El senador Javier Aponte Dalmau condenó esta tarde el veto del gobernador Pedro Pierluisi de la Resolución Conjunta del Senado 89, que encaminaría un proyecto de extensión de la entrada principal de Loíza que serviría como ruta de desalojo ante una emergencia o desastre natural.

El proyecto pretendía establecer un conector desde la entrada al pueblo, o calle 1, hasta la carretera PR-187, a la altura de la colindancia entre los barrios Medianía Alta y Medianía Baja.

Según indicó el legislador popular, Pierluisi, mediante el secretario de Estado, Omar Marrero, cuya firma como gobernador interino fue la que vetó el proyecto, rechazó el proyecto basándose en razones que según él son insustentables.

El gobernador, según Aponte Dalmau, indicó que tal veto se dio porque habría un impacto nefasto al medioambiente, establecería una ruta específica que posiblemente no estaría alineada con los planes de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y que significaría un impacto fiscal de sobre $365 millones a los presupuestos de la ACT y del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

Sin embargo, Aponte Dalmau indicó que estas razones son falsas, ya que el proyecto precisamente pretende efectuar un estudio de ambiente previo a la implementación de obras del DTOP y que menciona un espacio en general por el cual debería discurrir, y no una ruta específica. Además, dijo que había discutido con Pierluisi la posibilidad de que las agencias solicitaran los fondos mediante el Rebuilding American Infrastructure with Sustainability and Equity (RAISE) para las primeras fases del proyecto.

“Yo no pude entender las razones. Las excusas que está utilizando, las excusas que le va a tener que dar a los residentes de Loíza, por una razón que me parece inconcebible”, señaló en conferencia de prensa al especificar que el veto fue informado a la alcaldesa loiceña, Julia Nazario Fuentes, el pasado sábado.

“El sentir mío y de la alcaldesa es que nos sentimos traicionados con estas acciones que ha hecho el gobernador. Indudablemente lo que han hecho es privándole a los loiceños de un proyecto que llevan alrededor de más de ocho años luchando”, describió Aponte Dalmau.

La medida establece que el proyecto “requeriría aproximadamente de un kilómetro y medio (1.5 k.m.) de construcción y serviría como vía alterna al extenso recorrido que tienen que realizar al presente quienes residen o visitan dicha comunidad. La ruta actual requiere conducir a través de la carretera PR-3, para entonces tomar la carretera PR-188, que transcurre por el municipio de Canóvanas y cruza el municipio de Loíza, como única vía de acceso a la carretera PR-187. Esta ruta alterna es de particular importancia para brindar alternativas de evacuación de desalojo y movilización en caso de surgir alguna emergencia”.

“Por otro lado, es importante señalar que quienes residen en los barrios Medianía Alta y Medianía Baja de Loíza, disponen únicamente de la Carretera PR-187 como ruta de entrada y salida. En caso de un tsunami u otro evento atmosférico de envergadura, esa ruta podría afectarse por su cercanía a la zona costera, lo que inevitablemente causaría el aislamiento de la ciudadanía residente en estos barrios”, lee el proyecto.

De acuerdo a Aponte Dalmau y Nazario Fuentes, el veto es una contradicción con las conversaciones que han sostenido con el Primer Ejecutivo.

La alcaldesa, por su parte, indicó que Pierluisi “en todo momento me ha reafirmado que existe un compromiso de su administración con la construcción de una ruta alterna que salve las vidas de los loiceños y loiceñas”,

“Espero que el respeto a la vida, la solidaridad y la buena voluntad ilumine a todos los que tienen que mover este vital asunto para que así lo hagan”, indicó en declaraciones escritas.

Con aras de que el proyecto se haga realidad, Aponte Dalmau propondrá hoy en la sesión legislativa que sus homólogos “vayan por encima del veto del gobernador”.

“De lo contrario, de lo que estamos hablando es de un acto politiquero, y si el 7 de febrero el Senado votó unánimemente a favor de esa medida a hacerle justicia a la seguridad y a la vida y a la propiedad de los loiceños y loiceñas, que hoy también tengan la misma responsabilidad, ya que el gobernador no se la da y lo que ha hecho es esconderse detrás del gobernador interino, Omar Marrero, para que le fije esa notificación a los loiceños”, sentenció.

“Nos está sumamente extraño que este sea el veto número 33 de bolsillo que hace el gobernador, para un total de 55 medidas que el gobernador ha vetado hasta este momento. El gobernador está vetando el 17% de las medidas que se les están presentando”, añadió.

A tenor con las expresiones del senador y la alcaldesa, César Osorio, miembro del Comité del Movimiento Comunitario Pro Bienestar de Loíza, también expresó molestia, tanto con sus palabras como con gesticulaciones con sus manos, por el rechazo de Pierluisi, máxime porque relató que el gobernador “ha estado en nuestro municipio un sinnúmero de veces” y se comprometió con la comunidad en atender el asunto.

“Esto es la vida y la vida no tiene el costo. Loíza le ha dado a este país su cultura, su comida, el pulmón de la zona metropolitana es el Bosque de Piñones y el gobierno le metió máquinas dentro del bosque, rompieron 15 kilómetros de mangle y ahí está abandonado totalmente por el gobierno. Se perdió el bosque, se perdió la flora, se perdió la fauna y ahora nos quieren dejar encerrados”, denunció.

Héctor De Jesús Correa, también líder comunitario del pueblo costero, coincidió con las expresiones vertidas, recalcando que el veto resultó como “una sorpresa” para él y sus compueblanos, por lo que pidió una explicación mejor detallada de las razones detrás del rechazo.

“Aunque (Pierluisi) no lo aprobó, los comentarios que hizo hace como dos meses que (estuvo en) Loíza era que estaba en su plan de gobierno y que él lo favorece”, manifestó.

El senador y De Jesús Correa recordaron que es la tercera vez que el proyecto pasa por el aval de la legislatura, pero no se materializa.

La medida dicta que “el 17 de junio de 2015 se aprobó la Resolución Conjunta 50-2015, con el propósito de ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas actualizar el estudio de viabilidad del proyecto de extensión de la entrada principal de la urbanización Villas de Loíza. Del mismo modo, el 27 de enero de 2018 se aprobó la Resolución Conjunta 22-2018, para los mismos fines. Sin embargo, en ambas instancias el DTOP incumplió con rendir el estudio de viabilidad a la Asamblea Legislativa en el término legal ordenado. Desde entonces han transcurrido seis largos años sin acción del Gobierno, arriesgando la seguridad de quienes residen y transitan por el lugar”.