Levantan bandera en Puerto Rico ante posibilidad de una nueva regla que le permitiría a las empresas con contratos federales utilizar las “excepciones religiosas” como escudo válido para discriminar a trabajadores según su orientación sexual, identidad, raza, entre otras características sociales.

La medida fue presentada la semana pasada a través de la Oficina de Cumplimiento de Contratos Federales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, y representa para diversos grupos de minorías un intento para debilitar los derechos civiles que los protegen de la discriminación en el ambiente laboral.

“Antes de esta propuesta el estado de derecho para hoy día es que las organizaciones religiosas pueden discriminar ante un empleado por razón de religión siempre y cuando cumplan unos requisitos de organización, como lo serían las iglesias y las corporaciones sin fines de lucro… con este reglamento se está ampliando el concepto a las organizaciones con fines de lucro que tienen contratos federales”, explicó Jaime Sanabria, abogado y profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Puerto Rico.

Agregó que otra singularidad de la propuesta es que abre la brecha y la capacidad de las corporaciones con fines de lucro de discriminar en otros asuntos que van más allá de la religión.

“Si esta entidad -que es una corporación o empresa y no es una iglesia- entiende que la persona no vive una vida conforme a la práctica religiosa, puede despedirla o, simplemente, negarle el empleo… es decir, expande el asunto a la observación de prácticas y modos de vida”, detalló sobre el reglamento que está abierto a recibir comentarios de ciudadanos hasta el 16 de septiembre a través del portal del Departamento del Trabajo federal.

Como ejemplo, mencionó que una empresa con base religiosa puede negarse a contratar o despedir a un empleado -no sólo porque no practique la religión-, sino también basado en que el individuo incumple con prácticas que son rechazadas en la congregación y que podrían incluir: madres solteras, personas del mismo sexo que mantienen una relación de pareja y sujetos que conviven sin estar legalmente casados, entre otros.

“El reglamento lo que dice es que los contratistas que reciben fondos federales y que utilicen estas ‘excepciones religiosas’ no serán penalizadas por actuar conforme a esas creencias”, explicó Sanabria.

Actualmente, existe el título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 que prohíbe a los empleadores a discriminar por razón de raza, nacionalidad, género o religión. También existe una orden ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama que enmendó el decreto de 1964 para incluir los términos orientación sexual y la identidad de género.

“Este reglamento está cogiendo esa orden ejecutiva y dando unos pasos atrás en protección de los derechos civiles, por ejemplo, de la comunidad LGBTTQ… en ese sentido, yo vislumbro múltiples litigios objetos de impugnación”, expresó el abogado.

Agregó que actualmente hay 42,000 contratistas federales a nivel de Estados Unidos y muchos tienen presencia en Puerto Rico a través de corporaciones, universidades y hospitales, entre otros sectores.

Amárilis Pagán, del Proyecto Matria, catalogó de “peligroso” el reglamento que cuenta con muchas organizaciones en contra por entender que es uno totalmente discriminatorio.

“Esto es sumamente peligroso para Puerto Rico porque aquí hay organizaciones de base de fe que están bajo la sombrilla de iglesias e intentarán acogerse a eso, sobretodo aquellas corporaciones que defendían el proyecto de libertad religiosa que acabamos de combatir”, explicó Pagán haciendo referencia al proyecto vetado por el exgobernador Ricardo Rosselló y el cual hubiese permitido a empleados públicos discriminar contra personas por razones religiosas.

“Estamos hablando de una regla que, por ejemplo, podría llevar a que los contratistas federales se nieguen a contratar mujeres solteras que estén embarazada o que se han practicado abortos con el agravante de que se están utilizando fondos públicos para llevar a cabo ese discrimen.

Pagán dijo que ante la seriedad del asunto esta semana se llevaría a cabo una reunión a fin de que el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) someta algún tipo de comentario en contra del reglamento al Departamento del Trabajo Federal.

Mientras, Pedro Julio Serrano, portavoz de Puerto Rico Para Tod@s, emplazó a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, a tomar una postura sobre el tema.

“No puede tener un discurso aquí y otro allá. Debe exigirle al presidente Donald Trump que detenga este atengo en contra de los derechos a la comunidad LGBTTQI”, reiteró.

“Estamos hablando de una regla que tendrá su efecto en Puerto Rico porque aquí hay contratistas haciendo negocio con el gobierno federal y podrían tener la puerta abierta al discrimen”, expresó.

Recordó que en la isla existe la Ley 22 de 2013, la cual brinda unas protecciones locales contra el discrimen. “Pero ley federal no tenemos ninguna, sólo las órdenes ejecutivas del 64’ y de Obama. Y la interpretación de ambas es ahora mismo un tema que está siendo atendido por el Tribunal Supremo”, manifestó.