Un proyecto para crear el Plan de Alerta Silver, con el que se persigue proteger a las personas de mayor edad que desaparecen o pierden contacto con sus parientes o custodios, completó ayer su trámite legislativo y espera ahora por la firma del Gobernador.

El Senado aceptó las enmiendas que le hizo la Cámara a esta propuesta senatorial, que está dirigida específicamente a las personas de 60 años o más que padecen de impedimentos cognoscitivos.

Según la exposición de motivos de la medida, de la autoría del senador Héctor Martínez, existe en Puerto Rico una población de cerca de 500,000 personas mayores de 65 años, de las cuales alrededor de 70,000 tienen diagnóstico de Alzheimer, lo que representa un 14 por ciento. Los datos citados los proveyó la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada.

Se citan además datos del Censo que indican que en los próximos 10 a 20 años la mayoría de la población de Puerto Rico será mayor de 60 años de edad, “lo que requerirá un esfuerzo mayor para ofrecerle y garantizarle los derechos a una vida plena y digna”.

El Senado aprobó también legislación para impedir que proveedores de servicios médicos cobren a los pacientes de la Reforma de Salud los cargos que no paguen los seguros.

La medida se refiere a los balances que la compañía aseguradora no paga a los proveedores cuando estos pacientes visitan las salas de emergencias.

El informe que sometió la Comisión de Salud sostiene que “es responsabilidad de esta Asamblea Legislativa evitar que los pacientes asegurados por un plan médico sean víctimas de esta práctica y garantizar a su vez que los proveedores de servicios médicos sólo puedan reclamar a las aseguradoras y no al paciente, el pago de los servicios médicos cubiertos por el seguro médico”.

La exposición de motivos de la medida denuncia la práctica que pretende corregir el proyecto y que, sostiene, consiste en “que los proveedores médicos facturan al paciente el balance que le adeuda el seguro médico, cuando éste paga una cantidad inferior a la reclamada o cuando el seguro médico se demora en pagar”.

La misma ordena a la Administración de Seguros de Salud (ASES) incluir esa disposición en sus contratos.

El Senado aprobó además un proyecto que enmienda la Ley de Servicio Público de Puerto Rico para que los cargos de todos los comisionados en la Comisión de Servicio Público sean por un término de ocho años.

Confirmó también el nombramiento de Miguel J. Fabre Ramírez como juez superior del Tribunal de Primera Instancia.