Alcaldes quieren cobrar su parte del IVU
El presidente de la FA, Carlos Molina, dijo que espera que su petición sea convertida en ley.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 7 años.
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Ante la incertidumbre que enfrentan los municipios por el recorte de $350 millones durante los próximos dos años fiscales, una de las medidas que analizan los alcaldes para presentarle al gobernador Ricardo Rosselló “es que el IVU municipal, que hoy está contemplado en Cofina ( Corporación para el Fondo del Interés Apremiante), sea cobrado por los municipios".
El presidente de la Federación de Alcaldes (FA), Carlos Molina, quien dijo que los alcaldes -de todos los colores- se comunican a diario para buscar alternativas a la crisis, informó que el 1.5 por ciento del IVU que cobra el estado, en lo que se lo devuelven a los municipios pueden pasar hasta 20 días.
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“Yo necesito cobrar ese dinero para tenerlo en mi cuenta inmediatamente y tener una liquidez adicional”, indicó el ejecutivo municipal que confesó que Cofina no logró cumplir con el propósito para el cual fue creado.
Al anticipar que espera que esa petición se convierta en un proyecto de ley, el también alcalde de Arecibo dijo que si el .5 está contemplado en préstamos, por ejemplo, pues lo que quieren es que el 1 por ciento “que es nuestro 100% lo cobremos los municipios”.
Molina dijo que la situación que viven los 78 alcaldes es tan difícil que “no estamos durmiendo. Pregúntale a un alcalde si está durmiendo bien, si puede pegar un ojo bien en su casa. Estamos muy preocupados porque queremos ayudar al pueblo y dar servicio… es bien difícil estar en esta silla”, sostuvo.
En tono enérgico, el ejecutivo municipal le cuestionó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) qué quieren con los municipios.
“Los municipios no aguantamos más. Quiero enviarle un mensaje al presidente de la Junta de Control Fiscal (José Carrión). Los municipios no aguantamos que nos quiten también lo del CELI (Contribución en Lugar de Impuestos). De verdad no podemos seguir. Qué es lo que quieren con los municipios; a dónde nos quieren llevar”, cuestionó molesto.
Tanto el presidente de la FA, que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP) como el de Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, que agrupa a los del Partido Popular Democrático (PPD), reiteraron su rechazo a la eliminación del CELI.
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) incluyó la eliminación en su plan fiscal.
Ambos alcaldes coincidieron en que eso sería otra puñalada mortal para los municipios.
Lo del CELI “le afecta al pueblo completamente. Energía Eléctrica no paga patente, no paga CRIM, no paga al país, no paga a los municipios. Hay estudios que dicen que si la AEE tuviera que pagar… por la venta de la energía, serían más de $400 millones, y el CELI no llega a $200 millones. ¿Quién está subvencionando a quién? Somos los municipios los que le estamos dando un alivio a Energía Eléctrica”, aseveró.
Por su parte, el alcalde de Cayey dijo que lo que “pretenden es no reconocer la aportación del municipio a ese negocio y facturarle al municipio por el consumo energético. Ahora lo que han redirigido el esfuerzo es para que quien tenga que pagar esa contribución sean los ciudadanos. Volvemos. Después de haber dicho que no iban a haber impuestos, de que todo estaba bien y que tenía un plan para resolver los problemas, ahora es aumentar la factura de Energía Eléctrica a los ciudadanos a través del cobro del subsidio que antes le tocaba a los municipios”, argumentó.
A vender la deuda
Otra alternativa que podría ser una realidad, según Molina, “es vender la deuda que tienen los municipios. Hay como $2,000 millones en deuda con el CRIM y los municipios, y hay varias compañías en Puerto Rico que están interesadas en comprarla”.
“Vendiendo esa deuda esperamos, y confiamos en nuestra Junta del CRIM que haga una evaluación de esas compañías, que busquemos la mayor cantidad de pagos por esa deuda y eso va a traer una liquidez automática”, explicó Molina.
Aceptó que aunque “no es recurrente, pero por lo menos el primer año podemos traer una liquidez suficiente para compensar el problema de los $175 millones que nos van a quitar el primer año”.
Sobre la venta de la deuda dijo que al ser “una cantidad tan millonaria”, la Junta del CRIM tiene que tener sumo cuidado por lo que habrá que crear un mecanismo especial.
Al aceptar que ya se está trabajando con ello, mencionó que es importante que haya transparencia, eficiencia y rapidez. Aclaró que la agilidad no puede obviar la transparencia.
Molina también apuesta a que todos los alcaldes de la Isla “establezcan un plan bien agresivo de cobro a todas esas personas que no están pagando o que están incorrectamente teniendo una exoneración, y hay varias compañías que nos han dicho que podríamos obtener más de $300 millones, siendo eficiente en el los recaudos…”.
Viene el pago por recogido de basura
De otro lado, Molina aceptó que más del 50 por ciento de los alcaldes, tanto populares como del penepé, están contemplando seriamente cobrar por el recogido de la basura.
“El cantazo más grande para los municipios es el pago por el servicio del recogido de basura… Ya eso se hace en todos los países. Ya esa hora llegó aquí. No aguantamos más, vamos a tener que hacerlo”.
Por otra parte, el líder de los alcaldes federadosdijo que se reunirá con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, luego de que este, junto al también representante José Luis Rivera Guerra, presentó el proyecto 971 para otorgarle a los alcaldes la discreción de aumentar los ingresos generados por el cobro directo de las patentes a los negocios que se dedican a la actividad financiera.
“Te tengo que decir que ya se comenzó a hablar de ese proyecto. Me interesa reunirme con él de emergencia… Vamos a darle el espacio. Lo que lo quiero es ver, leer y discutirlo con el presidente. Es una alternativa que está ahí”, agregó.
Pero para el presidente de la AA, con medidas como esa lo que “están haciendo es redirigiendo la imposición de contribuciones de arbitrios hacia los municipios. Después que crean la crisis entonces ahora pretenden que sea los municipios los culpables de imponer las contribuciones a los ciudadanos. Pienso que hay maneras de enfocar estos problemas desde una perspectiva diferente si el gobernador se sienta a dialogar con los alcaldes”, agregó Ortiz.