El saliente representante novoprogresista Ángel Pérez, elogió a su esposa, la también saliente senadora novoprogresista Liza Fernández, y se mostró confiado de que ella será confirmada como jueza superior, cargo para el que fue designada por el gobernador Luis Fortuño.

"En su trabajo legislativo, tanto en la Cámara como en el Senado, ella ha demostrado su capacidad, su entereza, su rectitud e integridad", afirmó Pérez, al entender que no hay razones para que Fernández no sea confirmada como jueza.

Pérez, quien no revalidó como representante después de una campaña en la que el alcalde estadoista de Guaynabo, Héctor O'Neill, se convirtió en su principal rival político al favorecer al candidato Antonio "Tony" Soto, quien lo sustituirá a partir de enero en la Cámara, hizo el señalamiento al salir del salón de audiencias en el Senado, en el que Fernández testificó por espacio de media hora, como parte del proceso de evaluación de su nombramiento judicial.

Según Pérez, a pesar de que O'Neill es una figura de gran poder político, no se espera que los senadores del Distrito de Bayamón, que incluye a Guaynabo, voten en contra del nombramiento de Fernández en la sesión de ese cuerpo este sábado o el lunes, cuando podría considerarse la designación cuestionada incluso por el alcalde guaynabeño.

"Sé que él (O'Neill) ha hecho algunas expresiones (en contra del nombramiento. Lo único que le puedo decir es que Dios le dé paz. Que Dios lo bendiga mucho, lo pongo en las manos de Dios", sostuvo Pérez, flanqueado por una sonriente Fernández.

"Los senadores no deben ir en contra de sus principios. El legislador tiene un compromiso y deber ante el pueblo y los criterios para juzgar y evaluar a una persona no pueden ser a cambio de que alguien me solicite algo. Hay que votar bajo conciencia. Estoy confiado de que los compañeros de Guaynabo y Bayamón en su momento habrán de votar afirmativo (por Fernández), agregó.

Momentos antes, Fernández cerró su participación en la vista pública de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura cuestionando que se pretenda criminalizar su designación por su trayectoria política y destacó que Pérez, así como su hija y demás familiares, "sufren los ataques, insultos y cuestionamientos infundados que se dan en todos estos procesos".

Fernández dijo al senador Roger Iglesias, presidente de la comisión senatorial y el único legislador presente en la audiencia programada como parte de su evaluación para la Judicatura, que solo esperaba "que se me pueda juzgar y evaluar con los mismos criterios que se han utilizado para medir a otros nominados".

En la vista, Iglesias le preguntó su parecer sobre jueces que se convierten en legisladores al interpretar indebidamente leyes y en torno al derecho a la fianza.

Sobre la fianza, observó que choca que en casos parecidos se imponga una cantidad en una región judicial y otra distinta en otra región, pero subrayó que se trata de un derecho constitucional en el que cada juez ejerce su discreción. Destacó que existen guías federales para la imposición de fianza que muchos jueces estatales aplican y favoreció ese tipo de herramienta.

La fianza es un mecanismo para garantizar la comparecencia de un imputado de delito y su limitación fue rechazada en una consulta de propuestas para enmiendas constitucionales impulsada por la presente administración.

Fernández favorecía la limitación de la fianza en una serie de delitos, pero esa opción fue rechazada por la mayoría de los votantes en la consulta electoral del 18 de agosto pasado.

De cara a la posibilidad de ser jueza, destacó en la vista pública que lo importante es que la fianza no puede imponer de forma "excesiva" u "onerosa". Sobre la consulta de enmiendas constitucionales que aludía a la fianza, Fernández reconoció que "se tiene que respetar la voluntad del pueblo".

Sin embargo, insitió en que el cambio propuesto, aunque rechazado en las urnas, buscaba "igualdad de condiciones tanto para el pobre como para el rico". En tal sentido, mencionó que por eso Pablo Casellas, acusado por el asesinato de su esposa, Carmen Paredes, pudo pagar una fianza de $4 millones.

El saliente senador José Emilio González, también designado juez superior, testificó en la audiencia después de Fernández y sobre la fianza, ya que se le formularon las mismas preguntas que a la senadora, dijo que no se debe perder de perspectiva que a todo imputado de delito le asiste la presunción de inocencia.

La fianza, destacó González, es "un gran derecho que nos concede la Constitución", pero subrayó que el mismo no es para los que se alega han cometido un delito, sino "para el resto de los ciudadanos".

Puntualizó que algunos de los aspectos importantes que debe tener un juez al imponer fianza es si el acusado supone riesgo de fuga y de seguridad para testigos. Precisó que existen reglas de procedimiento con criterios a considerar al señalar fianzas.