El Centro Unido de Detallistas (CUD) envió hoy a la jueza Laura Taylor Swain copia en inglés, de un estudio del economista Gustavo Vélez que advierte que si se materializa el anticipado aumento en las tarifas de energía eléctrica desparecerían entre 20 a 40 mil empleos en Puerto Rico y los más afectados serán los negocios más pequeños.

Según el economista, el alza en los costos de energía podrían provocar el cierre del 15% a 20% de los negocios en la isla.

“La situación es insostenible”, reclamó la presidenta del CUD, Lourdes Aponte Rodríguez, quien pintó un cuadro desolador para los comerciantes en el país. “Se tornará en una debacle si la jueza Taylor Swain aprueba otro aumento en el costo de los servicios energéticos en la isla”, dijo Aponte Rodríguez en conferencia de prensa.

Añadió que la copia del estudio sería adjuntado en una moción a la jueza Taylor Swain, en representación de más de cinco mil socios del CUD.

El aumento, que se estima podría ser de 2.4 centavos el kilovatio hora, está contenido en el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y un 15% del alza se utilizaría para pagar las pensiones de los jubilados de la agencia y la deuda de la corporación pública.

“Este estudio servirá para la toma de decisiones informadas”, sostuvo Aponte Rodríguez. “Estamos enviando este estudio a la juez Taylor Swain en vías de que sea analizado y se entienda lo que esta crisis está provocando, producto de los aumentos desmedidos que se están implantando, prácticamente, todos los meses. No podemos permitir un aumento adicional de un 28% en la factura de luz. Los comerciantes ya no aguantan los aumentos en los costos operacionales y las ayudas a esta clase que mueve la economía de Puerto Rico es escasa”, indicó la Presidenta del CUD.

Dijo que las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) representan el 95% de los establecimientos en la isla y el 43.6% de los empleados generados en el país.

Por su parte, Vélez, presidente de Inteligencia Económica Inc., dijo que hay “mejoría en las ventas, en el empleo y en un montón de reglones, pero en algún momento todos estos efectos pandémicos van a empezar a reducirse” y sostuvo que las decisiones que se tomen no pueden mirarse estrictamente en esta bonanza económica.

“Uno de los puntos que refleja nuestro reporte es que las ventas de las PyMes empiezan a reducirse. Ya vemos un período de enfriamiento que refleja claramente que el sector de las PyMEs está en reducción”, indicó el economista. “La inflación continua alta, todos los costos en Puerto Rico siguen altos”, agregó.

Dijo que de $909 mensuales que paga hoy una microempresa por el servicio eléctrico, con el aumento propuesto pagaría en promedio $1,392, la “small” (pequeña empresa), subiría de $3,324 a $4,094 y la mediana de $11,980 a $12,802″.

Indicó que muchas empresas medianas han hecho ajustes con algún tipo de tecnología renovable, pero “las más golpeadas van a ser las pequeñinas”. Sostuvo, además, que muchas microempresas operan desde locales alquilados.

“Entendemos que, si este aumento se materializa a esta magnitud, estamos hablando del cierre potencial de muchos negocios en Puerto Rico con un costo estimado de entre 20 mil a 40 mil empleos impactados de manera directa en los próximos dos años”, dijo para agregar que el efecto es devastador y sin políticas de mitigación.

Vélez detalló que el estudio se realizó hace dos semanas y participaron unos 325 comercios, 14% del área metropolitana de San Juan y restante 86% del resto de la isla.

Según la Ley 62 de 2014, se considera microempresa aquella que genera ingresos menores de $500,000 anuales y posee siete empleados o menos; la pequeña, tiene hasta 25 empleados y genera $3 millones anuales y la mediana, tiene 50 empleados o menos y genera $10 millones anuales.

Vélez indicó que entre las microempresas y pequeñas empresas afectadas estarían restaurantes, supermercados, farmacias de la comunidad, estaciones de gasolina, hieleras, además de los servicios profesionales.

Dijo que algunas de las medidas para disminuir los costos implementadas por las pequeñas y medianas empresas son: reducir las compras de materiales, menos fuerza laboral, disminuir las tareas de operación y retrasar los planes de inversión.

Sostuvo que para estas empresas las políticas de apoyo, incentivos financieros y recursos accesibles son fundamentales para facilitar y agilizar la adopción de energía renovable, promover prácticas sostenibles y reducir las emisiones de carbono.

En cuanto al salario, según el estudio, las microempresas tienen el sueldo promedio más alto con $14.50 por hora, seguidas de las pequeñas empresas con $13.13 por hora, mientras que las empresas medianas tiene el salario más bajo, con $10.57 la hora.

El economista indicó que el 77% de las pequeñas y medianas empresas ha operado en la isla durante siete años o más y que un 73.6% mostró interés en invertir en sistemas de energía renovable.

Edna Díaz, vicepresidenta del CUD, dijo por su parte, que un “estimado conservador”, que no incluyó las proyecciones del estudio del economista Vélez, arrojó que para un salón de belleza en Levittown, el aumento en la factura de electricidad sería de $98.36 mensuales; $81.26 para una propiedad de renta de oficinas y para un dispensario de cannabis medicinal, el alza sería de $89.75.

Díaz, quien maneja un negocio de cannabis medicinal, dijo que esta industria se vería bien afectada con más aumentos en la tarifa energética porque se trata de “una planta que se cultiva en interior para controlar ciertos factores”.

“La Junta de Supervisión Fiscal ni el gobierno han elaborado un plan con números detallados sobre el impacto de los aumentos en las tarifas de la luz, dijo la presidenta del CUD.

“Espero que la juez se dé cuenta de que a ella no le han estado llevando toda la información que hace falta”, expresó, por su parte, el exlegislador y expresidente del CUD, José Chico.