La hermana del convicto recaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández,  ha tenido contratos con los municipios de Ponce y Aguadilla, controlados por alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP), aseguró el portavoz senatorial de la minoría, Aníbal José Torres.

De esta forma Torres ripostó las exigencias hechas hoy por el representante José Aponte, a quien tildò de politiquero, de que la empresaria debía devolver el dinero que cobró del Municipio de San Juan.

"Si los reclamos de Aponte son contra uno de los contratos por alegar que los servicios fueron prestados previamente, el Municipio de San Juan ya ofreció su explicación. Pero si lo que hace es lanzando acusaciones sin fundamentos y tratando de vincular los contratos con actos de corrupción, pues debe incluir en sus reclamos a los municipios de Ponce y Aguadilla, con los que también Jayceline Hernández tenía contratos. De lo contrario, esto es demagogia política de Aponte", sentenció Torres.

No se precisó el monto de los contratos. El Nuevo Día reveló la semana pasada que el Municipio de San Juan le dio cuatro contratos a Jaycelin Hernández Pérez, ascendentes a $14,820, para que ofreciera cursos en el Colegio Universitario de San Juan entre el 2013 y 2016, información que originalmente fue negada por la alcaldesa, aunque luego dijo que al momento de ser entrevistada desconocía que los mismos se habían otorgado.

"Si Aponte quiere ser serio en sus señalamientos, lo invito a que aplique la misma vara a sus alcaldes Mayita Meléndez de Ponce y Carlos Méndez de Aguadilla. De lo contrario, se le ve la costura y lo que está haciendo es politiqueando con el asunto", precisó Torres.

Jayceline Hernández, mediante su compañía Gerontología Educacional Inc., tuvo contratos con el municipio de Ponce en el 2007 (aquí bajo el popular Francisco Zayas Seijo), 2011 y 2012; así como en el municipio de Aguadilla en los años 2007 y 2008, entre otros. 

Temprano en el día, Aponte Hernández anunció que solicitará a la Contralora que evalúe si existe la obligación de devolver el dinero producto del contrato otorgado a la hermana de Hernández Pérez.

Durante una rueda de prensa, Aponte indicó que esa oficina deberá evaluar si exise la obligación de devolver el dinero y quien estaría obligado a hacerlo.

 A su vez, le pidió a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto, que explique sobre la disparidad en la escala de la compensación por los servicios prestados que se le brindó a Hernández Pérez en disparidad con las escalas salariales de otros empleados y la necesidad de desarrollar cursos en línea cuando el Colegio Universitario de  San Juan no tenía la acreditación.

"La alcaldesa no habló claro cuando se le preguntó sobre esta contratación, también ha intentando ocultar varios asunto vitales", comentó el representante novoprogresista.

Aponte Hernández  no descartó referir estos asuntos a la Oficina de Ética Gubernamental para una evaluación a fondo.

"La imagen del funcionario electo ha decaído mucho y tengo un celo personal porque se pueda elevar ese estándar", sostuvo el legislador.