El senador y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, dijo hoy que la gobernadora Wanda Vázquez Garced recurrió a un “juego de palabras” para distanciarse del polémico contrato en el Departamento de Salud para la adquisición de pruebas del COVID-19 por $38 millones.

Según Torres, al excluir del proceso de contratación a la renunciante secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo -como ha denunciado- "la Fortaleza buscaba crear una estructura paralela” para manejar la compra, que finalmente terminó cancelada.

“Aquí se ha creado un issue de si esto es un contrato, o si es una orden de compra, y la gobernadora (Wanda Vázquez) utilizó un juego de palabras ayer en su conferencia de prensa. Cuando decía contrato, que lo dijo tres veces, rápido cambiaba a orden de compra y hoy vemos la razón por la que se dio ese juego de palabras y es que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), le envió una comunicación diciéndole que eso era un contrato, que tenía que enviárselo a ellos para aprobación”, indicó el legislador, quien puso en duda que Vázquez Garced no supiera de la transacción.

“Claro que lo sabía la Fortaleza y la gobernadora tenía que ser informada. Si no lo hicieron, pongo en duda la capacidad de estos funcionarios para dirigir el gobierno”, expresó.

Torres explicó que cuando hay una declaración de emergencia en el gobierno, para las compras se utilizan dos documentos de la Administración de Servicios Generales (ASG), los dos documentos: ASG 565 y ASG 566. Detalló que el 565, se titula contrato para la adquisición de bienes y servicios en situaciones de emergencia o desastres declarados por el gobernador y el 566, se titula orden de compra bajo el procedimiento especial de plan de emergencia nacional.

“En este caso, se utiliza el 565 que claramente dice que es un contrato, pero la gobernadora dijo en todo el tracto que hizo en el día de ayer, que mencionó cinco agencias y ocho personas que trabajaron con el documento, no mencionó quién era la persona que lo firmaba”, sostuvo.

Dijo que la primera ejecutiva mencionó “las instancias en Salud, en OGP, en Hacienda, hasta en FEMA y Manejo de Emergencias, pero no le dijo al País que la persona que firmó el contrato que dio pie para hacer la compra fue la señora Guarina Delgado, ayudante especial del comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y que viene de trabajar en la agencia de publicidad KOI”, agencia de publicidad también vinculada al escándalo del chat de Telegram y que culminó con la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

Torres cuestionó también las alegaciones de la gobernadora cuando dijo ayer en la conferencia de prensa que en medio de la emergencia por el coronavirus “todo el mundo” llamaba para ofrecer bienes y servicios al Departamento de Salud.

“Dijo que recibieron llamadas de muchas personas, de alcaldes, de legisladores, de políticos, recomendándole comerciantes que le podían suplir bienes y servicios a Salud. La gobernadora dijo que el 20 de marzo se recibieron dos cotizaciones para pruebas, una de la compañía 313 y la otra de APEX Construction LLC, y ¿si todo el mundo llamaba para ofrecer bienes y servicios como dijo la gobernadora, porqué solo tenían dos cotizaciones y una de ellas era de una compañía de construcción? ¿Dónde están las demás personas que fueron referidas?, preguntó el senador.

“¿Qué mecanismos utilizó la compradora en el Departamento de Salud para tener esas dos cotizaciones?, ¿Fue por invitación?, ¿Llamaron a personas que de ordinario le suplen al Departamento? Eso no lo hicieron. Sin embargo, la compra que aprueban es la compañía que les refiere Segundo Rodríguez (dirigente del task force médico) por intervención de Juan Maldonado, pasado director de la Autoridad para el Transporte Marítimo (ATM)", indicó Torres. Maldonado renunció a la ATM en febrero de 2019, luego que trascendió que había facilitado una embarcación para transportar gente a una boda de lujo en Vieques en momentos en que los residentes de la isla municipio clamaban por los servicios de transportación marítima.

“Obviamente, al no mencionar a la entonces secretaria de Salud en todo ese tracto que la gobernadora dio a conocer ayer, debemos entender que crearon otra estructura paralela desde la Fortaleza para manejar esta compra”, denunció el senador.

“¿Cómo es posible que el 26 de marzo hayan hecho todo el proceso de validar el contrato, de revisarlo, de aprobarlo, de que cinco agencias lo vieran, de que pasara por ocho personas. Todo eso lo hicieron en menos de un día y, sin embrago, tardaron 11 días para cuadrar una conferencia de prensa, supuestamente explicando cuál había sido el tracto de la aprobación de ese contrato”, inquirió.

Añadió que “ahora sale a relucir públicamente que no fue como dijo la gobernadora, que fue el director de NMEAD que llamó para decirle a la compañía que no habían llegado las pruebas, que cancelaban el contrato y que devolvieran el pago y luego, el nuevo secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, llamó a la compañía para cancelar nuevamente el contrato, que devolvieran el pago".

Sostuvo Torres que en "medio del proceso la institución bancaria, en su responsabilidad legal de informar por la cuantía millonaria al gobierno federal lo hace y el gobierno federal lo vio como sospechoso y mandó a paralizar el pago”.

“Todo esto demuestra que no hay transparencia y lo que corresponde en un momento de emergencia como el que vivimos es que el gobierno y la gobernadora puedan tener credibilidad. Aquí están violentando todos los procesos para favorecer a quienes ellos quieren favorecer”, expresó el presidente del PPD y agregó que espera que “por alguna de las vías que se ha empezado a investigar este esquema tenga alguna consecuencia”.

Este contrato de las pruebas del COVID-19, al igual que otro laudo para la compra de respiradores a un costo de $14 millones y otros asuntos en el Departamento de Salud, son investigados por las autoridades federales, el Departamento de Justicia local y la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.