obligaciones de revisar las tablas de pensiones cada cuatro años, y aseguró que continuaría “un proceso amplio de discusión” sobre el tema, para “procurar justicia para todas las partes”.