La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico cuestionó la efectividad del plan anticrimen del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), al alcanzar este fin de semana los 100 asesinatos.

El organismo del Partido Popular Democrático propuso reinsertarse como parte de la solución.

Las estadísticas, que incluyen una masacre ocurrida el 20 de febrero en el residencial Jardines de Cataño, en la que pereció un niño, representan 13 casos menos que los reportados durante este período el año pasado No obstante, las áreas policíacas que reflejan alzas en la incidencia de crímenes son Fajardo (+5); Ponce (+3); Humacao y Caguas con dos casos más y Utuado (+1). En el 43% de los casos el motivo del crimen ha sido vinculado con el trasiego de drogas sean víctimas directas o colaterales.

Según el alcalde de Villalba y presidente de la entidad, Luis Javier Hernández Ortiz, ha observado que en los sectores en los que han ocurrido incidentes de violencia como Caguas, Mayagüez y Cataño, entre otros, se mueve un contingente de agentes, que luego se retira sin que se implemente un plan integral de servicios para esas comunidades.

El gobierno ha insistido en que los elementos principales del Plan Integral de Seguridad están guiados por el modelo de identificación, análisis, respuesta y evaluación (SARA, en inglés), que es una estrategia implementada por el NPPR que persigue identificar los problemas particulares que afectan a cada comunidad y buscar soluciones sostenibles que permitan prevenir y atender los orígenes de la criminalidad en cada zona.

“El alza en el crimen está en todo Puerto Rico y no solamente en las zonas metropolitanas. En las últimas semanas, ha habido un incremento en los incidentes violentos que cobran vidas y no sólo los que están involucrados en la actividad delictiva, sino que alcanza a inocentes. Lo que estamos viendo al momento es que el gobierno estatal ha sido mover recursos a la zona donde se registran los incidentes, pero luego se retiran sin que se vea un plan integral para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, señaló Hernández Ortiz, en un comunicado de prensa.

El ejecutivo municipal basó sus conclusiones en su percepción de que “cada día son más frecuentes las balaceras a plena luz del día, asesinatos, asaltos, robos y los ‘carjackings’. Los alcaldes no podemos asumir la responsabilidad que le corresponde al gobierno estatal que es garantizar la seguridad de los ciudadanos, el esclarecimiento de casos y la implantación de medidas para la prevención de los delitos. Por supuesto que podemos cooperar, pero nuestro llamado al Gobernador es a la acción planificada y estratégica”.

Primera Hora requirió una reacción por parte de funcionarios de NPPR, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.

Por su parte, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, propuso la eliminación del Departamento de Seguridad Pública (DSP) porque entiende que no ha cumplido con la meta de combatir la incidencia criminal.

“Desde mi punto de vista, basado en las experiencias que he tenido y en conversaciones con expertos en el tema, es imperativo eliminar la llamada sombrilla que consiste el DSP, porque esa estructura lo que ha generado es una lucha de poder, cuando la meta es combatir el crimen. Mi firme recomendación es que se conceda amplia autonomía a la Superintendencia de la Policía”, puntualizó Maldonado González.

El alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry, señaló que espera que el DSP comparta con mayor detalle y frecuencia sus planes para manejar el problema del crimen.

“Nosotros los alcaldes estamos constantemente en las comunidades y tenemos información de primera mano que generan nuestros policías municipales. Desde mi punto de vista se requiere de acción adicional a lo que se está haciendo ahora. Reitero que todos los alcaldes, sin excepción, estamos disponibles a ser parte de la solución. La coordinación interagencial es clave en este proceso”.

Finalmente, la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler Rosario, opinó que “el Negociado de la Policía y el gobierno deben hacer un esfuerzo para atraer nuevos policías y mantener los que son parte de esa fuerza. De igual forma se necesita un plan interagencial que incluya otras agencias con el fin de presentar alternativas de educación y prevención para atender el aumento en la criminalidad”.

Hernández Ortiz, subrayó que se debería dar paso al Proyecto de la Cámara 1618, propuesto por los representantes Orlando Aponte Rosario y Juan José Santiago Nieves, para establecer el Fondo para cubrir los servicios de seguridad pública en los Municipios y enmendaría la Ley 20-2017 del DSP, a los fines de identificar recursos para aportar al aumento del salario de los policías municipales y otros aumentos al salario base, que actualmente promedia $1,400 mensuales.

“En menos de 10 años, la policía estatal se ha reducido en más de un 50% y son los cuerpos de la Policía Municipal los llamados a responder, a pesar de que cuentan con recursos bien limitados”, señaló.