La Administración de Seguros de Salud (ASES) rechazó hoy una pieza legislativa (Proyecto del Senado 2) que busca que la agencia se convierta en el pagador único directo de los servicios médicos provistos en los hospitales públicos a los beneficiarios del Plan Vital.

Mientras tanto, la Administración de Servicios Médicos (ASEM), que administra el Centro Médico al igual que el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, clamaron por tarifas justas a ser pagadas por las aseguradoras.

“En Puerto Rico no existe un derecho constitucional a la salud. La Asamblea Constituyente lo propuso, pero el Congreso federal al aprobar nuestra Constitución en 1952, lo eliminó de la Constitución”, estableció el director ejecutivo de ASEM, Jorge E. Matta González en una ponencia a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que evalúa en vistas públicas la medida legislativa. Matta Gonzalez estuvo representado en la vista de hoy por Michelle Agostini, directora legal de ASEM y el director de recursos fiscales, Paul Barreras, quien leyó la ponencia.

Matta González sostuvo que aunque en Puerto Rico no existe un derecho constitucional a la salud, sí existe, de facto. “El hecho de que todos sabemos que en el Centro Médico todo paciente va a ser atendido y tratado es una ventaja para el pueblo y un beneficio para los más indigentes. Pero, en términos económicos, el único que se beneficia del servicio que ofrecemos son los planes médicos que no pagan tarifas justas por los servicios que ofrecemos en nuestros hospitales públicos tomando ventaja de que en Centro Médico no le vamos a negar el servicio a ningún paciente que lo requiera, independiente de cuán costoso pueda ser dicho servicio y tratamiento”, indicó el abogado.

“Allí nos llegan todos los casos complejos y por ende los más caros de tratar. Los planes médicos saben que paguen lo que paguen, siempre vamos a tratar a sus pacientes y nunca vamos a negar el servicio y tratamiento a sus pacientes, pacientes por los que ellos reciben el pago de una prima que administran con fines de lucro. De esta realidad los planes médicos se aprovechan y abusan del sistema”, reclamó Matta González.

Dijo que el asignar tarifas “justas” a los planes médicos acorde a los gastos reales de las instalaciones médicas del gobierno, como propone el PS 2, “puede ser parte integral de una solución a una crisis real, pero no debe ser limitado únicamente a los pacientes adscritos el plan de salud del gobierno”.

Indicó que en aras de garantizar que el Centro Médico, el Hospital de Trauma, el Centro Cardiovascular y los hospitales del gobierno permanezcan abiertos para garantizar el servicio a los ciudadanos que allí se presenten y garantizar al Recinto de Ciencias Médicas el entrenamiento de médicos y profesionales de la salud, es necesaria una inyección económica adicional a lo que pueden generar como ingresos propios estos hospitales públicos.

Barreras, director de recursos fiscales, estimó que ASEM necesitaría unos $70 millones adicionales al año.

El presupuesto de la ASEM para el presente año fiscal es de $65,976,000 del Fondo General y $138,440,000 en fondos propios.

Tanto ASEM como el Cardiovascular favorecieron que las tarifas que pagan los planes médicos a las facilidades del Estado sean revisadas con estudios actuariales cada dos años, según dispuesto en la medida senatorial. No obstante, opinaron que no debe limitarse a lo que pagan los planes en el plan de salud del gobierno, sino que debe extenderse a todo plan médico que haga negocios en Puerto Rico independientemente del segmento, ya sea Medicaid (Vital), comercial-privado, Medicare y Medicare Advantage, así como la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).

La exposición de motivos del PS 2 sostiene que la ASEM se encuentra en una difícil situación económica junto con el resto de las entidades que prestan servicios médico-hospitalarios e identifica como problema principal el sistema de pago adoptado. La pieza de ley busca remover parte del rol de las aseguradoras mediante un mecanismo interno en el que la ASES se convierta en el pagador directo de las entidades por los servicios que prestan a los beneficiarios del Plan Vital.

Sin embargo, la ASES rechazó que el modelo propuesto en el proyecto sea la mejor forma de atender el problema fiscal que confrontan estas instalaciones hospitalarias. Para la agencia, la medida legislativa se aparta de lo aprobado por los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS, en inglés), por lo que requerirá someter un “sinnúmero” de enmiendas al Plan Estatal vigente.

“Debe resaltarse que estas enmiendas involucran demostrarle al gobierno federal que el Estado puede cumplir con la responsabilidad fiscal. Estos cambios podrían tener serias repercusiones, se estaría trastocando la liquidez de las aseguradoras, en la medida que el pago de primas se vería reducido”, indicó la directora ejecutiva de la ASES, Edna Marín Ramos.

Sostuvo que convertir a la ASES en pagador único, requerirá la modificación de andamiaje administrativo; el reclutamiento de una cantidad considerable de personal que debe contar con el conocimiento y experiencia necesaria para realizar las labores de las aseguradoras; una asignación presupuestaria adicional; la transferencia de todos los datos bajo la custodia de las aseguradoras y la incorporación de infraestructura tecnológica para el manejo de estos.

“La ASES puede buscar el cambio. Si la política pública a la que nos queramos dirigir es esa, obviamente nos tenemos que mover en esa dirección. Lo que pasa es que son andamiajes sumamente complejos”, dijo Marín Ramos a preguntas de la presidenta de la Comisión de Salud, Sol Higgins Cuadrado.

“Nos va a tomar varios años llegar a un modelo como ese. Sin embargo, atendiendo parte de lo que la medida está proponiendo, y que yo sé que el sector en conjunto queremos atender, tenemos que buscar el mecanismo de requerir durante estos próximos años a las aseguradoras y/o establecer cómo va a ser ese proceso de negociación de las tarifas”, agregó la directora ejecutiva de la ASES.

Reconoció sin embargo, a preguntas del representante independentista, Denis Márquez Lebrón, que “las aseguradoras han fallado en tener una tarifa adecuada para el Centro de Trauma”.

“El gobierno de Puerto Rico ha fallado porque le ha permitido eso a las aseguradoras. A mí me parece que es una barbaridad que los servicios de salud estén basados en el lucro”, sostuvo Márquez Lebrón.

Por su parte, el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (UPR) denunció que el mayor reto que enfrentan en cuanto a los servicios que brindan a los pacientes del Plan Vital es que las tarifas existentes no cubren adecuadamente el costo real de los servicios prestados.

Asimismo, la falta de procesos uniformes entre las distintas aseguradoras del Plan Vital es también la causa de atrasos sustanciales en el proceso de facturación y cobro, lo cual a su vez resulta en ingresos menores para la institución, expresó el doctor José Quijada González.