Anuncian querella ante el Contralor Electoral contra Pierluisi
Basada en parte en una historia del New York Times sobre finanzas del comisionado residente y su esposa.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 8 años.
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El senador popular Jorge Suárez anunció que se solicitará al contralor electoral que se inicie una investigación sobre fondos presuntamente recibidos por el precandidato a gobernador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, como resultado de una actividad que se alega fue coordinada por un agente de la compañía Morgan Stanley.
Suárez planteó que se debe divulgar si Pierluisi reportó los ingresos producto de la citada actividad de recaudación de fondos realizada en agosto de 2014. El legislador recordó que Morgan Stanley fue una de las empresas que viabilizó una emisión de bonos del gobierno de Puerto Rico por $3,500 millones y que uno de los compradores de esa emisión de bonos fue la empresa Och-Ziff, que identificó como cliente de la esposa de Pierluisi, María Elena Carrión.
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El contralor electoral, puesto ocupado por Manuel Torres, tiene el deber de fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas de todo aspirantes a un cargo electivo, así como las iniciativas de entidades que respaldan precandidatos, candidatos o partidos políticos. El funcionario tiene que asegurarse de que cumplan con la ley que regula las campañas electorales.
Durante una conferencia de prensa en la sede del Partido Popular Democrático (PPD), Suárez, acompañado de Eluis Vick, precandidato a la Cámara por Acumulación, planteó la necesidad de investigar aportaciones hechas a Pierluisi en parte basado en un reportaje publicado por The New York Times el 12 de abril.
En ese artículo se alude a la prosperidad económica de Pierluisi y su esposa, presuntamente gracias a bonistas. Según Suárez y Vick, existe “un posible esquema de fraude e influencias indebidas” que debe investigar la Oficina del Contralor Electoral.
Suárez y Vick, además, hicieron referencia a informes financieros del también comisionado residente en Washington para hacer sus denuncias. También divulgaron copia de la citada actividad de recaudación de fondos en el Hotel Pennsylvania, de Nueva York. En el texto se indica que el donativo sugerido es de $2,600. El diario neoyorquino indicó que el correo electrónico que acompañaba la investigación al evento sugería que los asistentes podrían “continuar el diálogo” con Pierluisi.
Confrontado con el documento, Pierluisi describió el texto como un “lenguaje desafortunado”. El líder del PNP, desde la semana pasada, ha negado señalamientos vertidos en el citado artículo.
“Estaremos presentando mañana un referido al Contralor Electoral”, dijo Vick, expresidente de la Juventud del PPD. “Que se investigue específicamente si hay un informe de este ‘fund raiser’. Si no lo hay, están violando la ley”, sentenció.
Según Suárez, Pierluisi tiene que dejarle saber al país cuántas compañías que trabajan emisiones de bonos de Puerto Rico tienen contratos con su esposa y cuántas compañías que cabildean en su oficina tienen contratos con la firma de Carrión, Multicultural Ventures.
Carrión tiene tres décadas de experiencia en la industria financiera ofreciendo asesoramiento a compañías privadas en el ámbito de las inversiones. Veinte días después de que Pierluisi juramentara en el 2009 como comisionado residente volvió al campo de las finanzas tras un breve retiro, fundando Multicultural Ventures.
De acuerdo con el diario The New York Times, dos clientes de Multicultural Ventures: Fundamental Advisors y Och-Ziff Capital Management, han cabildeado en la oficina de Pierluisi.
Suárez dijo también que Pierluisi tiene que decir si empresas que han comprado bonos de las Obligaciones Generales del país le han levantado fondos de campaña y por qué su fortuna ha crecido 27 veces desde que comenzó su carrera en Washington D.C.
Pierluisi ha impulsado mediante legislación un proyecto de ley federal que viabilizaría que Puerto Rico pueda acogerse al capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal. No obstante, el proyecto garantiza el pago de las Obligaciones Generales, dejando en un segundo plano a otros bonistas del gobierno.
“Él (Pierluisi) dice que no controla quién le hace eventos de recaudación de fondos pero ¿cómo usan tu logo de campaña?, cuestionó Suárez. “Si quieres ser gobernador del país, tienes que decir las cosas a la gente como son”, argumentó el senador popular.
Preguntado si la apertura de la oficina de Carrión en el 2009 podría explicar en parte el crecimiento económico de su matrimonio con Pierluisi, Suárez respondió que lo que él está cuestionando es el “carácter” del comisionado residente, no las operaciones profesionales de su esposa.
“El (Pierluisi) no ha dicho por qué sus fianzas han aumentado y reniega que hay una compañía que está operando, que le pertenece a un matrimonio y que él ha mantenido que no tiene nada que ver su trabajo legislativo con los trabajos que hace su esposa”, insistió el también exsecretario del PPD.
Suárez sostuvo que en el 2008 los ingresos del matrimonio Pierluisi-Carrión alcanzaban los $36,000, pero al año siguiente alcanzaron los $589,000. Un año después, los ingresos subieron a $2.9 millones, agregó.
“De $36,000 a $2.9 millones en dos años y tú te quedabas sin empleo”, puntualizó Suárez en referencia a la Ley 7 que impulsó el gobernador Luis Fortuño, mientras Pierluisi era comisionado residente.