Contrario a lo que se anticipaba, la Asamblea Legislativa cerró sus trabajos el jueves, poco antes de la medianoche, sin llevar a votación la versión final de presupuesto con cargo al fondo general para el año fiscal 2023-2024.

Previo a concluir los trabajos en el Senado, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en este cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz, le atribuyó lo ocurrido a la Junta de Supervisión Fiscal. “Esta dilación del día de hoy la ha provocado la JSF con este problema técnico, pero me parece que no debemos despachar livianamente este tema del presupuesto”, expresó.

Dijo que, previo a su consideración hoy, viernes, la delegación de la Palma quiere tener la oportunidad de analizar el documento y los cambios que se le realizaron al mismo como resultado del proceso de negociación con la JSF.

El escenario cerca de las 7:00 de la noche era uno completamente distinto. Esa era la hora límite que la JSF había impuesto para la aprobación del plan de gastos, ascendente a $12,739 millones, pero las partes habían acordado extender el análisis del documento, dejando fuera la restricción del organismo. Para entonces, el ambiente para la aprobación del documento era uno positivo.

“Lo que buscamos es tener un presupuesto aprobado por la Legislatura, firmado por el gobernador y que sea aceptado por la Junta. Ese ha sido nuestro enfoque desde el día uno”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa.

“Creo que hemos logrado muchas cosas. Como siempre, tú no lo logras todo, pero creo que ha habido avances dentro de la propuesta de la Legislatura”, expuso el representante.

Parte del equipo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) estuvo el martes en el Capitolio discutiendo la versión a aprobarse. Llegaron a la oficina de Santa, junto al portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos.

“Tendríamos un presupuesto que se parece a lo que el gobernador quiere, que funciona para el gobierno, funciona para los alcaldes –federados y asociados–, y podemos coexistir”, dijo Ríos, quien se expresó a favor de los cambios incluidos en el documento. Ríos había votado en contra de la versión previa validada la noche del martes por el Senado.

Ajustes de último momento

Santa explicó en detalle los asuntos que no fueron validados por la JSF, como el aumento de $118.8 millones que habían incluido para la Universidad de Puerto Rico (UPR). El ente federal, sin embargo, aceptó que se incluya un “pote” de $102 millones para atender, precisamente, aquellas áreas de preocupación, como el alza salarial de los empleados del sistema que reciben una paga menor al salario mínimo.

Esta partida se utilizaría también para, entre otras cosas, mantener al día las acreditaciones de la UPR y promocionar la institución, como mecanismo para atraer nuevos estudiantes. La JSF denegó aumentar de $10 a $20 millones la partida para el pago de los estipendios que reciben los médicos residentes.

En el caso de los municipios, tema en que la Asamblea Legislativa proponía la creación del “Fondo Especial de Servicios Esenciales Municipales”, el cual se nutriría del dinero que, por los años subsiguientes, no tendrán que aportar los municipios al Plan de Salud Gobierno. Este mecanismo, sin embargo, no resultaba ser equitativo, según denunciaron algunos legisladores.

Esta propuesta quedó fuera del panorama, pero la Junta accedió a crear un pote de $30 millones -que estaría bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)- para repartirse entre los 40 municipios “más vulnerables”, esto con el propósito de “financiar servicios esenciales y apoyar iniciativas municipales”. Para su distribución se utilizará la fórmula del Fondo de Equiparación.

“Tengo que aceptar que esta forma de ver de la Junta ataca mejor el problema porque le voy a dar dinero a quien lo necesita”, reconoció Santa.

Adicional, explicó el representante, está al “Fondo de Consolidación de Servicios Municipales”, el cual ha acumulado $66 millones por los pasados tres años fiscales. Sin embargo, el acceso a este dinero, que sería para “financiar la operación de los ayuntamientos y proveer servicios esenciales”, está “sujeto a la aprobación de legislación que reestructura el modelo actual del impuesto al inventario”.

Por los pasados años han surgido múltiples intentos por modificar el impuesto al inventario, pero nunca ha habido consenso en un modelo que no perjudique los ingresos que reciben los municipios por concepto de tal tributo. “Hay municipios aquí que casi el 60% su ingreso es por concepto de este tributo”, expuso Santa.

Fuera del panorama

Igualmente, quedó fuera del presupuesto el lenguaje que, según la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite D. Oronoz, evitaba que cerca de 1,300 empleados del Poder Judicial, incluyendo secretarias, alguaciles y oficiales jurídicos, recibieran un ajuste salarial.

Santa explicó que se eliminó la frase “de carrera” del lenguaje incluido en la partida de $37.8 millones dirigida a financiar los aumentos de los jueces y empleados del Poder Judicial. “Por una enmienda aprobada por la legislatura, se arriesgan los aumentos de miles de empleados y el propio Plan de Retribución”, había denunciado la jueza en declaraciones escritas.

El lenguaje que iba dirigido a consolidar las asignaciones que reciben entidades sin fines de lucro, tanto del Fondo General del Gobierno como de la Comisión de Donativos Legislativos, tampoco sobrevivió. “El Senado trató de hacerlo en este proceso, pero yo creo que eso tú tienes que hacerlo mediante legislación y eso hay que plantearlo a la Junta un poco más abierto. Eso quedó fuera”, expuso Santa.

La separación de estas partidas, según han denunciado las entidades, le genera inestabilidad a la hora de hacer sus proyecciones y evita contratiempos con la OGP al momento del desembolso, como ha ocurrido en el pasado.

La JSF también se opuso a reducciones en las partidas de ciertas agencias para el pago de salarios de empleados de confianza.

Entre los cambios que logró retener la Legislatura, está la asignación de $1.6 millones para la Red Sísmica y de $20 millones adicionales al Departamento de la Familia para los programas que velan por el bienestar de los adultos mayores. Por los pasados años, la isla ha visto un incremento en el número de ancianos que son abandonados por sus familiares y su cuidado recae en el estado.

“El año pasado 700 adultos mayores fueron abandonados en los hospitales y eso conlleva que la custodia la tenga Familia e incrementa los gastos de la agencia”, señaló.