El Senado aprobó hoy un proyecto de ley que le concede discreción a los municipios para contratar a una persona con antecedentes penales por delitos menos graves y graves que no impliquen depravación moral.

Se exceptúan los delitos de asesinato, agresión sexual, y aquellos establecidos en la “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”.

La senadora Migdalia González, autora del Proyecto del Senado 1254, pidió un voto a favor de la medida “para ofrecerle una oportunidad de mejorar su calidad de vida, no solo la de ellos, sino la de sus familias”.

“Tengo que resaltar la preocupación que trajo ante mi consideración el alcalde de Hormigueros, Pedro García, para que esta medida pudiera escribirse y ser aprobada en este recinto durante el día de hoy. Ciertamente, es importante reconocer que aunque el Gobierno ha establecido algunas iniciativas, como se ha mencionado previamente, no ha sido suficiente…en un proceso sumamente burocrático que limita la oportunidad de que cada una de estas personas pueda insertarse de manera positiva en la sociedad”, expresó la senadora popular.

El senador Ramón Ruíz Nieves dijo por su parte, que la medida busca darle una oportunidad a aquellas personas que en un momento dado infringieron la ley y que tienen derecho a una nueva oportunidad de empleo.

“El proyecto permite esa oportunidad real para que sea un trato directo de la persona con el municipio”. En el proyecto, además, se indica que la persona deberá presentar junto al Certificado de Antecedentes Penales “prueba del cumplimiento cabal de su sentencia”, sostuvo Ruiz Nieves.

Para el senador independiente, José “Chaco” Vargas Vidot, la medida responde a una visión restaurativa de la ley. “Creo que, de alguna manera, Puerto Rico tiene ya que salir de la manía punitiva y de los castigos eternos que no llevan a ningún sitio y que nunca han servido de disuasivo…que bueno que ahora los municipios pueden abrir las puertas para que unas personas se introduzcan en trabajos normales”, expresó Vargas Vidot.

El Senado también dio paso hoy a la Resolución Conjunta del Senado 444 de la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, para ordenar al Departamento de Educación (DE) producir, dentro de un término de un año, un informe sobre el estado térmico en las escuelas públicas.

“El año pasado, al inicio de clases, le sucedió el inicio de varias protestas, la primera de ellas en la Escuela Gilberto Concepción de Gracia, en Carolina, lideradas por estudiantes de nuestro Sistema de Educación Pública que reclamaban que en sus salones pudieran contar con temperaturas aptas para el estudio… la medida busca darle una consideración desde más de una perspectiva a un asunto que se une a las preocupaciones sobre la crisis climática que atraviesa el planeta”, sostuvo la legisladora.