Ante la proliferación de locales de alquiler a corto plazo, cinco alcaldes populares y uno penepé, endosaron hoy un proyecto de ley de la senadora Ada García Montes, que busca redirigir a los municipios un 5 por ciento de los recaudos del impuesto hotelero (room tax).

Actualmente, la Compañía de Turismo se nutre de un 7% de este impuesto por habitación de los alquileres a corto plazo, mientras que los municipios no reciben nada. La pieza legislativa propone que los municipios reciban un 5% y que el restante 2% sea destinado a Turismo.

“Todos somos testigos del aumento en alquileres a través de plataformas digitales como las conocidas Airbnb y otros (Join a Join, Vrbo, HomeAway) . Estos generan un aumento en las visitas que reciben los municipios, lo cual requiere mayor seguridad, entre otras cosas. Sin embargo, los alcaldes carecen de fondos económicos para manejar estas y otras situaciones”, dijo García Montes, acompañada por los alcaldes en conferencia de prensa en el Capitolio.

La senadora popular por el distrito de Mayagüez dijo que el Proyecto del Senado 936 “hace justicia” a los municipios. “Esto significaría una redistribución del impuesto actual sin que represente aumento del canon por ocupación de habitación. Destinar fondos del impuesto sobre el canon de habitación o room tax sirve de aliciente al presupuesto municipal”, dijo la legisladora, quien radicó el proyecto de ley pasado 8 de julio.

García Montes sostuvo que en 2021 la Compañía de Turismo recibió $21 millones por concepto del impuesto por habitación.

La legisladora dijo que Turismo “tiene que ver esto como una inversión” y podría compensar la pérdida de los $21 millones, porque la plataforma de alquileres a corto plazo “poco a poco va creciendo y los municipios van a colaborar en la inscripción de los locales”.

“El turismo para todos los municipios ha sido una herramienta muy importante. Los municipios nos hemos insertado con nuestras propias oficinas (de turismo) porque no recibimos nada del impuesto que se estableció en 2017″, indicó el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, también presidente de la Asociación de Alcaldes.

Hernández Ortiz dijo que cuando se creó la ley se debió disponer que parte de ese impuesto fuera a los municipios y recordó que ésta fue parte de las propuestas que la Asociación sometió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) .

El alcalde popular de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, indicó a su vez que en ese municipio han identificado unas 700 estructuras de alquiler a corto plazo, incluyendo campers.

“Estas rentas no solo contribuyen al aumento en desperdicios sólidos y en algunas comunidades trae incomodidad, porque zonas residenciales se convierten en comerciales”, dijo para agregar que trabajan en una ordenanza para mejorar la seguridad en el pueblo.

Méndez sostuvo que “este tipo de actividad no está regulada” y los negocios no pagan patentes municipales. “En el fin de semana, la población flotante se duplica lo que crea problemas de basura y de seguridad”, agregó el alcalde isabelino.

Su homólogo popular, en Aguadilla, Julio Roldán Concepción, dijo que en esa ciudad “los Airbnb sobrepasan los 800″. Sostuvo que para manejar la seguridad necesita aumentar la Policía Municipal a un costo de $500,000 al año.

“Se hace justicia aprobando este proyecto para que el dinero llegue a las arcas del municipio y nosotros seguir moviendo la economía”, dijo para agregar que tanto la Legislatura como el gobernador Pedro Pierlusi deberían “dar paso a la medida”.

El alcalde novoprogresista de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovich, también dijo que para reforzar la seguridad necesita reclutar una decena de policías municipales, pero “esto conlleva un costo grandísimo para pueblos pequeños como nosotros”.

“Estas rentas a corto plazo mejoran la economía, pero también incrementan los gastos y es una medida de justicia que se nos otorgue el 5% (del recaudo del impuesto”, sostuvo Morales Wiscovich.

“Podemos ver luz al final del túnel porque hay dinero que, precisamente, pudiéramos usar para dar el servicio necesario”, indicó por su parte, el alcalde popular de Luquillo, Jerry Márquez Rodríguez.

Mientras, Jorge Ramos Ruiz, alcalde interino de Mayagüez, dijo que la medida legislativa será un alivio para los gobiernos municipales por el alza en los alquileres a corto plazo.

La medida se encuentra bajo evaluación de la Comisión de Cultura y Turismo del Senado y en las próximas semanas se anunciará las fechas para las vistas públicas.