El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz propuso hoy, como parte de las medidas para atajar el COVID-19, convertir a los municipios en proveedores del Departamento de Salud (DS) mediante las Oficinas de Rastreo Municipal y desarrollar un sistema de asesoramiento desde el gremio para maximizar el uso de fondos federales en los gobiernos municipales.

“Nosotros tenemos un plan a nivel de matrícula para enfrentar la pandemia, también está pendiente el Proyecto 936, del representante Juan José Santiago Nieves, bajo la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización, que busca crear la Oficina Municipal de Salud Pública y Epidemiología. Ante este tema, es importante el insumo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el desarrollo de propuestas a través de Fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés)”, dijo Hernández Ortiz, en una conferencia de prensa en la que presentó el plan de trabajo para 2022 de la Asociación de Alcaldes, gremio que aglutina a los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD).

El también alcalde de Villalba indicó que los Municipios continuarán con la administración de vacunas y pruebas de cerniciento de COVID-19, esto sumado a las labores de educación en los centros fijos. Agregó que también tienen pendiente una reunión con el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, antes del inicio de clases.

Sobre el retorno de los estudiantes a los salones de clases, el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina dijo que han sostenido reuniones con los grupos magisteriales. Indicó además, que le solicitaron una reunión urgente al nominado secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés para que se tomen en consideración las realidades sociales de cada municipio en el reinicio de las clases presenciales o virtuales. “Hay escuelas que están preparadas y otras que no están aptas para comenzar. La prioridad es mantener un grado de seguridad salubrista efectivo para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal escolar”, sostuvo el Alcalde popular.

Sobre el tema de la reconstrucción y de los trabajos con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), Cruz Molina reiteró que los fondos de mitigación no están siendo accesibles para los Municipios. “Durante este año estaremos colaborando con los Municipios para que tengan todos sus documentos al día y que en el caso de los rondos rotativos, que el margen prestatario de los Municipios no se vea afectado. Sobre el cumplimiento con los fondos de Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés), nos preocupa si se está haciendo un trato justo. Con este tema en particular vamos a proveer información adicional en las próximas semanas”, indicó el alcalde de Vega Baja.

En el área económica y fiscal, el Alcalde de Villalba dijo que el Comité de Estabilidad Fiscal, que preside la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla ha presentado varias estrategias a los presidentes de la Asamblea Legislativa. “Entre los temas más importantes sobre la estabilidad fiscal se encuentran las alternativas para enfrentar los retos económicos de Puerto Rico, enmendando el plan fiscal y manteniendo el Fondo de Equiparación, que es un mecanismo para ofrecer servicios a los ciudadanos. También se tomó la autonomía contributiva como herramienta para la generación de nuevas fuentes de ingreso, que requieran atención y acción legislativa, así como la descentralización y creación de consorcios”, añadió el Presidente de la Asociación de Alcaldes.

Como parte de las estrategias anti corrupción, mencionó que presentarán a la Legislatura unas enmiendas al Código Municipal vigente, a los fines de darle más transparencia en los procesos.

En el energético, Hernández Ortiz señaló que la Asociación de Alcaldes ha continuado el diálogo con directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica para trabajar proyectos en beneficio de la ciudadanía, como lo es el Consorcio Energético de la Montaña. “Otro de los temas que tiene gran repercusión en el País entero es el manejo de desperdicios sólidos y reciclaje. Todos conocemos que Puerto Rico atraviesa una crisis de la basura que la política pública vigente no atiende a cabalidad. La cantidad de residuos generados año tras año es solo parte del problema. Otro factor es la baja tasa de desvío, es decir, el porcentaje de materiales reutilizado, reciclado o compostado”, indicó.

El alcalde señaló por ejemplo, que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) reportó una tasa de desvío para el 2018 de 49.8%, donde el 32.1% corresponde solo a reciclaje y compostaje. En comparación, Puerto Rico desvía menos del 10%, lo cual significa que más del 90% de los residuos sólidos generados cada día terminan en un vertedero. “Esto es un problema serio que queremos resolver, y lo podemos hacer de varias maneras. Me he enfocado en la capital federal y en la EPA donde he encontrado aliados para encontrar soluciones locales para el persistente problema de qué hacer con la basura en Puerto Rico. Nuestro norte en el tema de desperdicios sólidos no es solamente limpiar el Municipio y hacer mejor planificación y administración de los vertederos, sino hacer algo inteligente, beneficioso y lucrativo con la basura: convertirla en el eje de lo que se denomina economía circular”.

Como presidente de la Asociación, veo el reciclaje como el futuro de Puerto Rico y una opción real que genere ingresos para todos los que se interesan por proteger el ambiente al igual que todo el que generan recursos económicos”, dijo para agregar que los municipios serán parte de la “Estrategia Nacional de Reciclaje”, de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés).

Sobre el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el alcalde de Comerío, Josean Santiago expresó que “hay que analizar la legislación el Proyecto de la Cámara 827 que busca simplificar y actualizar los procesos relacionados a la valorización de las propiedades incorporando el valor en el mercado para que se utilice en el proceso de tasación de las propiedades en Puerto Rico.