El control asumido desde el pasado viernes por la Junta de Supervisión Fiscal sobre el gobierno de Puerto Rico pudiera representar desde reducciones en las pensiones de los jubilados al cierre de recintos de la Universidad de Puerto Rico, según  la candidata a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago.

En entrevista por WKAQ, la hoy senadora dijo que el poder demostrado por la junta fiscal la semana pasada incluso convierte a la principal figura democráticamente electa en Puerto Rico, el gobernador, en un “muchacho de mandado”.

“Es la colonia fuera del clóset. Es Estados Unidos diciendo ‘aquí mandamos nosotros’”, expresó la candidata a gobernadora. “Hay una dictadura. A estas personas no la escogió nada. Llegaron por la designación del gobierno de Estados Unidos, tendrá facultades que exceden a los funcionarios electos en Puerto Rico y harán todo lo que a ellos les parezca conveniente y necesario para que los recursos de nosotros, no los fondos de Estados Unidos, vienen por la riqueza que producimos nosotros aquí,  pues harán todo lo que esos recursos fluyan a los acreedores del país”, dijo Santiago en la entrevista radial.

En su primera reunión formal, celebrada en un edificio federal de Nueva York y que duró unos 26 minutos, la junta anunció que tomaba control financiero de los sistemas de retiro de jueces, maestros y empleados, de la Universidad de Puerto Rico, de numerosas corporaciones públicas, así como de otras agencias.

“Esto puede significar muchas cosas, en el caso de la Universidad de Puerto rico, podemos hablar de un aumento de matrícula, reducir más la oferta de matrícula, reducir aún más la oferta académica que ya está en una situación bastante precaria, puede incluir el cierre de recintos o de programas”, indicó Santiago.

“En el caso de los sistemas de retiro, puede incluir el exigir un aumento de las aportaciones o el reducir las pensiones de los jubilados, básicamente cualquier cosa”, expresó.

Asimismo, la senadora dijo que además de que en términos democráticos el nuevo ente federal es un retroceso de más de 100 años, causará un retraso económico.

“Sin inversión pública, aquí no progresa la industria privada, infraestructura, carreteras, acueductos, electricidad, y si se imponen medidas de austeridad que comprometan esa inversión, se hace más pesado el freno a la inversión privada. Y esto es peligroso en un país en una situación crítica y fiscal”, dijo la senadora.

Asimismo, reiteró su llamado al gobernador a que si va a entregar cualquier documento a la junta, como el grupo le exigió la semana pasada, que haga público al mismo tiempo cada uno de esos informes.

“Yo me negaría. Hay algo tan humillante… de pronto el gobernador es el muchacho de mandado de la junta, yo he hecho un llamado a que si el gobernador entrega cualquier documento a la junta, debe hacerlo público… no podemos seguir con la mala práctica s finanzas públicas en secreto”, expresó Santiago.

La senadora dijo que podría haber un aumento en las protestas ciudadanas cuando las decisiones de la junta comiencen a afectar directamente a los ciudadanos porque “la gente aún vea la junta como algo distante”. La senadora exhortó a que continúen las diferentes formas de protesta contra la junta, pero que estas incluyen votar el 8 de noviembre “en contra de la junta”. La candidata a ha dicho que un voto por ella es votar en contra de la junta porque ella no apoya ningún tipo de colaboración con el nuevo ente creado por la ley federal PROMESA.

En término de la campaña, Santiago dijo que va "espectacular". Contó que tuvo una gran caravana en el sur del país ayer, y aseguró que ha visto un mayor apoyo en la calle hacia un cambio y una merma en el apoyo a los partidos que han gobernado, e incluso de candidatos alejarse de las insignias  políticas tradicionales.