A pesar que desde el 2011 está disponible en Puerto Rico una aplicación móvil que alerta a través del celular a las víctimas de violencia de género si su agresor o agresora -con grillete electrónico- está violentando los parámetros de distancia establecidos por el tribunal, solamente el 1.6% de las personas que cualifican están utilizando el servicio, ya sea porque no han sido orientadas o están confundidas sobre el programa de seguridad, o porque no aceptan la medida preventiva.

Hasta el viernes pasado en la isla había 1,553 personas bajo supervisión electrónica y de estas 440 son por casos vinculados a la Ley 54 de Violencia Doméstica. Sin embargo, solo siete víctimas (todas mujeres) tienen activas en sus celulares la aplicación EMPOWER, una herramienta que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) tiene disponible desde el 2011 como parte del contrato de grilletes y vigilancia electrónica que tiene con la compañía Track Group.

Entre las siete sobrevivientes que tienen la aplicación se encuentra Maribel Meléndez Ayala, una mujer que acudió al tribunal de Arecibo el pasado 8 de marzo cuando decidió buscar ayuda para salir de un patrón de maltrato que la tenía al borde de un abismo y comprometía su seguridad.

Ese día a Maribel se le concedió una orden de protección, mientras a la otra parte involucrada se le encontró causa para arresto. El individuo fue ingresado como sumariado a una cárcel en donde estuvo recluido hasta el 16 de abril cuando salió bajo fianza. Mientras se lleva a cabo el juicio en su fondo, una de las medidas impuestas por el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) fue que el hombre estuviera en libertad condicionada con un grillete electrónico y unas disposiciones de horario establecidas por el tribunal.

Sin embargo, Maribel no recibió la oferta de que se le instalara la aplicación, aun cuando el artículo 2 de la Ley del programa de vigilancia, protección y prevención para casos de violencia doméstica agravada -el cual fue el caso de la sobreviviente- dispone que “los tribunales ordenarán que se le provea a la víctima una aplicación tecnológica para la detección del agresor dentro de la distancia dispuesta por la orden, que opera a través del Sistema de Posicionamiento Global conocido por sus siglas en inglés como GPS, o cualquier otra tecnología que cumpla con estos fines, para ser usada en teléfonos, relojes inteligentes, o cualquier otro aparato similar con esta tecnología”.

“La aplicación se limitará solamente a advertir a la víctima que el agresor se encuentra dentro del perímetro establecido por la orden, incluyendo una notificación de la localización específica de este, cuando el agresor esté dentro de dicho perímetro. No ofrecerá ninguna otra información o datos ni del agresor ni de la víctima”, agrega el estatuto.

Maribel insistió en que no hubo tal ofrecimiento y que supo de la aplicación cuando buscó auxilio adicional en la Casa de Pensamiento de la Mujer, en Aibonito. “Allí me encuentro con que ellos me hablan de la aplicación que se usa cuando el agresor está en la calle con grillete... empecé a escudriñar, busqué la ley de protección de vigilancia de PSAJ y los llamé e inmediatamente me la instalaron. Tengo que decir que estuvieron en la mejor disposición de ponérmela rápido”, narró.

Lo que nunca imaginó Maribel es que días más tarde, el 8 de mayo, la alarma de la aplicación se activaría para advertirle que su agresor estaba cerca de su zona.

“Estaba en el área norte y recibo una llamada a las 12:36 de la tarde. Me dijeron: ‘estamos llamando para que tenga conocimiento que el agresor está bien cerca de usted y para que tome las medidas necesarias... yo tomé las medidas de precaución y me moví al cuartel más cercano y allí le dije al retén lo que había ocurrido. Enseguida vino un personal de violencia doméstica para preguntar si todo estaba bien y luego de un rato me autorizaron a continuar mi camino”, explicó Maribel.

Manifestó estar satisfecha con el sistema de monitoreo que funciona a base de la cobertura del celular. Además, el dispositivo debe estar todo el tiempo con carga y prendido.

“Te puedo decir que aquí en Puerto Rico muchas mujeres que estaban pasando por la situación que yo estoy pasando, en la que a lo mejor su agresor tenía supervisión electrónica, pudieron haber prevenido situaciones e, incluso muertes, si hubieran tenido esta aplicación. En mi aspecto personal te puedo asegurar que funciona”, sostuvo.

Bajo esa misma premisa insistió en la importancia de que el gobierno “debe tomar cartas en el asunto” para que las víctimas sean mejor orientadas sobre estrategias o herramientas que tienen a su alcance para mayor seguridad.

“El fallo, en mi caso, fue que no me la ofrecieron y yo fui la que hizo las gestiones. Pero entiendo que estas son cosas que hay que dar a conocer... no es solo poner un estado de emergencia por violencia de género. Detrás de esa orden ejecutiva hay cosas que hay que hacer para que esa decisión sea efectiva”, opinó la mujer que quiere ser portavoz y ejemplo para otras víctimas de violencia de género que no fueron orientadas sobre la aplicación o que negaron la ayuda por desinformación.

Falta orientación

Según Joel Gurrola, ejecutivo de Track Group, la empresa que desde el 2011 ha ganado las subastas para la contratación referente a los grilletes y el sistema de vigilancia de los dispositivos, han sido “menos de 50” las víctimas de Ley 54 que han bajado la aplicación para recibir el servicio de protección.

El último contrato con Track Group se firmó en enero y estará vigente hasta el 30 de junio. El DCR paga $234,063 al mes. El costo diario por los grilletes fluctúa entre $5.90 (por los del programa Reli Alert, utilizados en los casos de violencia doméstica) y $3.90 (por los programas Shadow, utilizado para otros delitos).

El contrato provee los grilletes y el monitoreo de los aparatos -tanto para el PSAJ como para los manejados por el DCR- con aquellas personas que fueron sentenciadas, pero que fueron autorizadas a culminar su pena en programas de desvío. De los 440 casos vinculados a violaciones de la Ley de Violencia Doméstica, 80 son en convictos que cumplen un programa de desvío y 360 son del PSAJ. De este último grupo, 335 son hombres y 25 son mujeres.

“La aplicación ya está contemplada en el contrato que tenemos actualmente y no representa un costo adicional para Corrección ni para la víctima. Es una aplicación que funciona tanto para androide o iOS en el que se toma la ubicación del smartphone y la del GPS del grillete y si hay un acercamiento avisa inmediatamente al centro de monitoreo indicando la ubicación del participante que tiene el dispositivo y el de la víctima. En ese momento, avisa simultáneamente a la víctima”, explicó Gurrola al indicar que también puede darse el caso en el que sea la víctima la que oprima un botón de pánico que alertará a las autoridades a través del sistema de emergencia 9-1-1 que su agresor está cerca y necesita asistencia policiaca.

Manifestó que “desafortunadamente” aunque la aplicación es segura y efectiva hay una participación baja, por lo que la empresa ha tenido conversaciones recientes con la Procuradora de las Mujeres y el DCR a fin de fomentar campañas educativas.

En entrevista con Primera Hora, la directora de PSAJ, Janet Rodríguez Robles, aceptó el escenario de poca viabilidad que ha tenido la aplicación entre los sobrevivientes de violencia de género, una situación que atribuyó al poco acceso que el programa tenía con las víctimas, pues la operación está centrada en los imputados.

“En pasados años era difícil llegar a las víctimas, porque trabajamos con los imputados. Desde enero me di a la tarea de dar a conocer esta aplicación. Lo estamos trabajando a través del programa de Servicios de Aviso a Víctimas Sobre el Estatus de Reclusos (SAVER), quienes tienen comunicación directa con las sobrevivientes”, acotó.

“Si estamos pagando por una aplicación tenemos que promoverla para que las víctimas se beneficien de ella... aunque hemos tenido la situación de que muchas no querían la aplicación porque entendían que se les estaba monitoreando. Había una falta de orientación. Por eso mismo entramos en conversación con la Procuradora de las Mujeres y el Proyecto Matria, para darla a conocer”, agregó.

A corregir los tropiezos

De hecho, el comité PARE -creado por el gobernador Pedro Pierluisi luego de decretar el estado de emergencia en enero pasado-, reportó en su último informe los tropiezos que han surgido con la aplicación y establecieron un plan que busca orientar no solo a las víctimas, sino a las agencias de ley y orden que tienen contacto con estas.

Así lo explicó a este diario la fiscal Ileana Espada, oficial de cumplimiento de PARE, al indicar que se identificó “la brecha” como parte de la evaluación que se ha hecho en las agencias gubernamentales, respecto a los protocolos establecidos para combatir la violencia hacia las mujeres en Puerto Rico.

“Como parte de la evaluación de protocolos en las agencias identificamos a EMPOWER y a SAVER como unos programas a los que se les debe dar mayor difusión entre las víctimas”, explicó Espada.

Agregó que también se hizo un ejercicio en el que el subcomité de Seguridad y Tecnología de PARE pudo conversar con algunas sobrevivientes que han rechazado la propuesta de que se les instale la aplicación y el sentir de la mayoría es que piensan que pueden ser “trackeadas”.

“Las víctimas tienen la noción de que pueden ser vigiladas por sus agresores a través de este sistema y eso es importante saberlo porque no queremos que se sientan revictmizadas. Pero si la víctima no recibe una buena orientación va a haber un rechazo de entrada y lo verá como una intromisión al espacio de seguridad que ella misma crea”, subrayó.

Recalcó que en el último informe entregado al gobernador, en abril, hay un compromiso para comenzar a trabajar el aspecto educativo de esta aplicación móvil con el interés de aumentar la cantidad de participantes.

“Es una brecha identificada que vamos a trabajar con educación, educación y educación. Y lo digo tres veces para destacarlo porque es una campaña que hace falta. Y es importante que en primer lugar a los que se orienten sean a los componentes del sistema: dígase intercesoras legales, jueces, fiscales, policías, organizaciones sin fines de lucro, entre otros. No se puede recomendar algo que no se conoce. Así que ese es el primer paso”, puntualizó.

Otra gestión en la agenda de PARE es que el Departamento de Seguridad Pública desarrolle el proyecto de digitalización del sistema de órdenes de protección. “Este proyecto ya está en desarrollo y dando sus primeros pasos”, aseguró.