La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) mostró este lunes “respaldo total y absoluto” hacia la oposición del comunicador Alex Delgado de no revelar la identidad de la fuente que le suministró un documento del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) que luego divulgó mientras trabajó como vicepresidente de noticias de WAPA-TV y mostró preocupación sobre el efecto que tendría una orden judicial que exigiera esta revelación.

Tanto el presentador de Jugando Pelota Dura, como la reportera Yesenia Torres Figueroa, quien fungía entonces en la unidad de Noticentro Investiga, figuran como codemandados en un recurso de difamación radicado por el fiscal Idelfonso Torres por un reportaje publicado en el 2018 que investiga a empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que, presuntamente, recibieron dinero a cambio de unas certificaciones para restablecer el servicio energético a abonados afectados por el paso del huracán María.

Según el documento oficial al que el noticiario tuvo acceso, el licenciado Torres, a quien originalmente se le delegó la pesquisa, quedó relevado de la misma luego de que se diera a conocer que también había pagado por la certificación que otorgaban estos empleados de la corporación pública.

“La confidencialidad de las fuentes de un periodista es la piedra angular de la libertad de expresión y la libertad de prensa, además que en este caso en particular, que citen y se dé a conocer la fuente, no tiene que ver absolutamente nada, me parece totamente innecesario”, sostuvo ayer Damaris Suárez, presidenta de la Asppro, en Jugando Pelota Dura.

Suárez adelantó que la organización evalúa unirse como amigo de la corte en la demanda civil.

“Esto va más allá de este caso, va más allá de la figura de Alex, que estamos en total solidaridad con él”, agregó. “Esto es, simplemente, un asunto que, en medio de un momento de tanta corrupción en Puerto Rico, decirle a la gente que no recurra a dar información de lo que está viendo mal en una agencia o corporación, o decirle al periodista que no puede publicar aún cuando tenga un documento oficial, va en contra de la transparencia”.

Como parte del descubrimiento de prueba, el abogado del demandante, Pablo Colón Santiago, ha insistido que Delgado revele la identidad de quien divulgó el documento en cuestión, lo que fue ordenado mediante resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce y refrendado por el Tribunal de Apelaciones, por lo que el reportero presentó un certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El nombre de Colón Santiago se produjo el pasado miércoles luego de revelar cómo el juez asociado de la curia y amigo, Erick Kolthoff Caraballo, llevó a cabo una ceremonia privada para juramentar como abogada a su hija, Adriana Sofía Colón Burgos, quien pasó la reválida en septiembre del año pasado. Usualmente, el alto foro realiza en febrero la ceremonia de juramentación para los aspirantes aprobados.

Dicha resolución de la corte superior establecía que el documento es confidencial por ser parte del sumario fiscal del Departamento de Justicia y que, por ello, la doctrina del reporte justo y verdadero no aplica.

“Sí, el Tribunal Supremo tiene ante sí un gran reto. De ratificar la orden de revelar una fuente periodística, estaría enviando un mensaje que desalienta a los ciudadanos y ciudadanas a denunciar posibles actos de corrupción por temor a represalias y sanciones, ya que nada les asegura que su identidad estará protegida”, sostuvo Suárez en un comunicado de prensa que se publico en la mañana. “La intención no es solo paralizar los posibles confidentes, también a los periodistas para evitar que se publiquen historias aún teniendo los documentos oficiales”.

“Ese chilling effect va en detrimento con la democracia, una buena gobernanza y una fiscalización que promueva la rendición de cuentas”, destacó.

Para el gremio, la duración o extensión de una investigación puede ser influenciada por la intención de mantener a escondidas del pueblo algo que debe saber, y habiendo un precedente de que un periodista fue obligado a revelar una fuente, que luego fue castigada con represalias, nadie se atrevería a llevar a la prensa actos de corrupción.

“El que los tribunales hayan determinado que ese documento es confidencial por ser parte del sumario fiscal y por lo tanto no se podía publicar, promueve que quien no quiera que se sepa algo solo tendrá que sentarse en la investigación. Con no concluirla basta”, sostuvo la comunicadora.

En el balance de las historias publicadas, la Asppro entiende que los colegas codemandados reportaron justa y adecuadamente la información basada en lo que decía el documento y ofreciendo al imputado cuatro oportunidades de dar su versión.

Incluso, la organización expresó que los comunicadores culminan el caso dando seguimiento y publicando que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) cerró la investigación por determinar que el pago del fiscal Torres a los empleados de la AEE fue por unas reparaciones y no por reconexión del servicio eléctrico luego del huracán María.

“Voy a desacatar la orden si se me ordenara”

Por su parte, Delgado reafirmó que entraría en desacato si el Tribunal Supremo ordenara revelar la fuente, “porque no puedo cumplir con la misma”.

“Yo hice un compromiso de confidencialidad de esta persona que no puedo romper y, lamentablemente, si a mí se me ordenara revelar la fuente, estoy en posición de desacatar la orden del tribunal y asumir las consecuencias que sean determinadas”, indicó el comunicador.

A preguntas del panel del programa donde labora, Delgado también enfatizó que dar a conocer la identidad de quien le entregó el documento tendría consecuencias graves para el gremio periodístico.

“Si yo revelo la fuente... no solamente (es) quién va a confiar en mí prospectivamente, quién va a confiar en todos ustedes, quién va a confiar en los periodistas puertorriqueños cuando tienen, quizás, las personas que no cumplen con la ley, una herramienta tan poderosa como una sentencia judicial para intimidar a empleados públicos o cualquier otra persona a que si revelas una fuente, van a ser identificados, van a obligar al periodista y se van a tomar represalias”, expresó.

Por otro lado, defendió la legalidad de divulgar el documento del NIE y sostuvo que, en más de una ocasión, solicitó entrevista con el fiscal Torres para aclarar el contenido del mismo.

“La autenticidad de ese documento es reconocida por los propios demandantes, tenía logo, tenía firma. El contenido de ese documento, no lo produjimos nosotros, lo produjo el Negociado de Investigaciones Especiales”, indicó.