La determinación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que designó al Departamento de Justicia local y a otras agencias ligadas al área de seguridad como de “alto riesgo” en el manejo de fondos federales, no ha tenido aún efecto alguno en la operación de los programas apoyados por esos fondos, aseguró este martes el secretario de Justicia, Cesar Miranda. 

“Nosotros hemos estado en comunicación con ellos. Verdaderamente, en términos prácticos, estamos funcionando como siempre funcionábamos. Le estamos haciendo unos reclamos de reconsideración y demás, pero no ha tenido un mayor impacto hasta ahora”, sostuvo Miranda a su salida de una reunión en La Fortaleza con el gobernador Alejandro García Padilla.

Reconoció, sin embargo, el titular de Justicia que estas “son cosas que están sobre el tapete y hay que tenerlas presente. Se le ha estado dando seguimiento. Hay el intercambio normal administrativo que siempre hemos tenido de cómo estamos en la ejecución de programas y en el manejo de los mismos e internamente, en el plano gerencial, ver nosotros mismos cualquier auditoría que tuviéramos pendiente en algún proyecto, completarla”.

La notificación de Justicia federal se produjo a mediados del pasado mes de agosto mediante una carta que se envió a La Fortaleza y a las distintas agencias afectadas.

La misiva se hizo pública antes de que fuera recibida por La Fortaleza, que la recibió a través de un correo electrónico, lo que provocó una enérgica carta de protesta de parte del gobernador García Padilla. Éste reclamó explicaciones y exigió se le ofrecieran detalles al pueblo de Puerto Rico sobre las alegadas fallas detectadas y la fecha en que se produjeron las mismas. 

La acción de la agencia federal tenía como resultado obligar al gobierno de Puerto Rico a adelantar el dinero que se utilizaría en los programas que son financiados con fondos federales y luego solicitar el reembolso.

Entre las agencias que se afectarían de mantenerse esa determinación están –además del Departamento de Justicia- la Administración de Corrección; la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales; la Administración de Tribunales; la Oficina de Asuntos de Seguridad Pública, bajo la Agencia estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; la Procuraduría de la Mujer y la Universidad de Puerto Rico, recintos de Río Piedras y Carolina.