Al acoger la recomendación del Departamento de Justicia (DJPR), el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), determinó archivar una querella por alegada apropiación ilegal del alcalde de Santa Isabel, Rafael Burgos Santiago, de material rocoso propiedad del exalcalde Enrique Questell Alvarado.

En síntesis, el Informe de Investigación Preliminar del DJPR acogido por el PFEI establece, que el alcalde actuó dentro de sus responsabilidades oficiales al ordenar remover unas piedras que obstaculizaban la vía pública y que fueran depositadas por instrucciones del exalcalde Questell Alvarado.

El antecedente de estos hechos se basa en una disputa por titularidad y acceso a una rampa de pescadores que ubica aledaña a una propiedad comercial de Questell Alvarado y que se encuentra pendiente de resolución en el Tribunal de Primera Instancia.

La investigación realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia expone la recopilación de documentos, videos y fotografías, como entrevistas a sobre una decena de funcionarios.

Questell Alvarado había presentado una querella por apropiación ilegal contra el Alcalde, tras este ordenar a personal municipal a remover unas piedras que obstaculizaban el acceso a una vía pública que comunica a Ia referida rampa de pescadores, como a una comunidad. Aunque el exalcalde alegaba ser dueño de los terrenos donde ordenó depositar el material rocoso, cuya controversia continua ante los tribunales. Además, el alcalde actuó conforme a una estipulación avalada por el Tribunal de Primera Instancia, donde se compromete a mantener la vía libre de obstáculos y velar porque no fuera obstruida.

La investigación no encontró elementos de delito en las actuaciones de Burgos Santiago en el descargo de sus funciones como alcalde. Tampoco encontró irregularidades en el proceso seguido por Ia Fiscalía de Ponce para atender las vertientes derivadas del trámite correspondiente de la evaluación de querellas ni denuncias.