La defensa de Yanitsia Irizarry de su gestión al mando del Departamento de la Familia luego de ser señalada por presuntamente archivar más de 40,000 querellas de maltrato provocó una reacción inmediata de Ana Cacho, quien pidió que se investigue a la ex secretaria.

La madre del niño asesinado Lorenzo González utilizó las expresiones de Irizarry de referirse a los señalamientos en su contra como una “cacería de brujas” para llamar bruja a la abogada por lo que ha hecho con sus hijas y “miles de niños y niñas puertorriqueñas”.

“Eso es lo que ella ha sido, una bruja con no tan solo mis hijas, pero con miles de niños y niñas puertorriqueños y adultos de mayor edad que han necesitado de la rápida acción del Departamento de la Familia que ella manejaba ineptamente”, indicó Cacho en una comunicación escrita.

“Es hora de tomar acción y pedir justicia no tan solo por el caso de mi hijo Lorenzo y mis hijas, pero por muchos otros casos que han sido atendidos tan ineficientemente y por los cuales las agencias pertinentes no han querido aceptar los errores y horrores que han hecho”, indicó Cacho, quien había sido favorecida por el Tribunal de Apelaciones en su reclamo de mantener visitas supervisadas a sus dos hijas, pero el Supremo revocó la decisión.

En un comunicado de prensa, Irizarry aseguró que está disponible para discutir “en foros serios” todo lo relacionado con su administración.

“Estuve disponible para reunirme antes de salir del Departamento de la Familia, pero han optado por iniciar una cacería de brujas. Ellos olvidan cómo dejaron ese departamento que recogen hoy, pero yo no, y eso también debe ser discutido”, señaló Irizarry al destacar que las órdenes para el manejo de casos de Familia son públicas.

La ex titular afirmó que no se prestará para “dimes y diretes”, pero igual aprovechó para destacar que cuando llegó a la agencia, la encontró abandonada y deteriorada.

“En la Primera y Segunda Cumbre de Derecho de Familia, y el Primer y Segundo Simposio de Trabajo Social, en los cuales esta servidora se dirigió a los miles de trabajadores del Departamento de la Familia, servidores públicos y fiscales, recordándoles que la política del Departamento de la Familia es la cero tolerancia al abuso y un rescate de nuestra niñez a través de mecanismos pro activos y eliminando laxitud y burocracia de nuestros protocolos, resumen las directrices y postura de mi gestión”, detalló.

Según ella, se destinaron recursos para fortalecer el área de protección, dentro de los que figuró el reclutamiento de 110 nuevos trabajadores sociales, 50 asistentes de servicios (ayudantes de trabajadores sociales) y la adquisición de más de un centenar de vehículos SUV nuevos que en su rotulación difundían la línea de emergencia del Departamento “para que cuando esos vehículos transitaran, los ciudadanos tuvieran conocimiento de donde tenían que llamar para ayudarnos en el rescate de nuestros niños y niñas”.

“Todas las directrices respecto a la política pública implementada para asuntos de nuestros niños y adultos mayores han sido públicas y no tomadas en cuartos cerrados. Por lo que no debería existir margen alguno para la especulación, tergiversación o interpretación equivocada. Además de lo mencionado, en una agencia de aproximadamente 7,000 empleados, tuve que tomar decisiones difíciles dentro de las cuales figuró la expulsión de directores por conducta inadecuada con nuestros niños y el despido fulminante de trabajadores sociales, cuando surgía de la investigación que no habían atendido el caso. Lo propio también lo hice con los supervisores de estos trabajadores sociales”, se defendió Irizarry.

La ex funcionaria manifestó que era normal que en el mundo gerencial, “donde se toman decisiones antipáticas”, se ganen enemigos “y de ahí pueda surgir información incorrecta, tergiversada, que puede llegar a ustedes de forma malintencionada, hacer daño a profesionales serios como a esta servidora que, sin necesidad alguna, se comprometió a trabajar por Puerto Rico. Eso lo entiendo y no tengo problemas con defender mi gestión”, aseguró.

Cacho, en su reacción, se refirió a la agencia como el “Departamento Antifamilia” y le advirtió a la ex secretaria que la orden de mordaza no dura toda la vida “y que en su momento saldrá toda la verdad de los abusos, mentiras e injusticias a las que desde hace casi tres años hemos sido sometidas mis hijas y yo”.

El 10 de marzo de 2010 el niño Lorenzo fue llevado por Cacho al CDT de Dorado por una presunta caída, pero una autopsia confirmó que se trató de un homicidio.