Rumbo a la firma del gobernador Pedro Pierluisi va una resolución cameral que le ordena a LUMA Energy, operadora del sistema de transmisión y distribución, a otorgarle a los abonados un “crédito automático” de hasta $300 por la reparación o sustitución de cualquier electrodoméstico dañado a consecuencia de un apagón o fluctuación de voltaje.

Durante la sesión de este martes, la Cámara concurrió de forma unánime -con 45 votos- con las enmiendas incluidas por el Senado a la Resolución Conjunta de la Cámara 231.

“Como consecuencia de las frecuentes interrupciones en el servicio de energía eléctrica o bajas en el voltaje del sistema eléctrico, se estima que miles de abonados denuncian, año tras año, daños a sus enseres, equipos, o electrodomésticos, incurriendo así en gastos adicionales para reparar o adquirir nuevos equipos”, lee parte de la exposición de la medida, de la autoría del representante Juan José Santiago.

Sin embargo, el proyecto de ley deja en manos de LUMA Energy y la AEE la aprobación de reglamento -a 90 días de convertida en ley la medida- para adjudicar las reclamaciones que sobrepasen los $300.

A pesar de que la pieza legislativa reconoce que, actualmente, la AEE y LUMA Energy cuentan con un proceso de reclamaciones, considera que resulta “engorroso” y genera entre los consumidores “confusión” e “incertidumbre procesal”, resultado de la ausencia “de un procedimiento uniforme para tratar asuntos de esta naturaleza”.

“Resulta injusto y abusivo que un abonado de la AEE tenga que recurrir a gastos extraordinarios de reparación o sustitución de enseres… continuar permitiendo semejante proceder equivaldría a recompensar y fomentar la ineficiencia administrativa y gerencial evidenciada”, estipula la resolución.

Al hacer la reclamación, para la cual el abonado tendrá 30 días a partir del incidente, el cliente tendrá que presentar una declaración jurada en la que evidencie ser dueño del equipo dañado, la fecha en que se dañó el enser y los gastos incurridos en la reparación o sustitución del equipo. Deberá incluir también un estimado de un perito electricista.

La Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo a su ente administrador LUMA Energy, tendrá, por su parte, 60 días para llevar a cabo una investigación sobre lo reclamado antes de otorgar el crédito que, de aprobarse, será aplicado a la factura.

Durante la discusión legislativa, LUMA Energy había rechazado el crédito propuesto al alegar que impondría una carga financiera adicional significativa a las finanzas de la AEE, que afectaría negativamente Ia transformación de la red. La empresa sostuvo, además, que la medida no toma en consideración la Ley 22 de 2016 (Ley para la Reforma de Subsidios y Pago de Atrasos de Servicios de Energía Eléctrica y Acueductos y Alcantarillados), que prohíbe la aprobación de leyes o resoluciones que autoricen la concesión de un crédito, subsidio o subvención “sin antes mediar certificaciones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y del Departamento de Hacienda”.