La Cámara de Representantes aprobó el polémico proyecto de Reforma Laboral, que modificaría varias leyes vigentes de empleo y trabajo.

La votación fue 31 votos a favor y 13 en contra de las minorías popular e independendentista.

Minutos antes, se había aprobado a viva voz. 

El Proyecto de la Cámara 453, la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”, tuvo en su discusión la oposición por parte del portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, Manuel Natal Albelo, quien indicó que esta medida “es un proyecto ideológico” y que la flexibilidad significa “quitarle derecho a los trabajadores”.

Reiteró que nadie en la discusión de la medida ha podido “producir un solo estudio, una sola referencia de que la media logra lo que se dice que hace, que al quitarle derechos a los trabajadores se logrará la creación de empleos”.

Sostuvo que esta administración no puede dar números de cuántos empleos se crearían con el mencionado proyecto, porque “no van a crear ningún empleo”.

“El país tiene que saber que esta medida no es nueva… Tiene que saber que la Asociación de Industriales, MIDA, la Asociación de Comercios al Detal…  son los proponentes de esta medida”, sentenció Natal Albelo.

Agregó que esta administración “que no cree en los derechos de los trabajadores y revierte leyes”, con estas medidas “no genera desarrollo económico… profundiza la pobreza y desigualdad… y aumenta la migracion de los más jóvenes”.

De todas maneras, la medida se aprobó.

Además, se aprobó el proyecto 451 que le otorga al gobierno el poder de remover a los miembros de las juntas de directores de las corporaciones públicas.

El  representante Antonio “Tony” Soto dijo que entre las enmiendas que se le incorporaron al proyecto 451, también discutiéndose hoy en la Cámara de Representantes, está una que peticionó el presidente de ese Cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez para que se excluyeran de las disposiciones de las juntas de directores a las de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En cuanto a las juntas de directores, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), dijo que estas personas  “van a permanecer en sus cargos durante el término para el cual fueron elegidos, y con la ley no se modifica el mecanismo de elección de esos miembros”.

Quienes los reemplacen van a continuar con el proceso ordinario de sustitución, dijo.

También se incluye en la exclusión a la Junta del Caño Martín Peña y a la de la Península de Cantera.

Estas juntas tienen miembros electos por sus pares y no son nombrados por el gobernador. Estos últimos sí serían sustituidos a los fines de que las personas que estén en esas juntas sigan la política pública de la administración.

Otra de las enmiendas presentadas al proyecto, que no es avalado por las minorías de los partidos Popular Democrático e Independentista Puertorriqueño, es que se está incluyendo y elevándose a rango de ley, las órdenes ejecutivas que firmó el gobernador Ricardo Rosselló, y que tienen que ver con la responsabilidad fiscal y el control de gastos del presupuesto.

“Además de cuadrar la caja del presupuesto próximo, utilizando el mecanismo base cero, el reto real que tenía el gobierno era ajustar el gasto de este presupuesto vigente”, dijo el representante.

Por eso la inclusión de las órdenes ejecutivas.

Medida de reducción de gastos

Una de estas es la OE-2017-001, presentada por el gobernador Ricardo Rosselló, que tras decretar un estado de emergencia fiscal, ordena a todas las agencias a tomar todas las medidas para reducir sus gastos operacionales, congela todos los puestos de carrera, transitorios e irregulares, prohíbe la creación de nuevos puestos y elimina el 20% de los puestos de confianza.

También ordena reducción de gastos en las agencias en un 10%, entre otros ajustes fiscales.

Además, se establece como parte de las enmiendas presentadas a la medida, que los jefes de agencias y directores ejecutivos tienen que rendir un informe trimestral ante la Cámara y el Senado sobre el cumplimiento de las disposiciones de esas órdenes. También se estableció una sanción administrativa para los funcionarios que no cumplan.

La responsabilidad del cumplimiento de esa disposición recaerá sobre el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, José Marrero, explicó Soto.

Cambio de lenguaje

De otro lado, el representante novoprogresista sostuvo que luego de una reunión con miembros de Servidores Públicos Unidos (SPU), que le trajeron inquietudes sobre el proyecto de ley 451, se enmendó el lenguaje en uno de los artículos.

“Es que hacía referencia a unos incisos de la Ley 66 (aprobada en la pasada administración) y como esa ley vence, incluimos ese lenguaje… la extensión de la negociación de los convenios colectivos hasta el 2021”, indicó el legislador, quien dijo que la unión dijo que “no tenían problemas”.

“La mayor inquietud de ellos era que no se trastocaran esos convenios colectivos que ellos tenían y obviamente que se respetaran hasta el 2021 esos acuerdos”, agregó.

Mientras, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la  PROMESA, resumió que cuando se hablan de todas los proyectos presentados para atender la situación fiscal de la Isla, lo que esta administración busca es que “antes de establecer nuevas cargas para el sector privado y público, es reducir nuestros gastos operacionales y estabilizar los ingresos que tiene ya el pueblo de Puerto Rico.

Son “almas gemelas”

De su parte, en su turno, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón, dijo que la medida 451 es el alma gemela de la 453.

“El proyecto 451 menoscaba el derecho de los empleados públicos y el otro, el de los empleados en las empresas privadas, principalmente los que no tienen ninguna protección”, sostuvo.

Tras recordar que ha representado a organizaciones sindicales y profesionales en el ámbito de empleo, dijo que la Ley 66 fue la que vio el comienzo del menoscabo de derechos en reglamentos y convenios colectivos, y ahora el proyecto 451 “le da a esta administración la patria potestad y custodia de menoscabar los derechos de los trabajadores”.

Agregó que ahora se “continuará esa trayectoria que deja sin efecto los convenios colectivos, reglamentos… cualquier aumento de sueldo a empleados públicos, pero no deja sin efecto un aumento en el costo de la vida que sigue aumentando y reduce la capacidad de adquisición de bienes y servicios”. 

Por su parte, el  representante Soto dijo que cuando se presentaron estas medidas para trabajar con la situación fiscal del país, lo que se pretendió fue crear “un ambiente que sea propicio para atraer inversión a Puerto Rico”.

Aceptó que ahora mismo él no puede decir que una medida va a crear tal cantidad de empleos porque no sería responsable hacer lo que hizo la administración pasada, que dijo que crearía tantos empleos y nunca los creó.

Tras hacer un análisis de la situación real fiscal del País, dijo que “hay que lograr que el empresario que esté en Puerto Rico diga, puedo ampliar mi operación, crecer y crear más empleos y puedo hacerlo”.

También, “¿qué puedo hacer para atraer inversión a Puerto Rico?”.

Las medidas que se han radicado hasta ahora, sostuvo, “no son una solución absoluta, sino que son muchos elementos que pueden crear unas condiciones para atender ciertas situaciones y lograr la creación de empleos y que el puertorriqueño permanezca en la Isla y que los empresarios quieran ampliar su operación”.

Sobre cómo sabrán si se están creando empleos en el país, Soto dijo que hay una enmienda para que el análisis recaiga en el Departamento del Trabajo.

Manuel Natal Albelo indicó que esta medida “es un proyecto ideológico” y que la flexibilidad significa “quitarle derecho a los trabajadores”. (jorge.ramirez@gfrmedia.com)