El representante popular Jesús Manuel Ortiz denunció que el gobierno de Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) han dejado sin fondos programas sociales prioritarios.

Ortiz reclamó a la Legislatura que reasigne $66 millones destinados a áreas no prioritarias en el presupuesto sometido y los destine a aquellos programas y servicios directos de educación especial y seguridad pública.

Explicó que el fondo multimillonario que se creó en la versión de la Cámara de Representantes del proyecto para derogar la Ley 80 debe ser utilizado para incentivar la creación y retención de empleos, en vez de destinarlos al despido de los trabajadores en la empresa privada.

“El presupuesto que se evalúa al presente contiene una serie de aumentos que no se justifican y que deben ser redirigidos a las áreas prioritarias”, sostuvo Ortiz.

“El Gobernador y la mayoría del PNP, con el aval de la Junta, han escogido que sean los contribuyentes quienes subsidien la mesada de aquellos empleados despedidos por sus patronos privados sin justa causa", resaltó el legislador cameral.

Para eso, dijo, “quieren dirigir 100 millones en los próximos tres años mientras las agencias de Gobierno advierten la eliminación de servicios esenciales a la población a causa de enormes recortes presupuestarios”.

El Proyecto del Senado 1011, según aprobado por la Cámara de Representantes, establece una aportación inicial a dicho Fondo de $25 millones durante el año fiscal 2018-2019 y $75 millones a dividirse entre los años fiscales 2019-2020 y 2020-2021.