El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz y otros alcaldes populares llegaron hoy hasta el Capitolio en reclamo de que el lenguaje final del Proyecto de la Cámara 1003 incluya la asignación de $62 millones del Fondo General a los municipios para “este año”.

Los alcaldes se reunieron con el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y con el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago para aclarar “dudas” con relación al lenguaje del ley habilitadora del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD). Advirtieron que las fiananzas de muchos de los municipios más pequeños están afectadas con el recorte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al Fondo de Equiparación, que se nutre de contribuciones no cobradas por los gobiernos municipales.

“Hemos estado recibiendo impacto fuerte. Eran $350 millones del Fondo de Equiparación y ya va por $88 solamente. Estamos hablando de que si no se hace algo contundente entramos en una crisis. Ya estamos inmersos en una crisis, pero se agravaría y estamos hablando de servicios esenciales”, reclamó el Presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba.

Hernández Ortiz sostuvo que en el lenguaje del P.C. 1003, se reservaba el 43 por ciento de las contribuciones de la propiedad mueble e inmueble para nutrir un nuevo fondo especial para los municipios, que se trabajaría como el Fondo de Equiparación y que pudiera producir $62 millones o más.

“Nuestra preocupación es con el lenguaje que pone la Junta de Control Fiscal, porque una de las cosas que el Presidente de la Cámara evidenció es que el lenguaje no es propuesto por el legislativo ni el Ejecutivo, sino que fue la Junta de Control Fiscal la que lo impuso. Nosotros tenemos ciertas preocupaciones con la Junta. No le creemos a la Junta”, indicó.

“Si el dinero no llega este año entramos en una crisis más inducida que la que tenemos, y que se agravaría la crisis fiscal en más treintena de los municipios más pequeños y medianos”, dijo el Alcalde de Villalba y aseguró que más de 30 municipios medianos y pequeños tendrían que cerrar.

“Nosotros venimos hablando de que la posibilidad de cierres es real si no se paraliza el corte de $88 millones del Fondo de Equiparación y no se añaden fondos adicionales. Lo que le explicamos al Presidente de la Cámara de la gravedad del asunto es que de esos $62 millones que supuestamente incluye el plan de ajuste, queremos certeza y claridad de que esos dineros vamos a recibirlos ahora, no el año que viene. Hay que aclarar la legislación”, expresó.

También dijo que Hernández Montañez se comprometió también a procurar la paralización de los recortes. “Eso es bien importante porque con $62 millones no nos da. Tienen que unirse los $62 millones a los $88 millones para tener un fondo de equiparación real para que los municipios pequeños y medianos puedan continuar dando servicios esenciales”, sostuvo.

Hernández Ortiz dijo que actualmente muchos municipios están recibiendo “una gama de fondos federales y posiblemente hasta el 2024 puedan subsistir, pero para el 2025 casi todos los municipios medianos y pequeños entran en una crisis enorme porque tendrían que subsistir con los fondos operacionales recurrentes”.

“Nosotros vamos a seguir luchando por los municipios”, dijo al reaccionar a las expresiones de la JSF en la videoconferencia de hoy ante la jueza Laura Taylor Swain de que no tiene nada más que poner sobre la mesa y que el nuevo lenguaje acordado entre el Ejecutivo y el liderato legislativo en el fin de semana “es inaceptable”.

“La Junta tiene que entender que no puede poner en vilo al País. Los retirados están preocupados, la Universidad de Puerto Rico está preocupada y nosotros los municipios que hemos sido el frente de batalla estamos preocupados. Nunca he entendido (a la JSF). Siempre nos ha dicho que busca inducir a una crisis a los municipios, no cree en tantos recintos de la UPR y no quiere beneficiar a los retirados. Esa es la realidad”, sostuvo el líder de los alcaldes populares y dijo que “hay espacio para mejorar el P.C.1003″.

El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla dijo por su parte, que “hay muchas cosas en juego” en la aprobación de la ley habilitadora del PDA.

“Aquí están los fondos de recuperación post (el huracán) María. Tú le quitas a Jayuya el Fondo de Equiparación y se pierden $300 millones que ya tiene obligados. En el caso nuestro son $120 millones. Aquí no estamos hablando de una cuestión sencilla de elimina municipios y ya. Aquí va a haber un resultado nefasto para la economía, para la recuperación del País, la recuperación de las comunidades, para la gente más pobre”, dijo el alcalde.

“Nosotros lo que aspiramos es a que amén de los $60 y pico de millones, se eliminen los recortes prospectivos igual que pasó con la Universidad”, sostuvo García Padilla.