Aunque dicen que ‘Justicia tardía, no es justicia’, Rosa Lydia Vélez afirmó hoy jueves, que su larga lucha de más de 34 años para que se reconozcan los derechos de los niños y niñas con necesidades de educación especial en el país, no ha sido en vano.

Su hija, Isamar, paciente de perlesía cerebral y quien ahora tiene 41 años, será indemnizada con la suma de $125,000 mediante un acuerdo que firmó Vélez con el Gobierno, poniendo fin a la demanda que entabló la mujer en 1980 contra el Departamento de Educación.

Sin embargo, el pleito de clase que lleva su nombre, seguirá vivo en los tribunales al igual que la fase de incumplimiento de la sentencia de 2002, que obliga al Departamento de Educación a pagar multas diarias de $10,000 por no cumplir con las estipulaciones en torno a los servicios del Programa de Educación Especial.

“Esto se ganó y los niños tienen derecho a ser indemnizados. El padre que quiera buscar su abogado puede hacerlo y reclamar la indemnización de sus hijos”, dijo Vélez a la prensa cuando salía con su hija en silla de ruedas de la sede del Departamento de Justicia, en Miramar, donde se firmó el acuerdo.

El gobernador Alejandro García Padilla estuvo presente en la ceremonia junto con los secretarios de Justicia, César Miranda, y de Educación, Rafael Román.

Vélez, de 66 años, indicó que transó su caso “porque los tribunales se estaban tardando mucho y hay que acelerar estos procesos porque ya ellos (los estudiantes de educación especial) ya ganaron una indemnización”.

“Mi hija ya tiene 41 años y nunca recibió beneficios de las estipulaciones y ya yo voy cumpliendo más años… Como madre responsable tengo que asegurar el futuro de mi hija. Como quiera que sea, son 35 años de labor que no tienen precio”, sostuvo la enfermera graduada de profesión, quien tuvo que dejar de trabajar cuando su hija cumplió la mayoría de edad porque ya no había ningún centro de asistencia bajo el Departamento de Educación que atendiera a la joven. “Yo sigo (la lucha). Desde la mesa del comedor de mi casa, cada llamada que yo recibo de educación especial, la contesto y cuando voy al supermercado cada persona que me detiene, la ayudo en lo que puedo”, indicó la mujer, quien también estaba acompañada por su hijo Rubén Malaret Vélez y el psicólogo de su hija, Luis Sánchez.

Vélez sostuvo que ahora también brinda asistencia a jóvenes adultos de educación especial, mayores de 21 años en una alianza con el Departamento de Salud.

En torno a la indemnización que recibirá Isamar, detalló que la mitad del dinero estará bajo la custodia del tribunal y la mitad restante “será para saldar la casa” que dejará a su hija. “Lo que le otorguen a mi hija no va a mis manos, va a custodiarse por un tribunal. Igual a todo niño que gane una indemnización, el padre no puede hacer uso de ese dinero”, agregó.

La transacción del caso se dio en virtud de la Ley de Pleitos contra el Estado, que tiene un tope de compensación de $150,000. El Departamento de Justicia informó que este es el primer acuerdo transaccional en la fase de daños del histórico pleito que se lleva litigando por más de tres décadas. 

El gobernador indicó en declaraciones escritas que el acuerdo representa un cambio de miras muy importante. “Queremos un país justo, con igualdad de derechos y oportunidades para todos, en el que cada persona sienta que puede realizar sus sueños a cabalidad. Me siento sumamente orgulloso y contento por la firma de este acuerdo. Confío en que hoy estamos dando un paso al frente en la búsqueda de la justicia, la igualdad y la libertad para nuestros estudiantes de educación especial”, expresó.

Por su parte, el secretario de Justicia, César Miranda, indicó en comunicado de prensa que “durante 35 años” el caso se litigó de manera adversativa, pero sostuvo que este tipo de reclamo no puede verse como uno estrictamente legal. “Siempre vi este caso como uno de justicia social y me enorgullece haber contraído este acuerdo que hoy nos permite mirar hacia el futuro con la esperanza y el compromiso renovados para con esta población”, indicó Miranda.

Aunque a la firma del acuerdo se invitó a la prensa, solo se le permitió la entrada a los fotoperiodistas para captar gráficamente el pacto. Los reporteros no tuvieron acceso a la ceremonia en el Piso 11. 

“Estamos muy felices y complacidas de que al fin se haya hecho justicia en el caso de Rosa Lydia y de Isamar. No se podía esperar más, de la misma manera, que esperamos que a muchos otros que les corresponde recibir una compensación económica por los daños sufridos, comiencen a dárselas sin demora. No se justifica que el gobierno se siga demorando sin darle a cada cual lo que le corresponde”, reaccionó por su parte, Carmen Warren, portavoz del Comité Timón de Madres y Padres de Estudiantes de Educación Especial y una de las demandantes en el pleito de clase.

Recordó que a través del tiempo, unos 58 casos fueron consolidados al caso de Rosa Lydia Vélez. Dijo además, que el tribunal certificó en una ocasión que “la clase” estaba constituida por unos 162,522 niños y niñas con algún tipo de necesidad de educación especial, pero reconoció que no todos han podido hacer acopio de la evidencia para hacer su reclamación en el tribunal. 

“Hemos visto una luz al final del túnel con esta transacción de Rosa Lydia. Ya se abrió la puerta de la justicia. Ahora falta que los padres y madres hagamos los movimientos necesarios para que se compense a los demás, al igual que los que están en el sistema se tienen que activar para que se cumpla con la sentencia porque si no el caso nunca acabará”, afirmó Warren.