Organizaciones ambientales y comunitarias, de distintas partes de Puerto Rico, llegaron este jueves hasta el Capitolio para exigirle a la Legislatura que cancele los contratos de las compañías de industria fósil: AES, (Applied Energy System), New Fortress Energy y LUMA Energy.

El reclamo llega a menos de tres meses de la fecha límite para que Puerto Rico cumpla con la meta de alcanzar un 20% de generación a través de energía renovable. Actualmente, el país solo cuenta con un 3% de generación con recursos renovables.

La Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019) propone que, para el 2050, la totalidad de la generación de energía en Puerto Rico a base de renovables debe llegar a un 100%. Sin embargo, la ley cuenta con metas a corto plazo: al 2022, un 20% de energía debe venir de las fuentes de energía renovable; 2025 (40%) y 2041 (60%).

Sary Rosario, de la organización El Puente-Enlace Latino de Acción Climática, enfatizó que en “Puerto Rico se está arriesgando demasiado en perpetuar los combustibles fósiles cuando tenemos el recurso del sol, gratis todo el años. Por eso nos unimos a estos esfuerzos para tener energía renovable y distribuida”.

La líder ambientalista denunció que “estas compañías privadas” están provocando daño en la seguridad y salud de los puertorriqueños.

“Nosotros estamos aquí hoy también por la gente que aún no tiene energía eléctrica, por los vecinos y vecinas de las comunidades cercanas al puerto de San Juan, quienes están en la zona de riesgo en caso de accidente con la operación de gas metano de la compañía New Fortress”, indicó Rosario.

“Es inconcebible cómo esta facilidad está operando sin permiso federal de FERC (Federal Energy Regulatory Commission) y, pese a que han fallado en la entrega de gas metano -faltando a los acuerdos con la AEE- han continuado operando. No solo ponen en riesgo de explosión a los vecinos, al Puerto de San Juan, sino que también contaminan el ambiente, incrementando y exacerbando las enfermedades respiratorias y otras relacionadas afectando la calidad de vida de nuestras comunidades por un combustible fósil que ni siquiera lo pueden entregar a tiempo”, reiteró.

Timmy Boyle, de la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, por su parte, denunció que, a más de tres semanas del huracán Fiona, mucha gente en el país todavía continúa sin el servicio básico de energía eléctrica.

“Los servicios esenciales de una nación, como es el servicio eléctrico, no deben estar en manos privadas, cuyo objetivo es el lucro y no el servicio. Y peor aún cuando el contrato con LUMA es uno leonino y perjudicial, además de deficiente. Exigimos se cancele el contrato del Gobierno y AEE con LUMA”, reclamó.

Felita Burgos, de la Red Continental Cristiana por la Paz, por su lado, urgió a que se haga la transición de energía renovable “por el bien de nuestro país y nuestra gente”.

“Imaginar cinco años más de prácticas como la quema de carbón por la AES en Guayama, provocaría un gran daño”, sostuvo.

“La quema de carbón por la AES en Guayama por cinco años más sería desastroso para las comunidades cercanas que han sufrido por los últimos 20 años un deterioro en su calidad de vida: muertes, enfermedades y sufrimiento a diario provocado por las emanaciones de su chimenea y sus cenizas tóxicas”, denunció.

Las organizaciones participantes de la manifestación enviaron cartas al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael (Tatito) Hernández; al representante Luis Raúl Torres Cruz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara y al representante Edgardo Feliciano, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara.

Igualmente, dirigieron las misivas al presidente del Senado, José L. Dalmau Santiago, y al senador Javier A. Aponte Dalmau, presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía.

Las entidades solicitaron que los legisladores apoyen públicamente la propuesta de placas solares de la coalición Queremos Sol, como alternativa a los constantes apagones que enfrenta el país y como solución para alcanzar las metas de energía renovable establecidas por ley y así disminuir la contaminación ambiental.

La propuesta de la coalición Queremos Sol propone utilizar fondos federales para la instalación de placas solares en los techos de las residencias y pequeños comerciantes debido a que muchas personas en Puerto Rico no pueden costear los precios de estos sistemas.

Amy Orta Rivera, coordinadora de política pública ambiental de El Puente-Enlace Latino de Acción Climática recordó que recientemente el Departamento de Energía Federal en su reporte preliminar del estudio Puerto Rico 100, estableció que Puerto Rico tiene una capacidad de generar hasta 20,000 MW de energía utilizando los techos en residencias, mientras que la demanda de energía en Puerto Rico es menos de 3,000 MW, demostrando que en efecto la propuesta de Queremos Sol es viable.

“Lo que nos falta es voluntad política local para poder lograrlo”, reiteró.

Este miércoles, el congresista Raúl Grijalva y más de 30 legisladores federales solicitaron que se asignen $5,000 millones de fondos federales para la instalación de placas solares en los techos de residencias y para sistemas de baterías para almacenar energía.

La manifestación “Unidos por energía renovable y distribuida”, que se desarrolló en el lado sur de la Casa de las Leyes fue convocada los grupos: Queremos Sol, Sierra Club Puerto Rico, Red Continental Cristiana por la Paz, Utier, Solar United Neighbors, ACASE, Hermanas Dominicas de la Santa Cruz Providencia de Puerto Rico y Hermandad Pastoral de Puerto Nuevo.