El procurador de las personas con impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo, denunció hoy, jueves, que La Fortaleza se ha negado a reunirse con él para atender los señalamientos federales que han puesto en jaque más de un millón de dólares de los fondos que maneja su oficina para proveer servicios a ciudadanos con limitaciones físicas y mentales.

La falta de acción por parte del Ejecutivo, dijo, pone en riesgo más de 50 empleos directos que son pagados con dinero federal.

Díaz Carrasquillo fue nombrado como procurador en noviembre de 2011, bajo la administración de Luis Fortuño. 

En mayo de 2012, la Administración de Deficiencias Intelectuales y en el Desarrollo (AIDD, por sus siglas en inglés) realizó una auditoría en la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos (OPPI), que cubrió el período de 2007 a 2011, y en la que detectó deficiencias por la falta de personal adecuado para administrar algunas de las subvenciones federales; desconocimiento de las leyes y reglamentos federales aplicables, desconocimiento de sus poderes y facultades como entidad y la presentación de informes incompletos. 

Al momento, la AIDD no ha aprobado ninguno de los planes de acción correctiva sometidos por la OPPI y, como consecuencia, designó a la oficina como agencia en alto riesgo. En octubre del mismo año, descontinuó el desembolso de los fondos federales que esta entidad administra.

Según, el procurador, la AIDD no ha aceptado ninguno de sus planes porque requiere que estos contengan compromisos de parte del gobierno central, que no han podido acordarse por la negativa de La Fortaleza a discutir el asunto formalmente.

“Entre esos señalamientos, hay asuntos que nosotros como agencia no podemos atender”, postuló Díaz Carrasquillo. Se refirió a los choques entre las leyes federales a las que deben suscribirse los programas que administra OPPI y a las estatales que como agencia local deben cumplir. 

“Las leyes federales establecen que la agencia no puede estar sujeta a que el gobierno paralice la contratación de empleados ni la asistencia de empleados de la OPPI a programas de capacitación. Pero como agencia del gobierno, estamos obligados a cumplir con leyes de Puerto Rico y, como parte de esa normativa, tenemos que estar solicitando permiso para utilizar los fondos federales”, explicó. 

Dijo que desde 2013 ha pedido asistencia del gobierno, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la secretaría de la gobernación, para subsanar las diferencias entre las legislaciones, pero que sus reclamos no han sido atendidos. Consideró que se trata de un discrimen en su contra por haber sido nombrado bajo la pasada administración.

“Nosotros necesitamos poder reunirnos, pues nunca hemos tenido respuesta concreta. Todo se ha quedado en cartas diciendo que sí nos van a ayudar, pero esa reunión no se ha concretado”, indicó mostrando una comunicación escrita que recibió el 23 de diciembre de parte del secretario de la gobernación, Víctor Suárez, en la que le establece que contactará la oficina para coordinar una reunión “con el objetivo de intentar subsanar las deficiencias de la OPPI y salvaguardar los empleos de nuestros servidores públicos”. 

Díaz Carrasquillo hizo un llamado urgente al Ejecutivo para que la reunión se realice antes del 19 de marzo de este año, fecha en la que su oficina debe explicar las acciones correctivas para defender los fondos en una vista administrativa con la agencia federal.