El gobernador Alejandro García Padilla convirtió este martes en ley los dos proyectos de reforma al sistema de retiro de los maestros y de la judicatura.

El primer mandatario también firmó el proyecto del aumento de $25 mensuales en el salario de los docentes del sistema público.

Esta acción se da en medio de protestas y de críticas, tanto de los educadores como de mimebros de la judicatura, quienes se han expresado en contra de las reformas que aprobó la Legislatura en una sesión extraordinaria que convocó el gobernador.

Los maestros han dicho que no descartan la huelga a partir de enero de 2014, mientras que el presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, advirtió al gobernador sobre posibles visos de inconstitucionalidad en la reforma del plan de pensiones de los jueces. Ambos grupos han criticado la forma acelarada en la que se aprobaron los proyectos y han señalado que se ha recurrido a la "improvisación".

García Padilla, en tanto, destacó que los maestros y maestras no tienen derecho a la huelga, según está estipulado en la Constitución del Estado Libre Asociado. El ejecutivo, a su vez, felictió a los legisladores que votaron a favor del proyecto.

“La aprobación de estas medidas representan un paso transcendental para la estabilidad económica del país y el bienestar de miles de servidores públicos. Agradezco a los legisladores responsables y valientes que cumplieron con su deber para con el país”, manifestó la noche del lunes el gobernador en comunicado de prensa y tras aprobarse el proyecto en el Senado con 14 votos a favor y 13 en contra.

Las enmiendas al sistema de retiro del magisterio aumentan la cantidad de la pensión mínima a $1,625 para los maestros que cumplan con 30 años de servicio y 55 de edad. También establece una ventana de retiro para que los maestros que tienen entre 28 y 30 años de servicio puedan retirarse y recibir el 70% de su sueldo.

El gobierno reclama que el Sistema de Retiro de los Maestros (SRM) enfrenta un déficit actuarial de $10,251 millones y que sin la reforma ya convertida en ley hubiese colapsado en el 2020 al quedarse sin dinero, requiriendo inyecciones anuales del erario de unos $562 millones. La reforma es una de las condiciones que ha impuesto la casa acreditadora Moody’s para evitar la degradación del crédito de Puerto Rico a nivel de chatarra.

En torno al proyecto que reformaría el Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ), García Padilla indicó el lunes que había pedido una revisión, ante los reparos esgrimados por el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton.

 Hernández Denton indicó en una carta enviada al primer ejecutivo que el proyecto de ley aprobado en la Legislatura "afecta retroactivamente los derechos adquiridos" relacionados con la pensión de retiro de los jueces en funciones.

Al recordar que el proyecto de ley en cuestión fue modificado en las cámaras y que el texto original suscrito por el ejecutivo fue modificado para que las disposiciones no tengan carácter prospectivo, Hernández Denton afirmó que la medida, ya convertida en ley, "posiblemente coloca la reforma de retiro de la judicatura al margen de la Constitución al incidir sobre los principios de independencia judicial, separación de poderes y la protección contra la reducción de salarios y emolumentos".

Las enmiendas al Proyecto de la Cámara 1595, que reforma el retiro de la Judicatura, proponen un aumento de 8% a 10% en la aportación que hacen los jueces y juezas que ya están en servicio. Señalan también que los jueces que comiencen a trabajar el 1 de julio del 2014 aportarán el 12% de su salario al SRJ. Otra enmienda al proyecto presentado por el Ejecutivo propone que la pensión de los jueces se calculara con el 60% de los últimos cinco salarios y no con el 75% como se hace actualmente.