El caso contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, y varios legisladores por sus presuntos vínculos con la empresa de asfalto JR Asphalt, quedó guardado en el archivo del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) al no existir prueba suficiente para designar un fiscal que indague los hechos.

De esta manera, el PFEI concurrió con el Departamento de Justicia, que el mes pasado recomendó que no se designara un fiscal en este caso.

Los querellantes Manuel Natal Albelo, coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana; Rossana López León, exsenadora; y Adrián González Costa, exlegislador municipal de San Juan, alegaron que el alcalde y el senador Juan Oscar Morales Rodríguez, los representantes Víctor Parés Otero y Jorge Navarro Suárez, así como del excandidato a representante por el Precinto 2 de San Juan, Ricardo Rey Ocasio Ramos, habían tenido vínculos con JR Asphalt, cuyos socios Raymond Rodríguez y Mario Villegas fueron imputados a nivel federal de soborno.

La querella presentada el pasado 2 de mayo alegaba que pudo haber existido un acuerdo entre el alcalde y los socios de JR Asphalt para hacer obras de bacheo en San Juan a cambio de que les otorgaran contratos municipales a futuro.

Se indicó que según la investigación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, no se encontró desvío en los procesos de subasta de San Juan y que cumplieron con las normas, reglamentos y leyes para ese propósito. Los querellantes tampoco aportaron pruebas directas sobre actos delictivos, pues no les consta de propio y personal conocimiento.

La pesquisa, además, indica que a pesar de que JR Asphalt licitó siete veces, solo fue agraciada en cuatro procesos de subasta. Dichos procesos de selección y contratación tampoco proveen espacios para la participación del alcalde.

“La prueba documental recopilada en la investigación demuestra que las declaraciones del alcalde Romero Lugo, han sido consistentes en que los trabajos de bacheo se realizaron con asfalto provisto por JR Asphalt, sin costo alguno y con el único propósito de beneficiar a las comunidades. Ello hay que analizarlo conjuntamente con el dato de que no se obtuvo evidencia que estableciera que el asfalto fue sufragado con fondos públicos”, expresó el PFEI.

La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor “no encontró prueba alguna de que el licenciado Romero o cualquiera de los otros querellados, procuraran el asfalto para el bacheo. Lo que surge es que efectivamente fue un ofrecimiento libre y voluntario”, añadió.

Por su parte, el alcalde de San Juan, mediante declaraciones escritas, realizó las siguientes expresiones: “Acojo con respeto las determinaciones notificadas.  Las mismas validan lo que expresé en un principio sobre mi cumplimiento con el rigor legal en todas mis acciones y conducta como servidor público y sobre la pulcritud y rigurosidad en los procesos de subasta que se llevan a cabo en el Municipio de San Juan”.