El Senado de Puerto Rico aprobó hoy un nuevo Código Municipal que compila 15 leyes actuales sobre la administración de los ayuntamientos y que sustituiría a la Ley de Municipios Autónomos.

Con 23 votos a favor y dos en contra (senadores Juan Dalmau y José Vargas Vidot) se dio paso al Proyecto del Senado 1333 que fue radicado en agosto de 2018 por la exsenadora Margarita Nolasco y que contiene más de 1,400 páginas. Posteriormente, el senador Nelson Cruz atendió la medida como presidente de la Comisión de Asuntos Municipales.

“Esta es una medida de avanzada adaptada a necesidades de municipios en los tiempos modernos”, dijo Rivera Schatz durante la sesión previo a la aprobación de la pieza legislativa que se divide en diversos libros: Gobierno Municipal, Administración, Servicios Esenciales, Procesos Municipales y Gestión Comunitaria, Desarrollo Económico, Planificación y Ordenamiento Territorial y Hacienda Municipal.

Agregó que el Código Municipal se consultó con los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes, al tiempo que destacó la gestión “visionaria” del exgobernador Rafael Hernández Colón cuando en 1985 promulgó una Orden Ejecutiva estableciendo la Comisión para la Revisión de la Ley Municipal (que había sido aprobada en 1960) a fin de que se examinara el ordenamiento orgánico y jurídico de los ayuntamientos y proponer los parámetros que regirían la autonomía municipal. Ese proceso dio paso a que en 1991 se aprobara la Ley 81 de Municipios Autónomos.

Precisamente, Cruz resaltó que el proyecto da autonomía a los municipios y reconoce el rol de los alcaldes, quienes son los que siempre responden – en primera línea- en casos de emergencia como quedó evidenciado en 2017 tras el azotes de los huracanes (Irma y María), los terremotos que afectaron la zona sur a principio de año y más reciente con la crisis de la pandemia por el coronavirus.

En este sentido el Código Municipal autoriza que en situaciones de urgencia o emergencias decretadas por el alcalde o el gobernador mediante orden ejecutiva, se puedan adquirir equipos o materiales sin limitación alguna. Actualmente, la ley fija un límite de gastos de $150,000.

Otros puntos contenidos en el Código Municipal incluyen incorporar el concepto de consorcios y las alianzas intermunicipales; autoriza a los gobiernos municipales a establecer alianzas público privadas; faculta que los alcaldes puedan ordenar el cierre de negocios y su operación cuando adeuden o no cuenten con patentes municipales o la porción municipal del Impuesto de Ventas y Uso (IVU); y reglamenta los procesos para facilitar las franquicias, empresas municipales o entidades corporativas con fines de lucro, al tiempo que exime a los propietarios u operadores del pago de arbitrios, patentes, aranceles y de contribuciones. Además, se le permitirá al alcalde denegar aumentos de sueldo a empleados de carrera si entiende que estos no ofrecieron servicios satisfactorios.

Antes de emitir su voto en contra, el legislador independiente Vargas Vidot expresó su sentir sobre el proyecto y mostró gran preocupación, por ejemplo, que en el mismo esté ausente la participación de las organizaciones de base comunitaria.

“Hubiera sido buen ejercicio para integrar profundamente una relación que no sea meramente asistencial… hay alcaldes que sí tienen relaciones operacionales y gerencialmente eficaces pero lo hacen a motus propio. En este momento la comunidad es una columna importante de la economía puertorriqueña”, expresó al indicar que hay documentación que evidencia que más de 135 mil empleos en el país se producen de las organizaciones comunitarias.

Reconoció que el Código Municipal tiene “elementos muy poderosos” como, por ejemplo, que unifica 15 leyes en una sola. Elogió también que se facilite el concepto de consorcios. “Eso es extraordinario”, dijo.

Pero dijo tener “recelos” en otros aspectos como el hecho de que se exima de pagos de arbitrios o patentes a las empresas municipales pues eso plantearía una “desigualdad competitiva” contra los pequeños y medianos comerciantes que compitan con esas empresas creadas en los ayuntamientos y que sí tendrán que efectuar los pagos.

Sostuvo también que eliminar el límite de $150,000 que tienen los alcaldes para utilizar en casos de emergencia -y sin que medie un proceso de subastas- es un factor en el que “debemos poner un ojo”. “No digo si es bueno o malo, pero debe quedar claro”, indicó.

Mientras, el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia Gautier, votó a favor del proyecto reconociendo que habrá municipios que se les dificultará cumplir con lo estipulado en la medida, pero que son asuntos que se tendrán que observar desde la Legislatura y desde la Fortaleza.

“La pregunta es si todos los municipios están listos para esto y la respuesta es no…pero van a aprender… tenemos que adelantar la ley, las oportunidades y asegurarnos de que habrán 78 laboratorios de democracia en Puerto Rico”, expresó.

“Yo voto con entusiasmo a favor sabiendo que no es un código perfecto… tiene asuntos que se pueden ir mejorando”, agregó al agregar que no se debe tener miedo de transferir más funciones a los gobiernos municipales. “Algunos lo harán bien. Otros no… con esos hay que intervenir para ayudarlos”, sostuvo.