El más reciente informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo que publica la organización Aministía Internacional denuncia los abusos cometidos por la Policía de Puerto Rico contra distintos sectores del país, así como los atentados contra la libertad de expresión registrados durante los pasados años en la Isla.

El “Informe 2012 Amnistía Internacional”  recoge las conclusiones del informe que preparó el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la Policía de Puerto Rico y destaca que esa investigación reveló “que existía un patrón de malos tratos infligidos por agentes del Departamento de la Policía de Puerto Rico”.

“Estos abusos, agrega, incluían uso excesivo de la fuerza, disparos injustificados con resultados de numerosas heridas y muertes, y registros y confiscaciones ilegales”.

El informe lo hizo público  hoy  la sección de Puerto Rico de Aministía Internacional, cuyos portavoces ratificaron sus conclusiones.

“El gran reto durante 2011 ha sido defender la libertad de expresión y a los defensores y activistas de los derechos humanos. Nuestro informe documenta restricciones a la libertad de expresión en el menos 93 países, incluyendo Puerto Rico”, sostuvo el presidente de la sección, Osvaldo Burgos.

Indicó que en estos momentos está amenazado en Puerto Rico el derecho al voto tras los incidentes de las recientes primarias de los dos partidos mayoritarios; prevalece la amenaza de los abusos de la Policía, evidenciados recientemente con los allanamientos ilegales denunciados públicamente; las limitaciones a la libertad de expresión y al acceso a la información; y la violación de los derechos constitucionales de ciertas comunidades en el país.

Aún cuando aclaró que la entidad no tomará posición sobre el voto en el referéndum para la eliminación del derecho absoluto a la fianza, advirtió que le preocupa lo atropellado del proceso y la falta de educación a la ciudadanía sobre las implicaciones de ese voto. “Nos preocupa que se pretenda resolver la incapacidad administrativa para atender el problema de la criminalidad pidiéndole a los ciudadanos que renuncien a sus derechos”, dijo.

Instó a los puertorriqueños a educarse y analizar cuidadosamente la decisión que tomarán en este proceso. “Los derechos humanos, los derechos civiles y los derechos políticos los administra la ciudadanía, no los puede administrar el estado”, afirmó.

Aumentan casos para pena de muerte

Por su parte el portavoz de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, Edgardo Román, advirtió sobre el riesgo que conlleva el aumento en Puerto Rico de los casos que podrían culminar en pena de muerte.

Explicó que en estos momentos hay dos casos ya certificados para posible sentencia de pena capital en espera de juicio y otros 12 que esperan para posible certificación. Indicó que esta es la cantidad mayor jamás registrada en Puerto Rico y alertó que estos casos seguirán aumentando, con el riesgo de que en alguno de ellos se decrete la ejecución del acusado.

“No existe otro lugar en el mundo donde el pueblo se haya expresado contra la pena de muerte y una jurisdicción externa la impone”, dijo al recordar que la Constitución de Puerto Rico, votada por los puertorriqueños,  prohibe la pena de muerte y que los acusados que podrían enfrentar la misma son enjuiciados en la jurisdicción federal.