La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad un proyecto de ley que designa a Mar Chiquita como una Reserva Natural, a la vez que establecería políticas públicas que reconocen la validez de los trámites administrativos que se hicieron en el pasado -pero que se pusieron en riesgo- en busca de proteger la región compuesta por acantilados, dunas, franjas de bosque, un área manglar y más de 60 familias de flora donde ubican especies críticas y en peligro de extinción.

El Proyecto de la Cámara 1823, de la autoría de los legisladores Gabriel Rodríguez Aguiló y Edgardo Feliciano, se radicó el pasado 21 de agosto y menos de un mes después fue aprobado por descargue y sin la objeción de algún representante.

El proyecto de ley ordena, además, a la Junta de Planificación a realizar un trámite expedito, salvaguardando el debido proceso de ley.

“Se ha identificado en la Reserva Natural Mar Chiquita la necesidad de proteger los terrenos y las aguas que proveen servicios y funciones importantes al ecosistema de los impactos del cambio climático, así como mitigar, restaurar y mejorar los recursos naturales y áreas ambientalmente sensitivas, a través de actividades adecuadas de desarrollo y reconstrucción”, lee la exposición de motivos de la medida.

El proyecto dispone como reglamento que la Junta de Planificación cumplirá con su responsabilidad de revisar, actualizar y adoptar planes de usos de terrenos, planes sectoriales, reglamentos y normas basadas en lo dispuesto en la Ley 75 de 1975 y en la Ley 550 de 2004, conocida como la Ley para el Plan de Uso de Terrenos. La agencia tendrá un término no mayor de 60 días a partir de la vigencia de la Ley para cumplir con lo dispuesto.

En los pasados años, hubo dos intentos por modificar los límites de Mar Chiquita, en Manatí. Entonces, activistas y organizaciones ambientales alertaron sobre los riesgos de ambas propuestas.

En 2017, la reserva natural de Mar Chiquita fue una de las siete reservas que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares eliminó mediante órdenes ejecutivas. Esta determinación fue revertida, en noviembre de 2019, por el Tribunal Supremo.

Ese mismo año, en 2019, la Asamblea Legislativa, dominada por el Partido Nuevo Progresista, aprobó un proyecto de ley para crear el “Corredor Costero de Manatí” y delimitar parte de los terrenos para un área de turismo sostenible, con el propósito de desarrollar ecohospederías, agrohospederías y áreas para acampar.

Tras la oposición de varios grupos ambientalistas, la medida -que había sido aprobada sin vistas públicas- se detuvo. Hasta ahora, que el pasado 21 de agosto, Rodríguez Aguiló y Feliciano presentaron la nueva propuesta de ley.

El proyecto de la Cámara 1823 pasaría ahora a la consideración del Senado.