Aunque unos 22 mil empleados públicos fueron reclasificados en sus puestos de trabajo, solo unos 11,480 recibirían algún aumento salarial cuando entre en vigor el nuevo plan de clasificación y retribución el 28 de febrero próximo.

Los servidores públicos impactados por las reformas serán notificados cinco días antes y tienen 30 días para apelar.

La directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Zahira Maldonado Molina, indicó en una vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes que el plan aplicará al 52% de los 22 mil servidores públicos “de carrera” del gobierno central cobijados por la Ley 8 de 2017. Los empleados de confianza no están cubiertos por esta ley.

“Se van a reclasificar los 22 mil, pero de esos se estima con las proyecciones que hemos realizado que un poco más de la mitad son los que recibirán un ajuste salarial”, dijo Maldonado Molina en una comparecencia conjunta con el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco Urrutia.

Al ser preguntada por las expectativas de muchos empleados públicos de que se les aumentará el salario, Maldonado Molina indicó que “esto no es un proyecto de aumento de salario, es la implementación de una nueva escala salarial y un nuevo plan de retribución que se hizo obteniendo datos del mercado para, de esa manera, asignarle la retribución correcta al puesto”.

La abogada no precisó la cantidad mínima ni máxima de los aumentos, ni qué tipo de empleado recibiría el alza mayor y o la menor cantidad.

“Cada agencia tenía planes de retribución diferentes, aunque fuese en el mismo puesto y ahora reciben una misma clase dentro de un plan, es difícil y muy técnico hacer esa diferenciación porque tendría que ir al salario particular de una persona”, indicó a preguntas de Primera Hora.

Dijo que los trabajadores públicos que recibirán los aumentos están dispersos en los departamentos y oficinas del gabinete de gobierno. El plan excluye a las corporaciones públicas y a las ramas Legislativa y Judicial. Los maestros y policías también tampoco están en el plan.

Maldonado Molina indicó en la ponencia sometida a la comisión que en el plan fiscal certificado se contemplan $99 millones para los ajustes de salarios y $33 millones para nuevos nombramientos de empleados, además de gastos operacionales, para un total de $132 millones anuales. Añadió que la disponibilidad de las partidas está sujeta al dictamen de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). También dijo que en el presupuesto certificado para el año fiscal vigente (2022-2023) hay una partida de $59 millones para poner en marcha el plan.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, le solicitó la lista de agencias que están bajo la jurisdicción de la Ley 8, los convenios colectivos que están bajo esa estructura y cuáles tienen cláusulas de enganche. El líder legislativo también pidió copia del estudio de mercado en el que se fundamentó el plan, los criterios para elevar o bajar de una clasificación a empleados que están por contrato, el presupuesto para el nuevo reclutamiento y la asistencia de los líderes sindicales a las orientaciones que están dando sobre el plan.

“En realidad lo que va a estar impactado es menos del 15% de los 111,809 empleados de carrera que hay en el gobierno”, estableció en su línea de preguntas el representante Héctor Ferrer Santiago.

El legislador puntualizó que de los 11,480 que recibirían aumentos, unos 3,000 se beneficiaban del aumento en el salario mínimo a $10.15 la hora.

El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García, otorgó a la OATRH hasta el miércoles próximo para que les entregue copia del plan final, pues dijo que el borrador contiene 45 clasificaciones y ahora se redujo a 22.

“La licenciada Maldonado alegó que la JSF fue la que hizo los últimos cambios”, indicó Torres García, quien también consideró baja la cantidad de empleados públicos que se beneficiarían con los ajustes salariales.

La legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, criticó la ponencia que sometieron a la comisión los directivos de la OATRH y OGP y enfiló sus preguntas hacia los altos salarios que devengan los empleados de confianza, a quienes no les aplican las nuevas guías y clasificaciones de personal.