El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer Rodríguez, denunció que la legislación que busca reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) desembocará en un aumento en el costo de la luz.

Además, condenó el que la medida no contemple un balance de beneficios, ya que a solo protege a los acreedores y pone en riesgo a los consumidores residenciales, comerciales e industriales.

El Proyecto del Senado 1523 fue aprobado, luego de un extenso debate, con 16 votos a favor y 10 en contra, de las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP), del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y los senadores populares Cirilo Tirado y Mari Tere González.

En comunicado de prensa, Seilhamer Rodríguez opinó que “las consecuencias de este proyecto es la inminente alza tarifaria de energía eléctrica, precisamente el capítulo de titulización lleva obligatoriamente a un aumento en la tarifa lo que será el colapso de nuestra economía”.

Agregó que “el pago de la nueva emisión se garantiza con el aumento en la factura a los clientes de la Autoridad por los próximos 35 años”.

El senador dijo, además, que la propuesta pone los riesgos en el pueblo, pues alega que los hace responsable de pagar las deudas contraídas.

Además, opinó que el proyecto establece un precedente negativo para las futuras negociaciones con acreedores de Puerto Rico.

“El equipo económico del gobernador está negociando con bonistas de COFINA y los que tienen protecciones constitucionales un recorte de la deuda de entre 30 y 40 por ciento. Sin embargo, este proyecto establece un recorte de solo 15 por ciento de la deuda a los acreedores de la AEE”, comentó.

Finalmente, Seilhamer Rodríguez señaló que la medida también contempla una Junta cuyos miembros son seleccionados por una empresa privada.

“El gobernador tendrá que seleccionar seis personas de una lista que le someta esa firma privada. No sabemos a quién responde esa compañía y esto definitivamente le resta poderes constitucionales al Ejecutivo y Legislativo porque usurpa la facultad de nombramiento y el ejercicio de consejo y consentimiento que tiene el gobernador y la Asamblea Legislativa. Además en momentos que se les recorta mediante la Ley 66 derechos adquiridos a los empleados públicos, se legisla una compensación que no se establece en el proyecto ni mucho menos si habrá un tope. En tiempos de crisis económica, esta es una medida nefasta que representará un duro golpe al pueblo”, dijo.