El alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, reaccionó hoy a la cancelación del contrato del licenciado Miguel A. Colón, con la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente.

Colón era uno de los fiscales especiales independientes asignado a su caso junto con el licenciado Manuel E. Núñez Corrada. El ejecutivo municipal aseguró que la conducta de Colón, cuyo contrato fue cancelado tras “gestos de burla, muecas y ademanes despectivos que realizó el abogado, en una vista preliminar”, “levanta todo un cuestionamiento respecto a la seriedad, la ética y rectitud con la que se estaba llevando a cabo la investigación de esa oficina contra este servidor”.

Según Irizarry Pabón, “la OPFEI destacó en el comunicado de prensa, que detalla las razones de la terminación contractual; que la conducta de sus fiscales asignados estará siempre ceñida por los cánones de ética que rigen la profesión legal, el decoro, la rectitud y la integridad. Esas expresiones escritas, dejan saber que definitivamente, el carácter y la falta de profesionalismo de este individuo (Colón), jugó un papel indispensable para esa determinación. Además, levanta todo un cuestionamiento respecto a la seriedad, la ética y rectitud con la que se estaba llevando a cabo la investigación de esa oficina contra este servidor”

El alcalde de la Perla del Sur sostuvo que la investigación que realiza la OPFEI en su contra, es una “frívola y totalmente viciada”, y que tras el relevo del licenciado Colón de sus funciones, su llamado a la OPFEI es “a que enderecen el barco. El haber mantenido un contrato con un fiscal que se atrevió a tener un comportamiento cuestionable en medio de un proceso judicial, no sólo habla mal de él, sino que pone en entredicho al Panel que lo seleccionó como contratista”.

No obstante, de las expresiones del ejecutivo municipal no se desprenden señalamientos de conducta impropia contra Colón en su caso, ni evidencia que ponga en entredicho el proceder de la OPFEI en cuanto a la pesquisa en su contra.

Irizarry Pabón fue referido por el Departamento de Justicia para la designación de un FEI por posibles violaciones al Código Penal, la Ley de Ética Gubernamental y la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas, tras querellas que apuntan a que el mandatario municipal le exigía a empleados municipales recaudar dinero para el pago de un préstamo que se utilizó para sufragar parte de su campaña política.