Ricardo Rosselló Nevares asestó una estocada al país en su última función oficial como Gobernador cuando convirtió en ley dos proyectos rechazados de forma enérgica e insistente por el gremio periodístico, denunció la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro).

En las últimas horas de su gobernación, Rosselló Nevares firmó las leyes 122 y 141, correspondientes a dos proyectos (PC-1095 y PS-236) que, a juicio de la organización y contrario a sus títulos, atentan contra la transparencia y el acceso a la información pública al que tiene derecho toda la ciudadanía y la prensa. Estas leyes pasaron por el proceso legislativo sin vistas públicas y se aprobaron en contra de las recomendaciones de periodistas y entidades dedicadas a los temas de transparencia y acceso a la información, como la Asppro, el Overseas Press Club (OPC), el Centro de Periodismo Puertorriqueño (CPI) y la entidad no-gubernamental Espacios Abiertos.

De hecho, el gobernador Pedro Pierluisi informó hoy que se propone evuluar ambas leyes cuando se reúna con los gremios de prensa.

“Es una vergüenza para Puerto Rico que su Gobierno vaya en contra de las tendencias mundiales y las mejores prácticas de transparencia. Ambas leyes constituyen un retroceso en los avances de años para dar mayor transparencia a la gestión pública y facilitar el acceso a información”, manifestó la presidenta de la Asppro, Damaris Suárez, en un parte de prensa. 

“El pasado gobernador Ricardo Rosselló incumplió su palabra de principios del cuatrienio cuando dijo que vetaría el proyecto si no era de real transparencia. Su compromiso fue que si se enmendaba para hacerlo más restrictivo y contraproducente lo vetaría”, declaró Suárez, al recordar que reiteró dicho compromiso en su última conferencia de prensa.

En los últimos días de Rosselló Nevares como gobernador la Asppro y el OPC insistieron en su oposición y volvieron a solicitar el veto de los proyectos antes de abandonar el cargo el pasado 2 de agosto.

En momentos tan delicados como los vividos en Puerto Rico, tras tantos escándalos de corrupción gubernamental, y en medio de la terminación abrupta de un mandatario por el poder del pueblo, la acción de los legisladores y la posterior la firma de estas leyes queda bajo un manto de sospecha, opinó Suárez. 

Ante el nuevo dilema que representan estas leyes, Suárez dijo que “la Asppro evalúa las implicaciones con el asesoramiento de abogados y cumplirá su deber de orientación al público y educación a los periodistas para ayudarlos a enfrentar los problemas que anticipamos ocurrirán”.

Trasfondo e impacto

El Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció rango de derecho constitucional al acceso a la información pública en 1982.

Ambas leyes, en conjunto, crean un periodo automático de 10 días laborables de espera para solicitar información al Gobierno, término que podría aumentar a 25 días, antes de que ciudadanos (incluyendo periodistas) tengan acceso a lo solicitado.

No permite las solicitudes verbales y la entrega inmediata de la información aún si la misma es de fácil acceso en la agencia. Las enmiendas introducidas en el proceso legislativo limitaron intencionalmente los mecanismos que utilizan los periodistas y los medios noticiosos para solicitar información.

La Asppro había expresado preocupación por la falta de excepciones claras y justificadas al acceso, lo cual invita a que los funcionarios inventen excusas para negar el acceso.

La nueva Ley de Datos Abiertos contiene 12 excepciones para la divulgación de información, más que las de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA en inglés). En otras palabras, es más restrictiva que la ley federal. Además, deja un amplio espacio a los funcionarios de las tres ramas de Gobierno para crear sus propias reglas de acceso a la información.

Ahora, los ciudadanos y periodistas tendrán que recurrir exclusivamente al Tribunal de Primera Instancia de San Juan si quieren buscar un remedio judicial cuando les denieguen o ignoren su pedido de información. Esto tendrá un impacto oneroso para, por ejemplo, periodistas individuales, organizaciones comunitarias, ciudadanos fuera del área metropolitana y cualquier medios noticiosos o entidad con limitados recursos.

Las enmiendas introducidas por las cámaras legislativas eliminaron el lenguaje original que imponía una multa contra funcionarios que obstruyeran el acceso.

Estas leyes tendrán impacto sobre aspectos fundamentales de la divulgación de la gestión del Gobierno, como ha sido en el pasado en los casos de las cifras los muertos por el huracán María, los planes de emergencia, y las comunicaciones del Gobierno con la Junta de Supervisión y Administración Fiscal (JSAF), por mencionar algunos ejemplos reales.