Para la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Colegio de Abogados, Verónica Rivera, es “irresponsable” que la procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, exhorte a las víctimas de violencia de género a considerar armarse como medida para atajar su problema.

En entrevista radial con Radio Isla 1320, Rivera señaló que lo más recomendable con casos de violencia de género es que a nivel comunitario se tomen medidas para evitar desgracias. Comentó que una opción para la víctima podría ser cargar con gas pimienta.

“Hay circunstancias en la que nosotras vamos a tener que enfrentarnos a una cuestión bien peligrosa, pues se pueden tomar medidas. Pero es peligroso cuando quien lo dice es la procuradora, que debería estar enfocada en fiscalizar al Estado”, comentó Rivera.

Durante una entrevista televisiva este domingo a raíz del asesinato de Madeline Torres Soto en el residencial Manuel A. Pérez a manos de su expareja, Vázquez sugirió que las víctimas de violencia de género podían considerar armarse para protegerse de sus agresores. Ayer, rechazó haber hecho esa expresión, pero esta mañana la reiteró. “Que las mujeres se armen, si quieren”, dijo en entrevista radial con WKAQ.

Previo al crimen, Torres Soto obtuvo una orden de protección, se mudó de lugar y alertó a la Policía de que su expareja Víctor Vázquez Guzmán la merodeaba. Se alega que los agentes del cuartel del residencial nunca atendieron sus querellas.

“A mí me preocupa que en el contexto de un asesinato, en que es evidente la negligencia de la Policía de Puerto Rico, lo que se le ocurre a la procuradora es decirle a una mujer, que podría ser una mujer que jamás podría tener acceso a un arma legalmente porque no tendría el dinero ni la capacidad para tener una licencia, decirle a las mujeres: 'no, lo que tenían que hacer era armarse'. Si todas las mujeres decidiéramos hacer eso, yo creo que sería rendirnos como sociedad”, concluyó la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Colegio de Abogados.

Por otro lado, la abogada reclamó que se nombre un superintendente de la Policía en propiedad y que este sea claro en torno a la política pública que se seguiría en casos de violencia de género.