El exgobernador Alejandro García Padilla atribuyó hoy el caso que por cinco años entabló la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) contra el expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Uroyoán Walker Ramos y el exrector del Recinto de Río Piedras, Carlos Severino Valdez, en relación al otorgamiento de becas presidenciales en 2015, a “un chisme de acomplejaos”.

“La mentira llega más rápido, pero la verdad llega más lejos”, reaccionó García Padilla al veredicto de no culpabilidad que emitió ayer el juez superior de San Juan, Aldo González Quesada, a favor de ambos académicos.

El caso contra Walker y Severino se fundamentó en una controversia pública que hace seis años giró en torno a las becas y el compromiso de plazas docentes que se le dio a los candidatos a becarios Carlos Pagán Cuebas, exasistente de cátedra del expresidente de la UPR y hermano del entonces gobernador García Padilla, Antonio García Padilla; y Mónica Sánchez Sepúlveda, la sobrina del entonces presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Sánchez.

“Le encomendaron a una buena fiscal, que es Zulma Fuster, coger un chisme de acomplejaos y tratar de convertirlo en un caso criminal. Al fin y al cabo, no fue otra cosa que el chismorreo de personas que viven a la sombra intelectual de otras a pesar de ser muy inteligentes ellos mismos y como no podían salirse de la sombra intelectual de quiénes los rodean, trataron de talar el árbol que les daba sombra”, dijo el ex gobernador García Padilla.

Sostuvo que “Uroyoán Walker y Carlos Severino, independentistas ambos, gente decente, íntegra como (la profesora) Palmira Ríos, un estandarte de la decencia en el servicio público, fueron tratados de ser mancillados por un grupito de acomplejaos que, al fin y al cabo, lo que permiten denotar es que las personas acomplejadas son de lo más peligroso que tiene el planeta”.

El exgobernador dijo que a la luz de la inversión de cinco años en este caso y en otros, “el FEI hay que repensarlo”.

“El FEI no está para fabricar casos a gente decente y a gente honesta”, sostuvo García Padilla. Indicó que el organismo, que funciona de forma independiente al Departamento de Justicia, fue creado por ley bajo la administración del exgobernador Rafael Hernández Colón siguiendo un modelo de Estados Unidos. “Hace como 20 años fue derogado. Ya el modelo del cual nos copiamos no existe. Es inservible”, indicó.

En su argumentación final en el caso contra Walker y Severino, la fiscal Fuster expuso que “en ningún sitio se acreditó” cuál era la situación extraordinaria, para otorgar la beca a Pagán Cuebas y Sánchez Sepúlveda pese a que no estaba dentro de las áreas prioritarias establecidas por el personal administrativo del recinto de Río Piedras.

Sostuvo la fiscal que la única razón por la cual Pagán Cuebas y Sánchez Sepúlveda fueron beneficiados con $45,000 y $23,000 en becas, respectivamente, era por ser “amigos o parientes” de personas en el poder.

La defensa argumentó, por su parte, sobre las cualificaciones de ambos seleccionados, que habían sido admitidos a universidades prestigiosas y recalcó que la UPR tenía la necesidad de ambas plazas comprometidas y condicionadas al otorgamiento de las becas: bibliotecario jurídico en la Escuela de Derecho de la UPR y profesora de un programa graduado en Estudios Urbanos, que se pretendía crear en la Facultad de Arquitectura de la UPR.