Ante la discusión del presupuesto del próximo año fiscal, la Asociación de Alcaldes levantó esta martes su voz a favor de que se asignen más fondos a los municipios y se descentralicen las agencias gubernamentales.

La batalla que dice han emprendido, se debe a que en la discusión legislativa que se lleva a cabo del presupuesto las agencias han reclamado hasta $200 millones adicionales para su operación, mientras los municipios siguen afectados con recortes, según se estableció durante una conferencia de prensa liderada por el presidente de la Asociación, Luis Javier Hernández Ortiz, y en la que le acompañaron varios alcaldes populares.

“Hay un consenso de país: los municipios son la primera línea de defensa ante una emergencia. Se demostró con los daños causados por la vaguada de la semana pasada. (Son los) que han asumido mucha de la responsabilidad del estado en los renglones de bienestar a los envejecientes, seguridad pública y mantenimiento de infraestructura estatal, carreteras y escuelas, entre muchas otras”, detalló el también alcalde de Villalba.

Estableció que, sin embargo, los municipios registrarán mas recortes debido al plan fiscal aprobado por la administración de Pedro Pierluisi y la Junta de Supervisión Fiscal.

Hernández afirmó que tal plan fiscal “ha tenido el efecto de destruir la Universidad de Puerto Rico (UPR), despojar de recursos a los retirados del país y dejar sin fondos a los municipios, siendo estos últimos los más afectados con un recorte de más de $350 millones en un cuatrienio.

“Esto ha significado la merma en los presupuestos municipales hasta del 30%. Al 30 de junio de este año, el recorte a algunos presupuestos municipales puede llegar al 40%, cuando se elimine por completo el antiguo Fondo de Equiparación. ¿Alguien en su sano juicio se atrevería decir que los municipios han dejado de dar servicios? Todo lo contrario, han tenido que asumir servicios estatales ante los cierres de oficinas regionales estatales”, añadió el alcalde.

Señaló que los señalamientos que se han realizado en los pasados años llevaron a crear el Fondo de Servicios Esenciales, que cuenta con $30 millones.

“Eso es un recorte de 75% de los fondos municipales antes de la aprobación del plan fiscal en el 2017. La pregunta es cuánto presupuesto se ha recortado en el gobierno estatal”, expuso Hernández.

Los alcaldes populares se quejaron de que en las vistas de presupuesto que se han realizado en las pasadas semanas se registra un patrón de que las agencias del gobierno estatal que han solicitado hasta $200 millones adicionales para su operación.

El alcalde de Comerío, Josian Santiago, criticó que, en cambio, “a los municipios se les pretende recortar el 75%. ¿No es esto acaso un doble discurso?”.

“Nuestra propuesta para este nuevo presupuesto es que se comience la descentralización de servicios para acercarlos a la gente y así nutrir el fondo de servicios esenciales. Sugerimos llevarlo a no menos de $150 millones anuales, lo que sería en efecto, un recorte de casi 60% del anterior Fondo de Equiparación, pero en esta ocasión, sugerimos nutrir el mismo con fondos recurrentes estatales y delegaciones de competencias estatales. Y responsablemente, detallamos cuáles”, detalló el presidente de la Asociación.

A modo de ejemplo, se reclamó que el Departamento de la Familia transfiera directamente a los municipios todo servicio relacionado al bienestar de la población envejeciente, especialmente el servicio de ama de llaves. Se estima que la asignación debe ser no menor a $20 millones anuales. Esto garantizaría que los municipios puedan mantener y ampliar los servicios directos a esta población, expusieron los alcaldes.

Al Departamento de Transportación y Obras Públicas, entretanto, pidieron la transfiera a los municipios directamente todo servicio estatal relacionado al mantenimiento de carreteras primarias, secundarias y terciarias. Se estima que la asignación debe ser no menor a $55 millones anuales. Expusieron que esta medida garantizaría que las carreteras sean reparadas sin ningún tipo de discriminación y de manera más efectiva.

Además, los populares solicitaron que los $354 millones para continuar con el programa Cambiando Carriles se asigne directamente a los 78 municipios para garantizar que al menos $1 millón pueda llegar a cada municipio sin discrimen alguno. El resto debe distribuirse mediante una fórmula que determine la asamblea legislativa.

Sobre Seguridad Pública, se propuso transferir a los municipios parte de los recursos asignados a través del sistema 9-1-1 para mantener servicios de emergencias 24/7.

En el Departamento de Educación se pidió el dinero dirigido al mantenimiento de las escuelas bajo la dirección de Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, incluyendo el de las escuelas cerradas. Se estima que esa asignación debe ser no menor de $31 millones.

Los alcaldes aludieron a que esta partida ayudará a garantizar que las escuelas estén siempre listas para el inicio escolar y que aquellas cerradas no se conviertan en estorbos públicos.

“Nuestra propuesta tiene la misión de nutrir de recursos a los municipios para que puedan continuar brindando los servicios esenciales, y se eliminaría gran parte de la burocracia que existe actualmente en algunas agencias de gobierno. Esto evitará la discriminación en la asignación de fondos y garantizará que los mismos sean utilizados específicamente para los renglones antes mencionados. Esto no es dinero para otra cosa que no sean los servicios de bienestar a los envejecientes, seguridad pública y mantenimiento de carreteras y escuelas”, expuso el alcalde de Villalba.

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