La aspirante a comisionada residente del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, y dos electoras que la apoyan, demandaron ayer, jueves, en el foro federal a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y a su presidenta interina, Jessika Padilla Rivera, ya que la entidad electoral no la ha certificado como candidata en las próximas elecciones del 5 de noviembre.

Rivera Lassén anunció este viernes la medida que han tomado para intentar solucionar una disputa que inició en enero pasado en torno a la falta de recogido de endosos que tuvieron varios candidatos del MVC que se iban a someter a un método de elección alterna.

El pasado 10 de junio, el Tribunal Supremo descalificó a la mayoría de los candidatos involucrados en esta disputa, como Mariana Nogales Molinelli, Rafael Bernabe Riefkohl y Alejandro Santiago Calderón, pero no tomó una determinación sobre la aspiración de Rivera Lassén.

En conferencia de prensa realizada frente a la sede de la CEE, la candidata informó que determinó someter el recurso ante el Tribunal federal de Distrito para, “no solamente proteger nuestra candidatura, sino mover esta discusión al foro federal”.

A juicio de la también senadora y expresidenta del Colegio de Abogados, la jurisprudencia aplicable en su caso está sostenida en la Ley de Relaciones Federales con los Estados Unidos. Aludió a que la misma no establece un requisito de recogido de endosos a los comisionados residentes.

La demanda civil la presentaron los abogados Tanaira Padilla Rodríguez y Guillermo Ramos Luiña. Ya le fue asignada a la jueza federal Aida Delgado Díaz.

En el reclamo, dijo Rivera Lassén, busca que sea el pueblo el que determine con su voto si debe o no convertirse en comisionada residente.

“Que sea en las urnas que se decida por los votos, no por los intentos antidemocráticos de sacarnos de la papeleta”, enfatizó.

Para sostener los argumentos, las electoras Norma Rodríguez Roldán y María Josefa Canino Arroyo figuran como demandantes.

Rodríguez Roldán expresó a la prensa que se unió al pleito, “porque entendemos que nuestros derechos civiles, sobre todo nuestro derecho político, a elegir a la persona que queremos que nos represente, en este caso de la comisaría residente, está siendo amenazado y está siendo violado. Insólitamente, ya en los tribunales han tomado una decisión que a nuestro juicio luce antidemocrática. No queremos que la CEE haga un fallo que viole nuestro derecho a la candidata que queremos”.

Por su parte, Canino Arroyo indicó que apoya la candidatura de Rivera Lassén “por su integridad, por su compromiso, por su competencia. Es la mejor candidata”.

“Insisto en defender mi derecho a votar libremente por la candidata que yo prefiero en estas elecciones y se me cohibiría ese derecho si no fuera candidata oficial en la papeleta”, añadió.

Entretanto, el abogado Ramos Luiña informó que el proceso de la demanda está en sus inicios y que ya se le asignó la jueza.

Todavía no hay una vista judicial señalada, según se aprecia del expediente del caso.

“Esperamos que el caso se mueva con rapidez y que próximamente haya un tipo de orden (que genere la certificación de la CEE hacia Rivera Lassén)”, afirmó.