Archivan querella contra el director ejecutivo y el subdirector del CRIM
El representante José González Mercado presentó la querella, alegando que los funcionarios intervinieron con sus funciones legislativas.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 1 año.
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El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) archivó la investigación contra el director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Reinaldo Paniagua Látimar, y su subdirector, Javier J. García Cintrón, por presuntamente intervenir indebidamente en las funciones legislativas del representante José “Memo” González Mercado
“Luego de nuestra evaluación, acogemos la recomendación del secretario de Justicia (Domingo Emanuelli Hernández) y determinamos que en este caso no existe el quantum de prueba necesario para la designación de un FEI. Conforme a lo expuesto, se ordena el archivo definitivo de este asunto”, comentó el organismo en su Resolución de 18 de mayo de 2023.
La querella se hizo ante el Departamento de Justicia por el representante, quien alegó que Paniagua Látimar y García Cintrón lo amenazaron y estorbaron su tranquilidad personal, interviniendo así con su labor legislativa luego de que presentara la Resolución de la Cámara 776 que investigaría la metodología del CRIM para tasar propiedades inmuebles.
Según González Mercado, recibió “un sinnúmero de llamadas” de Paniagua Látimar y, en una de estas llamadas, Paniagua Látimar supuestamente le pidió que detuviera la investigación amparándose de que le estaba “haciendo el juego a los populares”.
A su vez, González Mercado señaló que García Cintrón envió comunicaciones electrónicas para ordenar la investigación de la urbanización donde reside el representante.
Cuando llegó la querella a Justicia, se refirió a la División e Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC). Emanuelli Hernández, así como el PFEI, decidieron archivar el caso.
“Como parte de dicha investigación se llevaron a cabo diversas entrevistas, entre ellas, al querellante, a la Especialista de Valoración del CRIM, a la Supervisora de Propiedad Mueble de la Región de Aguada-Aguadilla, al Subdirector de Servicios Operacionales del CRIM y al señor Paniagua Látimar. Además, se tomaron declaraciones juradas”, explicó el PFEI en declaraciones escritas.
De acuerdo al resumen de la investigación de la DIPAC, “las facultades y deberes del director ejecutivo del CRIM son sumamente amplias” y, acorde al Artículo 7.041 del Código Municipal, “promulga que el CRIM mantendrá un plan que permita la revisión constante de la propiedad inmueble”.
El análisis adujo que el delito de amenaza había que “descartarlo”, pues la prueba no establece una manifestación expresa de voluntad, verbal o escrita de causar daño a González Mercado o a su familia.
“De hecho, el representante González Mercado dijo categóricamente que no recibió amenaza alguna por parte del director ejecutivo ni del subdirector”, dice el análisis.
En cuanto a la intrusión en la tranquilidad personal, el análisis de la DIPAC sostuvo que el representante no estuvo expuesto a lenguaje amenazante, abusivo, obsceno o lascivo por el director ejecutivo cuando respondió a la llamada. Además, tampoco encontró que los querellados o algún tercero se beneficiaron a consecuencia de las instrucciones del subdirector para que se tasaran ciertas propiedades.
Finalmente, el informe destaca que ni el director ejecutivo ni el subdirector cometieron actos que intervinieron con la función legislativa, mediante persecución y amenaza.
“La pesquisa subraya, como algo importante, que el subdirector García Cintrón no le dio seguimiento a ese asunto, ni exigió el informe requerido inicialmente sobre todas las tasaciones. El no darles seguimiento a estos asuntos, se consideró un indicativo de que ci ánimo de desquite o persecución estaba ausente. Finalmente, a la luz de los hechos y la prueba recopilada, la DIPAC concluye, que no existe causa suficiente para creer que ci director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua Látimar, ni su subdirector Javier García Cintrón, incurrieron en conducta delictiva”, reiteró el PFEI.