La presidenta de la Asociación de Comedores Escolares de Puerto Rico, Nelly Ayala León favoreció hoy la apertura limitada de los comedores escolares con comidas por entrega para los niños, pero no para la ciudadanía en general.

También reclamó que se fiscalicen las 350 mil libras de alimentos de los comedores que por motivo del cierre del gobierno y la cuarentena el Departamento de Educación donó a organizaciones sin fines que sirven a personas con necesidades.

La líder sindical dijo también que, si el gobierno decide abrir los comedores escolares, tiene que proveerles a las empleadas y empleados todo el equipo de limpieza y protección contra el COVID-19.

“Quiero aclarar que ni nosotros la unión, ni los empleados estamos negándonos a las recomendaciones del Departamento de Salud y a la decisión que tome el gobierno”, indicó Ayala León, en declaraciones a Primera Hora.

Detalló que los comedores escolares sirven a niños de entre las edades de 1 a 18 años a través de la Autoridad Escolar de Alimentos, basándose en el estatuto federal Food Nutrition Service.

Dijo que las circunstancias de la emergencia y cuarentena por el coronavirus “son distintas” a las condiciones que había en la Isla tras el embate del huracán María en 2017. “María dejó mucha gente sin luz, agua y sin techo. Aquí están imperando razones políticas y de grandes intereses que están pulseando para que se abran los comedores”, indicó sin mencionar nombres y dijo que se trata de “industrias que se benefician de que los comedores abran”.

“Yo no le estoy haciendo campaña a nadie, quiero que la gente entienda que los empleados de comedores siempre le han servido bien al País y en la orden ejecutiva de esta emergencia no nos tienen como servicios esenciales”, sostuvo la sindicalista.

Relató que tras el paso del huracán en 2017, la entonces primera dama, Beatriz Rosselló incorporó el servicio de comidas denominado Stop and Go “para todo el mundo”, pero dijo que el panorama ahora es distinto, “ahora hay un problema de salud y seguridad”. Indicó también que “a nivel del gobierno, Stop and Go, lo pagaba FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y al día de hoy tenemos empleados que trabajaron en este programa y no les han pagado”.

Aunque reconoció que en Puerto Rico también ahora hay gente pasando hambre, dijo que las organizaciones sin fines de lucro “están para ayudar a los adultos mayores, a las égidas, a las personas sin techo y a la ciudadanía en general”.

“Las sin fines de lucro cogieron la comida y nadie ha fiscalizado”, dijo en referencia a los alimentos que los Comedores Escolares no podían utilizar por el cierre del gobierno en la cuarentena y que les cedieron a diversas organizaciones cívicas y culturales en el País .

“No estoy quitando que hay un nivel de pobreza en Puerto Rico que con el huracán María se agrandó, con los terremotos se agravó y también ahora con la pandemia hay gente desempleada pasando necesidad, pero algunos no eran participantes de ese grupo, se puede abrir, pero para los niños", sostuvo.

Argumentó que “los empleados de Comedores están también dentro del nivel de pobreza que se menciona y no cualifican para cupones con $1,200 que se ganan, muchos con hijos, algunas madres solteras jefas de familia con todos los gastos que conlleva la vida”. Agregó que estos empleados devengan el salario mínimo de $7.25 la hora.

“Si se determinara que se abran los comedores debe ser solo para los niños de las comunidades donde está, pero no para la ciudadanía en general porque a las sin fines de lucro se le donaron los alimentos de los comedores escolares durante el periodo de cierre. Abrir para todo el mundo sería peligroso y si se decide abrir hay que darle protección a los empleados, hay que hacerles pruebas del COVID-19, darles mascarillas, guantes, jabón anti bacterial, hand sanitizer y todo lo necesario para la higiene”, subrayó Ayala.

Recordó que la mayoría de los empleados de los comedores (90%) son mujeres y alrededor de un 60% son mayores de 50 años.

Ayala subrayó que la decisión de mantener los comedores cerrados es del gobierno. “Nosotros levantamos bandera en términos de la seguridad ya que la mayoría de nuestros empleados son mayores de 50 años y algunos con su salud comprometida”, indicó la líder del gremio y agregó que a tales efectos cursó una carta a la gobernadora Wanda Vázquez, luego que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y sectores políticos pidieran la apertura de los comedores.