La Cámara de Representantes aprobó el jueves, a viva voz, la resolución concurrente que crea la Comisión Conjunta de la Legislatura para la Reforma Electoral.

La misma estaría integrada por 20 miembros, nueve de éstos de la Cámara de Representantes: cinco serán del caucus de la mayoría popular y cuatro miembros de todos los partidos de minoría, lo que significa que el Partido Nuevo Progresista, con una delegación de 21, tendría igual representante que el Partido Independentista, que tiene un solo integrante.

En el Senado, la distribución sería de seis senadores populares y cinco miembros de todos los partidos de minoría.

En ambas instancias, la representación del Partido Nuevo Progresista, con 10 senadores y 21 representantes, sería igual a la del Partido Independentista Puertorriqueño, Proyecto Dignidad o el senador independiente José Vargas Vidot.

“No sé. Nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. Es la mejor manera de manejar esto”, dijo el vicepresidente de la Cámara, José “Conny” Varela cuando se le preguntó si la pieza legislativa tiene los votos en el Senado.

“Queremos que haya una participación directa y colaborativa de todos los miembros de las distintas delegaciones que están representadas en la Cámara”, dijo Varela en el hemiciclo. “Hay el compromiso de redactar una nueva ley electoral y el pueblo reclama una nueva ley electoral”.

Varela afirmó que quiere “borrar” de la mente de los puertorriqueños los escándalos que matizaron la pasada elección general.

“Nunca es tarde cuando la dicha es buena”, sostuvo el representante independentista Denis Márquez, quien estuvo varios meses reclamando que la nueva ley electoral emanara de una discusión amplia de todos los partidos.

Los copresidentes de la Comisión Especial Conjunta serían nombrados por los presidentes legislativos, quienes podrán nombrar a un director ejecutivo. La nueva comisión estaría autorizada a ejercer todas las facultades y prerrogativas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones, incluyendo celebrar vistas públicas, recibir testimonios, requerir la comparecencia de testigos y la presentación de documentos, entre otros poderes legislativos.

El presupuesto de la Comisión especial será de $100,000 por año fiscal y deberá rendir un informe o antes del 31 de diciembre de 2023.

El representante penepé José Enrique Meléndez criticó a los populares por omitir la palabra consenso en el texto de la resolución y fallaron en no permitir que la participación de todos los partidos sea en igualdad de condiciones y no “lo que la mayoría quiera”.

También puso en duda que la mayoría popular en el Senado avale la medida porque, según dijo, no hay confianza entre el liderato de ambos cuerpos legislativos.

El representante José Bernardo Márquez, de Movimiento Victoria Ciudadana favoreció la resolución.

“La idea, la propuesta de que una nueva ley electoral se haga con la participación de las distintas delegaciones, tenemos que estar de acuerdo con ella”, señaló Márquez.

El portavoz penepé Carlos “Johnny” Méndez presentó enmiendas para, entre otras cosas, lograr que el presupuesto se distribuyera en partes iguales entre las delegaciones.