La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, rechazó que su esposo, Rubén González, tenga algún tipo de vínculo con los invasores de la Reserva Estuarina y de Investigación Bahía Jobos en Salinas, quienes han ocasionado daños a la zona protegida por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) con construcciones ilegales.

Sus expresiones surgen como respuesta a las declaraciones de la presidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en ese pueblo, Litzy Alvarado Antonetty, quien puso en tela de juicio el desconocimiento de la ejecutiva municipal en cuanto a la identidad de las personas que han destruido la reserva natural ya que, supuestamente, su esposo “ha hecho unos trabajos a esa gente que está allí. Asumo que, si eso es cierto, ellos deben conocer a alguien de los que están allí”.

“En primer lugar, esa es información completamente falsa y ella está mintiendo y difamando a mi esposo que es una persona privada que, en efecto, trabaja para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por espacio de 20 años en el ciclo combinado en la planta. No tiene, ni tuvo, ni tendrá nada que ver ni con las conexiones ni con los trabajos que se han realizado allí”, expuso Bonilla Colón.

“Eso, tras de que es mentira es una difamación. Yo estoy de acuerdo en que hagan querellas, hagan reclamos, pero tienen que ser desde la verdad, no con mentiras y a sabiendas que son mentiras. Mi esposo no trabaja con LUMA, sino en el ciclo combinado en la planta, de hecho, rompiendo noche. Él no tiene ni ha tenido que ver ni con las conexiones ni con las influencias para el servicio que se ha dado allí”, agregó.

Destacó que como alcaldesa ha visitado el lugar en varias ocasiones, pero que no ha tenido comunicación con las personas que están en medio de la controversia.

De otra parte, también negó que el ayuntamiento haya cobrado dinero del CRIM a los imputados de estas construcciones ilegales en el área protegida ubicada en el Camino del Indio del barrio Las Mareas a donde cortaron mangles y rellenaron la zona marítimo terrestre.

“En el área de la reserva, el municipio no ha cobrado CRIM porque la reserva está registrada a nombre del Departamento de Recursos Naturales, no a nombre de un privado. El Camino de los Indios no te sabría decir qué cantidad, no todo es la reserva. Hay un área que no está dentro de la reserva y las personas tienen escrituras y esas escrituras sí están registradas en el CRIM, pero no es lo que está dentro de la reserva”, aclaró.

“El Camino de los Indios es bastante largo y hay un área a la izquierda y otra a la derecha. La totalidad del Camino no es la reserva y la invasión que se está dando ahora que está en controversia, el municipio no está cobrando porque eso es parte del DRNA”, agregó al señalar “lo que está fuera de la reserva sí tienen escritura, son casas que están construidas desde la década del 80 y 90, no son casas nuevas”.

Bonilla Colón reiteró que se hicieron varias vistas públicas desde el 2019 para atender las denuncias hechas por vecinos del sector a raíz de la invasión en el área de la reserva.

Esto al contestar otra de las imputaciones de Alvarado Antonetty, la cual inquirió que la situación fue traída a la atención de la Legislatura Municipal hace aproximadamente cinco años y cayó en oídos sordos.

“En ese momento también se atendieron otras querellas como cortes, relleno, verdad, porque no ha sido una sola situación sino varias en el Camino de los Indios”, acotó.

“¿Por qué ella no hizo las querellas al DRNA y por qué no llevó una acción? Que te conteste eso. Nosotros, por lo menos, a través de la Legislatura Municipal y la portavoz de la comunidad que era la presidenta, se hicieron varias visitas y hay varias querellas allí”, cuestionó.

De otra parte, la alcaldesa de Salinas expuso que para el 2015, el DRNA, bajo la dirección de la entonces secretaria Carmen R. Guerrero Pérez, firmó un acuerdo con varias organizaciones comunitarias para el comanejo de la zona ahora en controversia, entre estas, Iniciativa de Eco Desarrollo de Bahía de Jobos (Idebajo), integrada por el esposo de la presidenta del PIP, Víctor Alvarado Guzmán.

“En el 2015 se hicieron las querellas y el DRNA comenzó a investigar y en el 2017, la resolución presentada por el PIP en la Legislatura Municipal fue precisamente porque no se sabía lo que pasó con esas querellas por el cambio de gobierno en el 2016. Pero la Legislatura Municipal rechazó esa investigación propuesta por Litzy en 2017″, dijo por su parte Alvarado Guzmán.

Asimismo, el esposo de la presidenta del PIP en Salinas y también portavoz del Comité Diálogo Ambiental, expuso que “lamentablemente en el 2020 se transó con una multa de $3,000 a los imputados por el daño a la reserva, pero el DRNA no detuvo la construcción”.