Esta semana el secretario de Justicia, César Miranda, en una conferencia de prensa junto al fiscal de distrito, José B. Capó, y a la Jefa de Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, anunciaron la presentación de cargos criminales contra Luis Gustavo Rivera Seijo, de 37 años, por el asesinato del niño, ocurrido el 9 de marzo de 2010, mientras dormía en su residencia de la urbanización Dorado del Mar, en medio de un supuesto intento de robo.

Esta acusación ha generado una ola de reacciones de un sector del país que pone en entredicho los argumentos expuestos por el Departamento de Justicia para sustentarla.

“Sería totalmente irreal y a mi juicio poco responsable siquiera insinuar que el superintendente (José) Caldero, que César Miranda, en su momento Luis Sánchez Betances (exsecretario de Justicia) y que Rosa Emilia Rodríguez y el fiscal José Capó se pusieron todos de acuerdo para acusar a quien no era. Si usted tiene a todo el mundo que es experto en el tema diciéndole que toda la evidencia señala a este señor como autor de los hechos, le corresponde a los fiscales encausar a la persona que la evidencia señala”, sentenció García Padilla, durante una conferencia de prensa para anunciar la asignación de nuevos vehículos y motoras para la flota de la Policía.

García Padilla igualmente reaccionó a las expresiones de Rodríguez, quien denunció que durante la pasada administración, el exsecretario del Departamento de Justicia, Luis G. Somoza y el fiscal general, Obdulio Meléndez, rechazaron la colaboración de las agencias federales para ayudar a esclarecer el crimen del niño. 

El primer ejecutivo manifestó que no adjudicaría negligencia a nadie, pero sí afirmó que Somoza no le sirvió bien al País al rechazar la ayuda de las autoridades federales.

“No hizo ningún sentido y no le sirvió bien al País el Departamento de Justicia cuando le decía a los federales que no querían su ayuda. Si los federales pueden ayudar en cuanto a un caso, lo correcto es que el Departamento de Justicia reciba la ayuda, si lo que los fiscales federales tienen que aportar después resulta descartado, pues está bien que lo evalúen y lo descarten”, dijo el gobernador.

El primer ejecutivo hizo la salvedad de que no conoce las razones por las cuales se rechazó la ayuda a pesar de que tenían un caso que no habían podido esclarecer.