Inconformes con las medidas que ha tomado el gobierno para frenar el peor repunte de casos de COVID-19 que se ha dado en la Isla, decenas de alcaldes han comenzado a implementar medidas internas en sus municipios.

Mientras, 41 alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) se disponen a aprobar hoy una orden ejecutiva municipal, que entre otras cosas ordena el cierre de playas, así como el retorno al trabajo virtual, esta mañana, el presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez, pidió al gobierno que autorizara a cada municipio que así lo reclame el que puedan cerrar las playas y las marinas en su jurisdicción.

Tras reconocer que cada ejecutivo municipal tiene la potestad de tomar medidas para detener el incremento de casos de este mortal virus, Pérez, alcalde novoprogresista de Guaynabo, indicó que “estoy solicitando al gobernador (Pedro Pierluisi) que si, por alguna razón, algún alcalde entiende que debe cerrar sus playas o marinas, pueda pedir al gobierno estatal la autorización para hacerlo en su municipio”.

Añadió que “cada alcalde debe tomar las determinaciones de acuerdo a las condiciones existentes en su municipio”.

Dos alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP), el cual preside Pierluisi, han reclamado el cierre de las playas. Estos son el de Cabo Rojo y de Toa Baja.

De otro lado, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, aceptó a Primera Hora que esta medida del cierre de las playas, islotes o cayos en los pueblos costeros bajo dominio del PPD se les hará complicado implantarlas. Es que reconoció que este tipo de medidas debe ser impulsada por el gobierno para que tenga carácter de ley.

“No podemos decirles a las personas que no lleguen. Pero, se deja saber que el municipio no está patrocinando el asunto de las playas”, comentó.

La orden ejecutiva municipal que aprobaron los populares establece que los trabajos no esenciales del ayuntamiento se moverán a manera virtual, promover que los restaurantes atiendan al público en lugares abiertos, aumentar la campaña educativa, reforzar el pedido del uso de la mascarilla, aumentar los recursos para fiscalización de cumplimiento de los comercios, evitar participar u organizar reuniones familiares o fiestas, la cancelación de toda actividad municipal, así como el cierre de playas, balnearios, cayos e islotes.

Además, le exige al gobierno campaña de vacunación y de pruebas para detectar el virus de manera masiva y exigir al gobierno estatal la regulación de entrada de viajeros al país condicionado a una prueba negativa molecular.

“Se ordena al Cuerpo de la Policía Municipal a velar por el fiel cumplimiento de lo aquí dispuesto”, dice la medida.

Tras dar a conocer el documento, el presidente de la Asociación de Alcaldes expresó que “aunque agradecemos el que el gobernador haya acogido algunas de las recomendaciones que la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico emitió ayer, entendemos debe haber mayor restricción en los aeropuertos, playas, ríos, balnearios, reforzar la fiscalización de la Orden Ejecutiva, y ampliar los horarios y realización tanto de vacunas como de pruebas de COVID-19″.

Más allá de esta orden ejecutiva que entra en vigor en los 41 pueblos bajo dominio del PPD, entre los que se encuentra Carolina, Caguas, Ponce y Mayagüez, algunos pueblos han anunciado medidas por separado.

En Comerío, por ejemplo, la administración municipal fue cerrada hasta el próximo lunes, informó el alcalde Josean Santiago.

Mientras, la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler, informó que, desde hoy, viernes, y hasta nuevo aviso no se podrán utilizar las instalaciones deportivas de las comunidades.

“Les anuncio que, como una medida preventiva para evitar la propagación de contagios con el COVID, desde hoy las facilidades deportivas recreativas de nuestro municipio se mantendrán cerradas hasta nuevo aviso. Los datos estadísticos de nuestra oficina de Investigación y Rastreo de Casos reportan que los casos de contagios positivos se duplicaron durante los últimos días”, detalló.

En Rincón, entretanto, ayer entró una ordenanza municipal que estipula que se desautorizan las celebraciones multitudinarias en espacios públicos abiertos y cerrados, como desfiles, procesiones, ferias, fiestas patronales, festivales, mercado de ventas artesanales, mercado de ventas agrícolas, reuniones y actividades análogas.

Además, se prohibió llevar a cabo negocios y ventas ambulantes que no cuenten con los correspondientes permisos o patentes municipales expedidas por Rincón, y cualquier actividad que conlleve el incumplimiento con las órdenes vigentes.

Incumplir con las directrices conllevaría una multa de $5,000.

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, por su parte, anunció que el ayuntamiento solo daría servicios esenciales de salud y seguridad, los demás servicios se darían de manera remota, telefónica y por internet (webpages y correo electrónico).

Las oficinas administrativas permanecerán cerradas hasta el viernes, 30 de abril.

En Ceiba, el alcalde Samuel Rivera Báez, cerró el gimnasio municipal y canceló todas las actividades deportivas y comunitarias.

“Para mí siempre va a estar primero salvaguardar la seguridad de nuestros niños y nuestra gente. Vamos a tomar las medidas que consideremos necesarias para proteger a cada ceibeño. Permanecemos vigilantes y de ser necesarias otras medidas restrictivas lo estaremos haciendo”, manifestó el alcalde.

Mientras, el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, dijo que reforzará el mensaje educativo en su comunidad.

“Reforzaremos la misión con guagua de sonido, entregando material informativo para llevar un mensaje claro y contundente sobre la importancia de no bajar la guardia ante el virus del COVID-19. Recordarles a los ciudadanos que es indispensable el uso continuo de mascarilla aun estando vacunado, lavado constante de manos y mantener distanciamiento físico”, enfatizó el alcalde.

Los municipios pueden adoptar estas medidas cobijados en la Ley número 107 del 14 de agosto de 2020, según enmendada, conocida corno el “Código Municipal de Puerto Rico”. La misma les faculta ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea necesario o conveniente a fin de atender las necesidades locales mediante orden ejecutiva.