El fallo de la jueza federal Laura Taylor Swain que dispone que la Ley 7 de Retiro Digno, para todos los efectos prácticos, “no se puede ejecutar”, y deja pocas opciones para el gobierno y la Legislatura en su intento por hacer justicia a los pensionados, según explicó el profesor Carlos E. Ramos González, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

“Esa era la decisión que muchos esperábamos desde un punto de vista de estricto derecho. (La ley) Promesa es clara. Y el plan de ajuste (fiscal) está corriendo y ella (la jueza Swain) tiene una fecha encima (8 de noviembre, para atender el plan de ajuste fiscal)”, comentó Ramos a Primera Hora sobre la determinación de la jueza que está a cargo del caso de la quiebra de Puerto Rico en el tribunal federal.

Sostuvo que, aunque la Ley 7 se hizo “siguiendo sin duda alguna los mejores intereses de los retirados”, se aprobó como un reto a Promesa, y así se refleja en la decisión de la jueza Swain, donde explica que tanto el gobernador Pierluisi como los presidentes legislativos reconocen que chocaba con Promesa.

“Eso se hizo por razones de justicia, acompañada por razones de política y por la pretensión de que se fortalecía la posición del gobierno ante la Junta de Supervisión (Fiscal). Pero no ha sido así. La Junta ha estado muy segura del poder que le da Promesa. Y acudió al tribunal contra el gobierno y la Legislatura, y para todos los efectos la Ley 7 es nula”, afirmó.

El profesor sostuvo que esta decisión es “otro mensaje” más sobre cómo se está manejando el complicado proceso de quiebra de Puerto Rico, bajo una ley que la misma jueza Swain reconoce que es extraña.

“Aquí es la Junta de Supervisión quien radica la quiebra y representa a Puerto Rico ante el tribunal, por imposición del Congreso, bajo la ley Promesa que es perversa como Cláusula Territorial. Y entonces, nuestro representante ante el proceso de quiebra, reta al gobierno porque lo entorpece y logra que se anule la ley”, agregó.

Ramos comentó que, aunque se ha tratado de plantear que Promesa en su conjunto es anticonstitucional, en este caso “no hay controversia constitucional. Eso no ser retó. Era solo la interpretación de una ley, y si lo que se hizo era contrario a esa ley (Promesa)”.

“Y tan claro estaba el gobierno, y también los presidentes legislativos que sabían que era contrario a Promesa. Así que, si era para negociar, para crear presión, pues al menos la presión por ahí no va a ir”, opinó.

Agregó que la decisión “fortalece a la Junta de Supervisión. Una vez más la jueza le da la razón, citando decisiones de ella misma del (Primer) Circuito (de Apelaciones) de Boston”.

“Ella comienza su decisión reconociendo que Promesa es una ley extraña, que se está experimentado por la flexibilidad que tiene el Congreso con la Cláusula Territorial. Y si el Congreso tiene el poder de gobernanza, y la jueza asume que sí, que la Ley Promesa así lo dice”, evaluó el profesor.

“No critico que aprobaran la Ley 7, era justa, pero era ilusa frente al poder del Congreso. Es duro y doloroso, no solo para los pensionados, sino para todos porque lo que hace es restregarnos una vez más la territorialidad. Es una cadena que te la sueltan o la recogen cuando quieren. La soltaron en el 52, la soltaron cuando permitieron la triple exención contributiva, pero cuando quieren la aprietan como lo hicieron con Promesa”.

El profesor explicó que la decisión de la jueza Swain puede apelarse en un intento por hacer valer la Ley 7.

“Hay un derecho de apelación. Se podría pedir una reconsideración a la jueza Swain, pero eso tiene muy pocas posibilidades, la jueza ha sido contundente. Y además pensaría que el gobierno quiere que sea rápido porque tiene la fecha del 8 de noviembre (donde la jueza fallará sobre el plan de ajuste fiscal). Entonces sería hacer una apelación ante el Primer Circuito de Boston”, explicó.

“Pero la esperanza de justicia para los pensionados se desvanece. Técnicamente, todavía se puede apelar, pero salvo que la jueza reconsidere o que un tribunal de mayor jerarquía, en este caso el Primer Circuito de Boston lo determine, para todos los efectos esa Ley 7 no tiene efecto”, dijo.

Ramos explicó que la Legislatura podría intentar también hacer otra versión de la Ley 7, pero con toda probabilidad terminaría en una situación similar.

“La Legislatura puede aprobar todas las leyes que quiera para beneficio del pueblo. Pero toda legislación tiene que cumplir con las disposiciones de PROMESA, y eso implica la aprobación de la Junta de Supervisión de que no tiene un impacto fiscal negativo”, detalló. “La jueza se los dice bien claro, si vas a aprobar ley, asegúrate de que la Junta la revise y determine si impacta o no la restructuración. Eso lo dice así PROMESA. Así que tienes dos vías, envíala a la Junta de Supervisión y que la apruebe, como hizo con el presupuesto. Si no, puedes seguir adelante, pero si la Junta entiende que esa ley afecta la restructuración, te la va a anular”.

“Así que ese la pueden inventar otra vez (la Ley 7), pero el destino es igualito si no tiene el visto bueno de la Junta. Hay que entender esto, que es algo que muchos lo repudiamos, pero en Puerto Rico hay una superlegislatura y un supergobierno, que es la Junta de Supervisión Fiscal. Pero en última instancia eso es y ha sido siempre el Congreso, esa es la territorialidad”, subrayó.